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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha acusado al Gobierno español de que será el "culpable" si finalmente se confirma su condena de inhabilitación por desobendiencia. Al respecto, el Ejecutivo ha respondido a las críticas de Quim Torra y ha asegurado que nadie está por encima de la ley. El PP ha asegurado que hay recuperar el sentido común en Cataluña, y los partidos independentistas han vuelto a hablar de represión.

Quim Torra ha acudido este jueves arropado por otros líderes independentistas a la vista en el Tribunal Supremo sobre el recurso contra su inhabilitación de año y medio. La defensa ha argumentado falta de imparcialidad de los magistrados que le condenaron y que se ha condenado a Torra por un "acto político", mientras que la Fiscalía y la acusación popular lo niegan.

Quim Torra ha asegurado que no convocará elecciones aunque el Tribunal Supremo decida inhabilitarle como president de la Generalitat de Cataluña por un delito de desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral. Torra ha acudido hoy a la vista en la que su abogado ha pedido su absolución amparándose en la libertad de expresión y en "la falta de imparcialidad" del Tribunal Supremo.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha llegado poco antes de las 11:30 horas al Tribunal Supremo para la vista en la que se revisará su posible inhabilitación por desobediencia, al no haber retirado los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral. Torra ha estado acompañado a su llegada, entre otros, por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la portavoz parlamentaria de Junts per Cataluna, Laura Borràs, y la consellera portavoz, Meritxell Budó.

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha denunciado, antes de conocerse la decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del presidente de Cataluña, Quim Torra, por no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral que "por pedir la libertad de presos políticos y el retorno de los exiliados, la mayor instancia jurídica del Estado español puede hacer que la justicia pase por encima de la democracia, y esto es insostenible". Al final ha pedido al Gobierno "voluntad política" para solucionar "el conflicto" en Cataluña.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado en declaraciones ante el Tribunal Supremo, poco antes de conocerse la decisión sobre la posible inhabilitación del presidente catalán Quim Torra, que "estamos frente a un día de la vergüenza para la democracia española", porque se está "atentando contra los derechos de una persona, de un cargo público, el más alto cargo de Cataluña". El portavoz republicano considera que se va a "atentar contra el derecho a la libertad de expresión" y llama al independentismo a "dejar de hablar del pasado".

El Tribunal Suprem aborda demà el futur de Quim Torra com a president de la Generalitat. Una vista en què estudiarà el recurs del president a la seva condemna d'inhabilitació per desobediència per NO retirar els llaços grocs i la pancarta de suports als presos en període electoral.

Torra ha presidit avui el que pot ser el seu últim Debat de Política General. NO ha desvelat que haurà de fer el govern ni el Parlament en cas que l'alt tribunal l'inhabiliti, però ha reclamat als partits independentistes que recuperin la unitat. I és que arriben a la cita judicial dividits per quina resposta cal donar en cas que Torra sigui inhabilitat.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este miércoles en el debate de política general del Parlament la "represión" tanto con el Gobierno de Mariano Rajoy como con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, según ha enfatizado. Torra acudirá este jueves a la vista que se celebra en el Tribunal Supremo sobre el recurso contra su inhabilitación.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide el archivo de todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. Son una veintena y en ellas se acusa al Ejecutivo de homicidio, prevaricación o lesiones, entre otros delitos. La Fiscalía considera que no hay fundamentos suficientes para admitirlas.

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que no admita a trámite la veintena de querellas contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. En una escueta nota que ha remitido el Ministerio Público, ha explicado que, después de estudiar de forma individualizada las querellas que afectan fundamentalmente al Presidente del Gobierno y al Ministro Sanidad, ha llegado a la conclusión de que esa gestión no constituye los delitos denunciados. Se trata de delitos como prevaricación administrativa, delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, omisión del deber de socorro, homicidios o lesiones imprudentes. Entre esas querellas está la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que denunció la distribución de mascarillas defectuosas entre los sanitarios, o la de la Asociación de Guardias Civiles por no incluir a este cuerpo entre los colectivos de riesgo de contagio. Otros querellantes son Vox, la Asociación de Abogados Cristianos o Hazte Oir, vinculada a la extrema derecha. Informa Teresa Coto.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha vuelto a pedir a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para renovar “sin más dilaciones” el órgano de gobierno de los jueces. Durante la ceremonia apertura del año judicial, Lesmes ha reclamado un acuerdo inmediato para cumplir con la Constitución “y no dañar más el trabajo de los jueces”.

Cataluña arranca este nuevo curso político sin calendario electoral y con el president Quim Torra lanzando un aviso a navegantes: sugiere que desobedecerá si el Tribunal Supremo lo inhabilita y pide a los partidos independentistas que no invistan a ningún otro candidato. Además, da por amortizada la mesa de diálogo si no es para negociar la autodeterminación y la amnistía.

Con una portada del diario suizo Tribune de Geneve saltaban las alertas: "Juan Carlos escondía 100 millones en Ginebra". La noticia recogía la investigación del fiscal suizo Yves Bertosa a Juan Carlos I por un posible delito de blanqueo de capitales, tras descubrirse una fundación con 100 millones de dólares que el rey había recibido de Arabia Saudí. El dinero llegó al banco Mirabaud, uno de los imputados. 

Los otros tres imputados en Suiza son la propia Corinna Larsen, amiga de Juan Carlos I que recibió una transferencia de 65 millones de euros en una cuenta a su nombre en las Bahamas, y los dos expertos en transacciones financieras que supuestamente actuaban en nombre del rey emérito, Arturo Fasana y Dante Canonica. El fiscal busca pruebas de que esa cantidad proveniente de Arabia Saudí es una comisión por adjudicar las obras del AVE a la Meca a empresas españolas.

El abogado de Juan Carlos ha señalado que el rey emérito “permanecerá a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite que considere oportuno”.

La fiscalía del Tribunal Supremo está esperando la segunda parte de la información requerida a la fiscalía suiza para mover ficha. El ministerio público trata de determinar si Juan Carlos pudo cometer un presunto delito de blanqueo de capitales por intentar ocultar el supuesto origen ilícito del dinero y un presunto delito fiscal por no declarar a Hacienda dichos ingresos, siempre a partir de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó y perdió la inviolabilidad. Si la fiscalía apreciase indicios de delito, procedería contra él ante la sala segunda del alto tribunal donde está aforado.

Según la investigación del país helvético, Juan Carlos tenía 65 millones de euros en una cuenta en suiza a nombre de una fundación panameña cuyo primer beneficiario era él. La investigación desveló que el dinero procedía de donaciones del rey de Arabia Saudí, que entre 2008 y 2012 don Juan Carlos hizo retiradas de la cuenta de más de 100 mil euros al mes y que, posteriormente, transfirió ese dinero a una cuenta en las Bahamas a nombre de Corinna Larsen. Informa Araceli Sánchez.

El Supremo anula la setencia de 2012 que condenó a Otegi y otras cuatro personas a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, referido a la reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna. Con esta anulación la inhabilitación que seguía pesando sobre Arnaldo Otegi queda sin efecto. En redes sociales ha reaccionado a esta noticia afirmando que "recordar que no existe Justicia independiente en el Estado español" y que su encarcelamiento "fue una operación contra la paz en Euskal Herria".

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del 'caso Bateragune', que impuso en 2012 una pena de seis años y medio de cárcel y diez de inhabilitación al actual coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y condenó también a otros dos acusados por pertenecer a ETA. El criterio del Supremo tiene en cuenta la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España en 2018 por parcialidad de una jueza.