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Baltasar Garzón, magistrado y abogado, se ha acercado hasta los micrófonos del Informativo 24 horas de RNE para hablarnos de su libro "Los disfraces del fascismo". En él, Garzón desgrana todos los disfraces que se ha encontrado del fascismo en su carrera y también hace una autocrítica a la Administración de Justicia. El abogado nos cuenta que sociedad española no es conservadora, sin embargo: "En la Judicatura y el Ministerio Fiscal, según las encuestas y los estudios, cerca del 80% es conservador o muy conservador"

Sobre el espionaje con el programa Pegasus, el magistrado explica que: "Todo lo que se refiere a los casos de inteligencia en algún momento suele estallar. Todo es muy tenebroso y esa oscuridad genera desconfianza".
 

Duras críticas de todos los partidos y de las asociaciones de fiscales a la parte socialista del Gobierno. Les acusan de intentar ascender al Supremo a Dolores Delgado cuando deje la Fiscalía General y de hacerlo con una argucia: introduciendo una enmienda camuflada en la ley concursal. Tras el escándalo, el PSOE se ha quedado solo. Todo el arco parlamentario se ha mostrado en contra, incluido Unidas Podemos. Foto: EFE/ANDREU DALMAU

En Las Mañanas de RNE hablamos con el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, quien ha subrayado que el PSOE defiende la propuesta que han presentado para ascender a Dolores Delgado al Supremo cuando deje la Fiscalía General del Estado. El portavoz de la Ejecutiva argumenta que ese cambio ahonda en la independencia de la institución porque “ya nadie tendrá que pensar qué va a pasar con el futuro del Fiscal o la Fiscal General porque se sabrá que ese será el puesto que tenga una vez terminada su función y no tendrá que tomar decisiones pendiente de si luego en su futuro van a ser premiadas esas decisiones que pueda adoptar como Fiscal General.”

Sicilia defiende también que se trata de aplicar lo más rápido posible una recomendación del grupo Greco, institución europea que estudia las medidas que se deben adoptar para luchar contra la corrupción, y justifica la incorporación dentro de la Ley Concursal por motivos de urgencia. Niega, por tanto,  falta de transparencia o que se trate de un cambio a medida para la actual fiscal Dolores Delgado.

Sobre el contrato de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, el portavoz de la Ejecutiva considera que ahora cabe responder si era legal, pero que parece sospecho de alguna irregularidad y añade: “La Fiscalía está investigando, ¿por qué no investiga también el señor Feijóo?" y en relación con la posición del Gobierno sobre el Sáhara, Sicilia asegura que no hay crisis con sus socios y añade que “puede haber una discrepancia en algún asunto como la ha habido en otras.” Y sobre el Pleno del Congreso de ayer, ha asegurado que “no es cierta la acusación de ayer de PP y Vox de que no se haya dialogado. Ha habido una Conferencia de Presidentes y reunión con todos los grupos parlamentarios.”

La Fiscalía Anticorrupción investigará en España si hay ilegalidades en el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha decidido por unanimidad la Junta de Fiscales de Sala. Y de forma paralela, la Fiscalía Europea seguirá investigando una posible malversación de fondos europeos. "Ninguna fiscalía nacional debe ceder investigaciones estrictamente domésticas", ha dicho el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Foto: EFE

La decisión de la Fiscalía de archivar las investigaciones al rey Juan Carlos abre la puerta a su regreso a España tras año y medio en Abu Dabi, aunque todavía es una incógnita. La Fiscalía ha dado cuatro motivos para el archivo: falta de indicios o, en los casos en los que sí ve delitos, dice que han prescrito, se cometieron cuando el rey emérito era inviolable o se subsanaron con sus regularizaciones fiscales. El Gobierno respeta el trabajo del ministerio público pero cree que don Juan Carlos debe una explicación. Unidas Podemos se muestra crítico con la decisión tomada por la fiscalía, el PP anticipa su apoyo a lo que decida el rey eméito y desde Ciudadanos no ocultan su decepción, aunque creen que es libre para volver. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las investigaciones abiertas en relación a la fortuna del rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. La insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción de los delitos y la inviolabilidades como jefe de Estado, así como las regularizaciones fiscales que hizo en 2020 y 2021, han hecho inviable la apertura de juicio penal contra él, según la nota emitida por la Fiscalía General del Estado. Sí que reconoce la Fiscalía el incumplimiento de algunas obligaciones fiscales.

En un comunicado, el abogado y portavoz del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha dicho que la semana que viene anunciará las próximas decisiones. El archivo de las causas abre una posibilidad para que Juan Carlos I vuelva a España, tal como es su deseo. Desde Zarzuela, no se han pronunciado y, como es habitual, remiten al abogado del emérito. 

Informan Gema Alfaro y Lucía Yeste

La Fiscalía propone archivar la causa sobre la presunta fortuna del rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey. El ministerio público investiga la relación de Juan Carlos I con los fondos de JRM trust, una especie de asociación de empresas creada en 2004.  En el borrador difundido por la cadena Cope, el fiscal relata que esos fondos proceden de la fusión de otros dos grupos creados en los años 90 y de los que el rey era beneficiario.

Tras analizar los movimientos desde 2004 a 2021, la Fiscalía considera que no existe indicio alguno que permita vincularlo con el rey emérito en todo ese tiempo. Ni en la gestión, ni en la capacidad para disponer de esos fondos, ni siquiera, dice el fiscal, que haya percibido cantidad alguna.

El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios "que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón" y apunta que por lo tanto "procede acordar el archivo de las diligencias de investigación". Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que ha adelantando este lunes la Cadena Cope. Esta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano.

La Fiscalía General del Estado ha pedido información sobre los procedimientos por muertes en residencias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla la Mancha. El ministerio público reclama a las fiscalías de las tres regiones todos los datos sobre causas abiertas y cerradas en un plazo de tres meses. Según los datos del Imserso, en la Comunidad de Madrid han fallecido 6.500 residentes y poco más de 5.700 en Cataluña. Destaca especialmente la cifra de un centro en Tomelloso (Ciudad Real), donde fallecieron 75 personas. Precisamente hace unos días la ONG Amnistía Internacional reclamaba mayor colaboración de la Fiscalía en este asunto y denunciaba que el 89% de las causas abiertas habían sido archivadas.


Informa Gema Alfaro

La Fiscalía General del Estado ha pedido información sobre los casos de abusos sexuales a menores en instituciones religiosas que se están investigando en toda España. Quiere conocer las denuncias y querellas que se estén tramitando, pero algunas víctimas creen que tiene poco recorrido y piden una comisión formada por expertos independientes que se dedique a recabar el testimonio de las víctimas.

Este martes, el Congreso ha abierto la puerta a que se pueda formar una comisión de investigación. La Conferencia Episcopal no hace declaraciones hasta que la comisión se apruebe definitivamente y señala que en todas las diócesis hay oficinas de investigación que recogen las denuncias de las víctimas de abusos. El presidente del tribunal eclesiástico del Arzobispado de Barcelona no descarta que la Iglesia colabore con esa comisión.

Foto: Europa Press

La Fiscalía General del Estado se va a encargar de la investigación de los casos de pederastia que se han producido en el seno de la Iglesia. El Ministerio Público ha ordenado este mismo lunes a las 17 fiscalías superiores de España que remitan, en un plazo de 10 días, todas las causas que estén actualmente en tramitación sobre abusos a menores, no solo los cometidas por miembros de lglesia Católica, sino también por parte del resto de instituciones religiosas. Moncloa dice que esta actuación se enmarca en la autonomía y las competencias de la Fiscalía General del Estado y que no son incompatibles con las que estudia el Gobierno. El movimiento del departamento que dirigie Dolores Delgado coincide con el pronunciamiento de los letrados del Congreso de los Diputados, que se han mostrado favorables a admitir a trámite la inciativa de Unidad Podemos, Esquerra republicana y EH Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso.

Informa Gema Alfaro

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, se niega a suspender la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial el pasado mes de noviembre. Según el auto, Rivas no se ha arrepentido, ha reincidido en Italia y podría suponer un peligro para sus hijos por una supuesta condena por abusos sexuales. El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ha anunciado que presentarán una querella criminal contra Piñar por prevaricación y calumnias. Según Arangue, los tres argumentos son falsos: Rivas mostró arrepentimiento en una entrevista en televisión, no tiene ninguna causa abierta en Italia ni pesa sobre ella ninguna condena por abusos sexuales. En estos momentos, le quedan 9 meses de cárcel por secuestro de sus hijos. La Fiscalía General del Estado también ha anunciado que solicitará la suspensión de la pena. Informa Juan Leo.

Un total de cinco ONG denuncian que dos menores de 15 y 16 años que llegaron en mayo a Ceuta fueron expulsados el pasado 28 de noviembre tras ser interceptados por la Guardia Civil cuando intentaban subir al ferry que conecta la ciudad con la Península. La Coordinadora de Barrios habla de grave vulneración de las legislación española dado que ellos formarían parte del grupo de 12 menores cuya expulsión fue paralizada en agosto por el juzgado número 1 de Ceuta. Tanto la Coordinadora de Barrios como la Fundación Raíces, que ejercen la defensa de los chicos, han puesto los hechos en conocimiento del Ministerio de Interior, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo y han pedido una investigación.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido pedirá a la Fiscalía que investigue la gestión del Gobierno durante la primera ola de coronavirus a raíz de la revelación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que alertó sin éxito al Ejecutivo en marzo de 2020 de la gravedad de la situación.

Díaz, sin embargo, ha acusado al PP de "generar una gran polémica artificial" y el Ejecutivo ha cerrado filas con ella.

La Fiscalía General del Estado ha decidido prorrogar seis meses la investigación abierta a Juan Carlos I por sus irregularidades fiscales, a la espera de recibir documentación de Suiza sobre con datos fiscales de 2015 y 2016. Una documentación que, según fuentes fiscales, ya conocen verbalmente y, en principio, no aportaría información nueva y, por tanto, no evitaría el archivo de las pesquisas que podría producirse en enero.