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Es una de las tradiciones navideñas más deseadas por muchos empleados. De los barquillos, turrones y el champán que las empresas empezaron a regalar a sus trabajadores a finales de los años 40, se ha pasado a productos más exclusivos, gourmet y paquetes de experiencias.

Muchos de los objetos que se incluyen son este año más caros porque el precio de algunas materias primas, como el azúcar, ha aumentado. El Tribunal Supremo confirmó en una sentencia reciente que la cesta de Navidad es un derecho adquirido que no se puede eliminar si los trabajadores llevan años disfrutándolo.

Foto: GETTY IMAGES

Objetivo Igualdad da el dato que publica Funcas de que las juezas son mayoría, un 57 % de los magistrados en activo de España. Son aún más numerosas en muchas comunidades como Madrid, Galicia o País Vasco. Sin embargo, esta feminización de la justicia no se refleja si hablamos de altos cargos. De cada 100 jueces, hay 63 juezas de primera instancia, primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema judicial. Pero solo son ya 43 por cada 100 en los juzgados de segunda instancia, encargados de revisar las resoluciones de la primera instancia. Y es tremendo, porque se reduce dos tercios, hasta el 21% el número de mujeres en el Tribunal Supremo. La explicación, en parte, viene por las diferencias en la antigüedad en la carrera judicial. En España las mujeres accedieron a la judicatura en igualdad de condiciones con los hombres en los años sesenta… y en 2013 superaron por primera vez el 50%.

La sentencia de Álvaro García Ortiz, además de histórica, es controvertida. "Pedagógica" o "incomprensible" son algunas de las valoraciones que hacen de ella los expertos consultados. "No se indica si el acusado es autor, si es inductor... no se explica si ha actuado con dolo, es decir, con intención y voluntad", explica Antonio Cuerda, catedrático de Derecho Penal de la URJC.

Para otros, la participación de García Ortiz queda acreditada. "Esa información estaba en su poder, de modo que es indiferente si lo realiza u ordena que se realice", sostiene el juez Delegado de la APM en Baleares, Alejandro González.

Y algunos juristas consideran que no existe delito de revelación de información reservada porque ya era pública y hablan de vulneración de derechos fundamentales. Porque, aseguran, se ha condenado con pruebas muy endebles y discutibles.

La Sala de lo Penal descarta todas las alegaciones de José Luis Ábalos y de Koldo García. Rechaza sus recursos y respalda al juez instructor, lo que despeja el camino para la apertura del juicio oral.

A pesar de que los imputados niegan su implicación en las comisiones por las mascarillas en el caso Koldo, los magistrados dicen que hay un "sólido y robusto cuadro indiciario". Incluso hablan de "arsenal" de indicios contra ellos.

Presuntamente, Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama amañaron contratos de mascarillas durante la pandemia, a cambio de comisiones ilegales. Y utilizaron la posición de Ábalos en el Ministerio de Transporte para obtener beneficios económicos y favores personales.

Ahora, Leopoldo Puente dictará la apertura de juicio oral que no se puede recurrir. Después, el Supremo buscará una fecha para juzgarlos. Están acusados de varios delitos de corrupción, entre ellos pertenencia a organización criminal o tráfico de influencias. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, que sigue en prisión preventiva.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones judiciales? Lo analizamos esta semana en Al margen de la ley con el fiscal Carlos Castresana, autor del ensayo Bajo las togas, errores judiciales y otras infamias (Tusquets Editores). Escúchalo este sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

En RNE, Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado: "No se trata del concreto secreto, sino de la filtración de todo el contenido. La sentencia hace especial hincapié en que el fiscal general del Estado [...] es una persona que tiene que guardar un especial deber de reserva por la naturaleza de su profesión. Como lo guardamos nosotros, jueces y fiscales. Como lo son también los datos médicos. Darle normalidad a una filtración de datos tampoco creo que sea lo más conveniente". Cree el portavoz que hay que evitar sentar cualquier tipo de juicio que "fuese muy radical" y apuesta por ver la sentencia desde una perspectiva "técnica", ya que la resolución tiene "todos los elemento" y es "muy pedagógica". Afirma también que todavía no ha dado tiempo a estudiarla en profundidad: "Por su extensión vamos a tener que esperar unos días". Entrevista completa en RNE Audio.

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".

Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".

Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".

Este martes por la tarde, el presidente del Gobierno ha defendido a Álvaro García Ortiz y a la Fiscalía General del Estado. En un acto de UGT, le ha pedido a la presidenta madrileña que pida perdón.

Isabel Díaz Ayuso, en cambio, ha acusado a Sánchez y al Ejecutivo de usar las instituciones para atacar a un rival político. "El Estado de derecho funciona a pesar del propio Gobierno", ha manifestado.

Las dos magistradas que han emitido voto particular en la sentencia contra Álvaro García Ortiz, creen que el fiscal ha sido condenado sin indicios suficientes y que por ello "se ha desvirtuado su presunción de inocencia". Ana Ferrer y Susana Polo dicen que sus compañeros de tribunal se basan en "meras sospechas" y que "se han decantado por las opción más perjudicial" para el ex fiscal general.

Imagen: EFE/Javier Lizón

El Supremo publica la sentencia contra el fiscal general. Considera probado que Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno con su conocimiento filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dice que hay pruebas sólidas y coherentes, y entre los argumentos de los jueces: que no existe otra explicación alternativa razonable a quien lo hizo.

El Tribunal no pone en duda lo que dijeron los periodistas, pero al mismo tiempo asegura que el secreto profesional les ampara para hacer declaraciones que no sean totalmente fieles a la realidad.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Han pasado casi tres semanas desde que el tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz adelantó el fallo: dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Ahora el tribunal que lo decidió explica por qué en una sentencia de 180 folios en la que dice que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" para considerar que fue García Ortiz "o una persona de su entorno y con su conocimiento" quien filtró la noche del 13 de marzo el correo en el que González Amador reconocía los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel. Lo explica Gema Alfaro.

Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets Editores). Con él analizamos el escenario actual de la justicia en España, la separación de poderes, la independencia de la justicia y la capacidad y voluntad de rectificación del sistema judicial.

Programa 66. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta las novedades en el caso Helena Jubany después de que el juzgado de Sabadell haya decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del principal sospechoso Santiago Laiglesia. Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets) y con el que exploramos el escenario actual de la justicia en España. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la corrupción y la negligencia. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al primer capítulo sobre el asesino Tony King.