El Gobierno tramita la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz
- García Ortiz reclamó al Supremo que se anule su sentencia por "graves vulneraciones" de derechos fundamentales
- La presidenta madrileña ha acusado a Pedro Sánchez de ponerse "por encima de la Ley" al tramitar el indulto
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El Ministerio de Justicia tramita la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado en noviembre pasado por el Tribunal Supremo con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados.
Según ha podido saber RTVE este martes, la cartera que dirige Félix Bolaños ha pedido un informe al Supremo después de que dos particulares hayan solicitado el perdón para el ex fiscal general.
García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados contra la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, por la filtración de un correo electrónico en el que este confesaba la comisión de dos delitos fiscales. El ex fiscal general fue sentenciado a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 al novio de Isabel Díaz Ayuso por daños morales.
El pasado 19 de enero, el jurista pidió, en un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, que anule la sentencia por la que fue inhabilitado al considerar que incurre en "múltiples y graves vulneraciones de derechos fundamentales", que resultan "determinantes" para declarar la nulidad del fallo. Y añadió que esa sentencia "secuestra" la posibilidad de que la Fiscalía emita comunicados o desmentidos institucionales "cuando la institución se ve gravemente atacada". También aseguró que defendió la "credibilidad" de la institución frente a "ataques".
Días antes, la Abogacía del Estado, como defensa del ex fiscal general, anunció que presentaría ante el Supremo un incidente de nulidad por su condena, que es el paso previo preceptivo para agotar la vía jurisdiccional y para poder presentar un recurso de amparo después ante el Tribunal Constitucional. Se suma así a la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya solicitó al alto tribunal que anulase la sentencia.
Además, mientras se tramitaba el incidente de nulidad, García Ortiz pidió incorporarse como fiscal a la Sección Social del Supremo.
Precisamente, este lunes, González Amador solicitó la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. En concreto, su representación legal pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.
El Gobierno habla de normalidad y el PP dice que "no es lo que preocupa a los españoles"
Horas después de que dos particulares tramitasen la solicitud de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han llegado las primeras reacciones políticas.
El Gobierno habla de normalidad y dice que lo único que ha hecho el ministerio de Justicia es dar trámite a dos peticiones ciudadanas. Ángel Víctor Torres ha insistido en que será el Tribunal Supremo quien resuelva. La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha evitado posicionarse pero ha advertido que se trata de "un proceso garantista contemplado en la legislación que tiene que pasar por trámites", aunque "aún no ha llegado al Consejo de Ministros".
Desde el Partido Popular, Juan Bravo dice que "son conductas reiteradas que vemos por parte del Gobierno" pero "no es lo que piden los españoles". Según el vicesecretario de Hacienda del los populares hay que ocuparse de cuestiones como las víctimas y los heridos de los accidentes de trenes o la revalorización de las pensiones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a Pedro Sánchez de ponerse "por encima de la Ley" al tramitar el indulto. Según Isabel Díaz Ayuso, "está mandando un mensaje al (Tribunal) Supremo y a todos: 'Nadie está a salvo de nosotros y, quien lo intente, será aniquilado'". Además, la presidenta ha calificado como "una indecencia absoluta" pretender mantener a García Ortiz en la carrera judicial e incluso "auparlo" tras su condena, un caso que "dio la vuelta al mundo".
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Transcripción completa
Son conductas que ya estamos viendo de manera reiterada por parte del
Gobierno, ¿no?
Y yo no creo que eso sea lo que piden los españoles
Seguro que no. Entonces, lo que tenemos que
preocuparnos ahora mismo es del accidente, de las víctimas, de los
heridos. Eso es lo que realmente le importa, de
que traigan la revalorización de las pensiones o que apruebe la proposición
o que apruebe la proposición de ley que presentamos el partido popular en
de ley que presentamos el Partido Popular en noviembre o que presente un
noviembre o que presente un real decreto ley únicamente para la relación
real decreto ley únicamente para la revalorización de las pensiones
de las pensiones es una solicitud por lo que hemos podido saber que hacen
ciudadanos y que el Ministerio de Justicia lo que hace es dar
trámite a una solicitud formalizada con respecto a un indulto que se solicita
por parte de la ciudadanía
Ya veremos qué es lo que dice en este caso el Tribunal Supremo, que es a
quien se le ha solicitado esa información
Más de 150 juristas firman un manifiesto contra la condena del Supremo al exfiscal general
Este martes, más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, han firmado un manifiesto junto a abogados, fiscales o catedráticos en el que arremeten contra la sentencia "inquietante" que condenó al exfiscal general del Estado.
Bajo el título ‘Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia’, los firmantes señalan en el manifiesto que "la sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos". Y recuerdan que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".
Los juristas consideran de especial relevancia que la sentencia prescindiera del valor de los testimonios de los periodistas que negaron categóricamente que el entonces fiscal general fuera su fuente y sostiene que el resto de indicios empleados para condenarle "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas".
A juicio de los firmantes, convertir estos hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, "invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia", lo que resulta, apostillan "incompatible" con la presunción de inocencia.
Consideran también que la nota de prensa difundida perseguía desmentir una acusación falsa e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía, por lo que defienden que existía "un interés público" evidente en informar y, por tanto, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas".
El manifiesto, que será presentado públicamente este viernes en el Ateneo de Madrid, enfatiza que la condena no debió producirse porque no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos.
La Unión Progresista de Fiscales recauda el dinero de la multa y la indemnización
La semana pasada, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) anunció que ha recaudado ya "íntegramente" la cuantía para hacer frente a las "responsabilidades pecuniarias derivadas de la sentencia dictada" contra el ex fiscal general.
En un comunicado, la UPF informó de que "gracias a una respuesta solidaria" ha sido posible recaudar los 17.200 euros que debía pagar García Ortiz. "En apenas unos días, decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento que no era económico, sino ético", subrayó la organización.
El pasado 22 de diciembre, la UPF puso en marcha entre sus asociados una propuesta de colaboración para el abono de las responsabilidades económicas derivadas de la condena.
Para la UPF, este "gesto colectivo" muestra que "nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", en la línea de lo que siempre defendió en el juicio García Ortiz, quien afirmó que era inocente y que solo quiso defender "la verdad".
