Defensa, Interior y Exteriores: el origen de los documentos desclasificados del 23F que se esperan conocer
- La desclasificación suma 153 archivos; entre ellos no estará el sumario del juicio
- El Gobierno asegura "no tener" conocimiento del contenido y explica que se ha informado de la decisión a la Casa Real
Tras 45 años guardados en un cajón, este miércoles el Gobierno va a desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento" en los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores sobre el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981. En estos términos se ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado desclasificar hasta 153 archivos documentales relacionados con este capítulo de la historia de nuestro país.
Según ha avanzado la portavoz, entre los documentos que se van a conocer figuran informes, transcripciones de conversaciones que se produjeron aquella jornada e incluso algunas imágenes inéditas. Sin embargo, seguirá custodiado el sumario del juicio ya que el Gobierno aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ejecutivo también han señalado a RTVE que, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la desclasificación, se ha procedido a la digitalización de los documentos para ser difundidos en la página web de la Moncloa después de que la decisión del Gobierno sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero "tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional". Asimismo, explican que antes de que se anunciara la decisión de la desclasificación se informó a la Casa Real.
Qué se podría desclasificar ahora
Entre los documentos que se prevé que salgan a la luz este miércoles están los documentos elaborados o recopilados por el Cesid (el antiguo Centro Nacional de Inteligencia), y entre ellos, el Informe Jáudenes, redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, y que trata sobre el papel de los agentes en el golpe de Estado. Otra parte de la documentación que podría salir ahora a la luz es la referente al papel exacto de Juan Carlos I y de la Operación Armada.
La documentación sobre el Cesid permanece clasificada al amparo de la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, que no establece plazos de desclasificación automática. Esto implica que la información clasificada puede permanecer secreta indefinidamente, salvo decisión expresa del Consejo de Ministros. El Tribunal Supremo dictaminó en su momento que la documentación clasificada del 23-F debía mantener tal condición durante 25 años tras la muerte de los procesados o 50 años después del intento de golpe de Estado, lo que situaría el límite en el año 2031.
Tampoco se conocen aún las escuchas telefónicas y comunicaciones interceptadas entre Zarzuela, la Moncloa y las capitanías generales durante aquellas horas críticas de febrero de 1981, documentación que podría aclarar incógnitas sobre cuestiones como el papel de los servicios de inteligencia o conocer cómo intervino el rey Juan Carlos I.
Entre los secretos que quedan por desvelar, la identidad del llamado "Elefante Blanco", la alta personalidad militar que supuestamente debía presentarse en las Cortes y hacerse con las riendas del golpe. Algunos analistas consideran que era un mero símbolo del Ejército en su conjunto. Otros atribuyen ese título a Armada, quien siempre lo negó.
"La memoria no puede estar bajo llave"
Desde el Gobierno detallan que no existe ninguna información contenida en esos documentos que pueda atentar contra la seguridad del país, ya que la "norma franquista" también se rige por los 45 años de espera para desclasificar asuntos y consideraron que "es un tiempo prudencial" que determina que ya no se corre el riesgo de que algún asunto contenido en esos documentos afecte a la seguridad del país. "En palabras del propio presidente, la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Elma Saiz.
Se permitirá la libre consulta por parte de investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado en el más de un centenar de "unidades documentales".
La decisión del Gobierno de desclasificar todos estos documentos ha tenido reacciones opuestas entre las fuerzas políticas, ya que mientras el PP considera que se trata de una nueva "cortina de humo", los partidos de izquierda y formaciones como el PNV han mostrado su satisfacción aunque les parece insuficiente y piden la aprobación de la nueva ley de Secretos Oficiales.
