Tribunal Supremo

• Avala la condena la sentencia del TSJA en 2023 y de la Audiencia de Almería en 2022
• Los hechos ocurrieron en 2017 en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca en Mojárcar

• Qué circula: cifras descontextualizadas sobre el voto CERA y quiénes votarán en las próximas elecciones por las nacionalizaciones de la ley de nietos
• Qué analizamos: qué dicen la ley y la sentencia del Supremo y cómo ha crecido el CERA desde 1986 y desde la aprobación de esta ley en 2022

• El órgano acusa al Supremo de "excederse" al paralizar el voto

El debate sobre los tiempos de la eutanasia y la interferencia de terceras personas se ha reabierto con fuerza en España tras una trascendental resolución del Tribunal Supremo en mayo de 2026.

El alto tribunal dictaminó, por una mayoría de 23 a 9 magistrados, que los familiares directos o personas con una "vinculación particularmente estrecha" están legitimados para recurrir ante la justicia la concesión de la eutanasia de un tercero.

Esta decisión ha dividido profundamente a la sociedad y al sector jurídico respecto a los límites de la autonomía personal frente a las objeciones del entorno familiar.

Fotografía: Justin Paget

• El Tribunal de Cuentas rechaza los recursos para perdonar los gastos del procés
• El ministro de Justicia dice que es "cuestión de tiempo" que se aplique la amnistía al expresident de la Generalitat

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido, con siete votos a favor y seis en contra, no recurrir el auto del Tribunal Supremo y acata la suspensión temporal del voto para los hijos y nietos de las personas nacionalizadas entre los años 1936 y 1955. Aun así, la JEC solicitará más información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares sobre las peticiones de nacionalidad.

Foto: EFE/ J.P. Gandul

El ministro Óscar López califica de “salvajada” la suspensión de la ley de nietos por el Supremo. Asegura que hay jueces que son unos “salvapatrias” que actúan como "lobos solitarios" con el único fin de derribar al Gobierno. El PP cree que la actitud del ejecutivo es una vergüenza y les acusa de insultar a los magistrados cuando no les interesa su resolución. Mientras, la Junta Electoral Central anuncia que cumplirá con el auto del Supremo, que le pidió que recabe toda la documentación de los nacionalizados según la ley de nietos.

Imagen: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

• Más de 400.000 españoles han logrado la nacionalidad por la conocida como ley de nietos
• Se espera que pidan información a los consulados para verificar el nexo con el exilio de los nacionalizados

• El tribunal alegó malversación de caudales públicos y dirigentes como Turull recurrieron su decisión al Constitucional
• La ponencia del magistrado será sometida a votación y decaerá previsiblemente en la votación de los próximos días

• Cuestionan la "proporcionalidad" de la medida, que quita el derecho a voto a los nacionalizados por esta vía
• Piden no convertir al censo ni a las personas afectadas en "objeto de confrontación partidista"

Este jueves se han dado a conocer los argumentos del Tribunal Supremo para dejar en suspenso el derecho a voto de los españoles que obtuvieron su nacionalidad por la llamada ley de nietos, aprobada hace cuatro años para los descendientes del exilio franquista desde el fin de la guerra hasta 1955.

Según cinco de los seis magistrados que firman los autos, compromete el resultado electoral por lo que dicen es un “incremento extraordinario del censo”. La decisión ha contado con el voto particular de una magistrada, que ha emitido un voto particular.

Imagen: María José López / Europa Press

• En el auto, el tribunal señala el "incremento extraordinario del número de electores", que está "en constante aumento"
• Las medidas cautelares tendrán un efecto temporal y estarán supeditadas a la sentencia del Alto Tribunal

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha calificado este jueves de "extraordinaria gravedad" considerar que "los jueces y tribunales adoptan decisiones por razones políticas y no jurídicas" y, aunque ha admitido que pueda haber "discrepancias" con las decisiones judiciales, ha pedido "respeto a la función jurisdiccional".

"Cada vez que se ataca a un juez por una decisión se ataca al estado de Derecho", ha asegurado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, que ha estado presidido por el rey Felipe VI, y en el que también ha estado presente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Foto: EFE/ J.J.Guillén POOL

• La presidenta del CGPJ advierte de que "cada vez que se ataca a un juez, se ataca al estado de Derecho"
• La fiscal general del Estado pide "el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad" en Ceuta
• Sigue en directo la última hora sobre la actualidad política de la jornada

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantiene que con la información que disponían del CNI no había margen para actuar de una forma diferente en la entrada masiva de personas en Ceuta: "Nadie previó que iba a pasar lo que pasó [...] la información de los movimentos en las redes es unas horas antes de la movida ¿Qué se podía hacer en unas horas?¿Íbamos a mandar al Ejército y tirotear a la gente que intentaba entrar?". Recuerda que es una situación que no se ha vivido antes y defiende el ejercicio de transparencia al hacer públicos los informes. Sobre el papel de Marruecos, no entra en si tuvo algo que ver o no, pero reivindica que Rabat es necesario controlar la frontera:"Sin la colaboración de Marruecos es imposible. Hay una irresponsabilidad a la hora de valorar, me alegro que el presidente pone por delante las neuronas antes que la testosterona". Reconoce que Marruecos no es el país más democrático con el que tiene que relacionarse pero que "les toca".

Puente quita hierro a la posición de Margarita Robles respecto la decisión del Gobierno y la publicación de los documentos. La califica de "verso suelto" pero como otros miembros del Ejecutivo entre los que se incluye. Cree que la situación "se está sacando de madre" igual que con el rey. Defiende que la relación entre Pedro Sánchez y Felipe VI es buena aunque "nada es ídilico". Por otro lado, el Gobierno también tiene tensiones con el poder Judicial. Puente asegura que hay jueces que "quieren hacer política": "La tensión es inegable, cuando un Tribunal Supremo decide dejar la amnistía en un congelador, cuando una jueza decide que unos informes de seguridad sean ocultados, ¿con que razón?". Por otro lado la ley de nietos y la suspensión del derecho a voto:"Lo del tribunal de suspender el derecho a voto de un número de españoles cuya nacionalidad no niega es inexplicable". En este sentido recuerda que gobierna "quien se presenta a unas elecciones" y insta a quien quiera hacer política a que se presenta: "No se puede gobernar por detrás"

Sobre su ministerio, lamenta que se le eche las culpas a Rende de todos los problemas de la red donde operan otras empresa: "¿Hay una avería? La puta Renfe y muchas veces no tiene la culpa". Puente mantiene que no aspira a ser sustituto de Pedro Sánchez. Cree que es una posición muy complicada por la "persecución" a la que asegura está sometido el presidente del Gobierno pero no sabe que puede pasar de aquí 4 años.

El año judicial arranca este jueves con causas que volverán a colocar a los tribunales en el centro de la actualidad. La crisis migratoria en Ceuta marcará el inicio, mientras el caso Plus Ultra, el de Leire Díez y el de Koldo seguirán en el foco. Además, llegarán decisiones y sentencias clave, como la de la operación Kitchen.

Foto: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

• El enfrentamiento entre el Gobierno y CGPJ a cuenta de la crisis migratoria marcan la cita, presidida por el rey
• Teresa Peramato ofrecerá su primer discurso como fiscal general en una apertura de año judicial

• El Alto Tribunal lo condiciona a que acrediten que son hijos o nietos de exiliados españoles
• PP y Vox aplauden la decisión y el Gobierno asegura no compartirla

Programa 103. Este programa recupera algunas de las entrevistas realizadas a las distintas expertas y expertos que nos han visitado durante la temporada. Conversamos con el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana sobre la situación actual de la justicia en España y si existe voluntad de recticación en el sistema judicial. El criminólogo Antonio Sanz nos explica en qué consiste el populismo punitivo y la criminóloga Laura Gómez, por qué no hay consenso sobre la violencia vial. Además, nos adentramos en el origen de maldad con Juan Enrique Soto, psicólogo especialista en análisis de conducta criminal y creador de la Sección de Análisis de Conducta (SAC) de la Policía Nacional y del método VERA.

• Ha dictado este sábado una resolución en la que deniega la medida cautelarísima
• El alto tribunal afirma que "no se ha acreditado la especial urgencia"

El Gobierno asegura que la entrada de personas desde Marruecos se ha "detenido en su totalidad" y que ya ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, una medida anunciada este viernes por el presidente Pedro Sánchez, con la que el Ejecutivo pretende reforzar el control y facilitar la aplicación de los rechazos en frontera tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

El Ejecutivo atribuye esta crisis migratoria a que las mafias dedicadas al tráfico de personas han aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que no pueden practicarse rechazos en frontera cuando los migrantes acceden a territorio español a nado sin haber atravesado ninguna barrera física. Según el Gobierno, esa resolución habría servido de incentivo para promover esta vía de entrada.

FOTOGRAFÍA: EFE/Reduan

• Es la primera exconsellera del Govern de 2017 que se beneficia de la ley de amnistía
• El alto tribunal también amnistía a los miembros de la Mesa del Parlament de 2017

• Entre los amnistiados se encuentran el expresidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent
• El TJUE avaló hace unos días la ley de amnistía al considerar que no chocaba con los intereses comunitarios de la UE

• El tribunal libró al empresario de la cárcel porque su colaboración porque fue "especialmente decisiva" y "relevante"
• Las medidas fueron la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días

Julio Iglesias sigue su batalla legal contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que acusara al cantante de explotación laboral y abuso sexual a dos trabajadoras. Iglesias ha demandado ante el Tribunal Supremo a Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros de indemnización. En enero la Fiscalía inició la investigación, en mayo hubo un acto de conciliación entre el artista y la vicepresidenta segunda del Gobierno. Sin embargo, Yolanda Díaz no se retractó de sus palabras y por ello Iglesias ha decidido interponer esta demanda.

Fotografía: ARCHIVO EFE

• El tribunal considera llamativo que la denuncia se interponga pasado más de un año
• El denunciante grabó una llamada telefónica a su superior, poniéndolo en manos libres

• En mayo de este 2026 ya hubo un acto de conciliación entre el artista y la vicepresidenta segunda del Gobierno
• En enero la Fiscalía inició una investigación para esclarecer estos hechos

• El tribunal quiere continuar la investigación contra él por presuntas coacciones o amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz)
• El europarlamentario por SALF tienen seis causas abiertas en el Supremo