El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le pide al Supremo que impute al Fiscal General del Estado por revelación de secretos. Expone que Álvaro García Ortiz cometió un delito al publicar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y dice que fue el responsable de la nota de prensa que se envió para desmentir bulos sobre el fraude fiscal que reconoció Alberto González Amador. El Fiscal General asegura que seguirá trabajando a pesar de esta petición.
En una entrevista en Las mañanas de RNE, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que las resoluciones que se han conocido en el marco de la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "el paradigma de lo incomprensible" y las tacha de "preocupantes". Marlaska ve "una concreta indefensión, donde la señora Gómez no sabe ni lo que se le imputa ni lo que se le deja de imputar". Para Grande-Marlaska, el proceso "debería haber quedado archivado hace tiempo".
Por otra parte, Grande-Marlaska dice no entender la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía en la malversación: "Dentro del respeto a las resoluciones, no lo entiendo, creo que la ley es clara en relación a ese delito". El ministro Marlaska no cree que el TS está lanzando un pulso al legislativo: "No quiero creer eso ni lo creo. Creo en la independencia judicial. Lo que digo es que no comparto la resolución".
En cuanto a las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, que está anulando las condenas por malversación a implicados en el caso de los ERE de Andalucía, Marlaska defiende que "se pueden criticar las resoluciones, pero no se puede faltar a la lealtad de las instituciones y deslegitimarlas", en referencia a las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado: "Me parecen de una gravedad manifiesta".
Marlaska ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y rechaza que tenga que dimitir. Ha calificado su trabajo de "extraordinario y excepcional": "Creo que está siendo sometido a una presión política muy fuerte e indebida. También poco respetuosa con las instituciones del Estado".
Finalmente, Fernando Grande-Marlaska ha señalado que "sería una irresponsabilidad absoluta y una falta de solidaridad" si el Partido Popular no apoyase la reforma de la ley de extranjería. "Sería difícil de entender que España pida solidaridad a Europa y no lo sea dentro".
Este lunes, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara ante el juez por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Entre los años 2020 y 2021, supuestamente defraudó a Hacienda 350.951 euros tejiendo una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. En las mañanas de RNE, Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), ha opinado sobre si puede producirse una nulidad del procedimiento por presunta revelación de datos personales. Ha explicado que todo depende de si en el juzgado se determina si hubo filtración. "La realidad es que a la vista de los datos que trascendieron públicamente, si la Agencia Tributaria puede demostrar esa falsedad de las facturas, pues no tendría mucho recorrido. Sería un caso que podemos denominar de libro, y por tanto, no parece que esta situación pudiera afectar al derecho de defensa", ha afirmado el presidente de GESTHA.
Sobre un pacto con la Fiscalía, Carlos Cruzado considera que "es posible llegar a un acuerdo", ya que una vez haya sido llamado a declarar como investigado dispone de dos meses para ello. De esta manera, tendría que reconocer el delito y afrontar las consecuencias económicas y penales correspondientes.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha reprobado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido al Gobierno que le cese de "inmediato" por sus "incumplimientos graves y reiterados" y por su “indignidad” y su “servilismo descarado” al Ejecutivo.
La votación ha salido adelante con 144 votos del Partido Popular, 97 votos en contra y 19 abstenciones.
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La comisión de investigación de las mascarillas busca la fórmula para evitar que los fiscales citados a declarar, desfilen por el Congreso y respondan preguntas. El PSOE, que aceptó incluirlos en la lista, rectifica después de la queja del Fiscal General del Estado y del rechazo del Gobierno. El PP les acusa de falta de credibilidad.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido por carta al presidente de la comisión de investigación del Congreso creada para investigar los contratos de emergencia durante la pandemia que se reconsidere la decisión de llamar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque podría perturbar su trabajo.
