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El Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado como "un acto de venganza" la decisión judicial de suspender el tercer grado penitenciario del que disfrutaban Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

El president alerta de que si el Gobierno tiene intención de retomar el diálogo “tendrá que demostrar que tiene la voluntad de frenar las hostilidades contra el independentismo” y argumenta que bajo este contexto se refuerzan las razones del independentismo. La decisión, tomada por un juzgado de vigilancia penitenciaria, y después de que la Fiscalía recurriera este régimen de semilibertad, tiene efecto inmediato.

Mientras el juez resuelve sobre el fondo del recurso, a las puertas de la prisión de Lledoners, Oriol Junqueras asegura que a pesar de que vuelvan a la cárcel, seguirán ganando en las urnas. En declaraciones al informativo 24 horas de Radio Nacional, la vicesecretaria de política social del PP, Cuca Gamarra, ha respondido a las acusaciones de Torra: "no se trata de venganza", asegura, "sino de aplicación del Estado de Derecho", ha afirmado. 

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha acordado suspender de manera inmediata el tercer grado de algunos presos del procès tras el recurso presentando por la Fiscalía. Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart y Forn tendrán suspendido el tercer grado, y aunque el ministerio público también ha pedido lo mismo para Carme Forcadell, no hay noticias al respecto. Los presos tienen hasta tres días para recurrir la decisión, pero se les suspende su semilibertad hasta que no se resuelvan los recursos. Informa Laura Herrero. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide que se investigue al Secretario General de VOX, Javier Ortega Smith, por las declaraciones que hizo refiriéndose a las Trece Rosas. La Fiscalía General del Estado considera que pudo haber incurriodo en un presunto delito de odio cuando afirmó que “las Trece rosas lo que hacían era torturar, violar, y asesinar vilmente”, y que “cometieron crímenes brutales en las checas”. La investigación en el Supremo se inicia después de que los familiares de las jóvenes fusiladas, en 1939 en Madrid, presentasen una querella por injurias y calumnias contra Ortega Smith. Informa Araceli Sánchez. 

La Policía investiga un vídeo en el que se ve a un hombre disparar con un arma de gran calibre contra las fotos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente Pablo Iglesias y otros ministros. Se ha difundido por redes sociales, y la Abogacía del Estado lo va a denunciar ante la Fiscalía por un presunto delito de odio.

Al grito de "sentencia", un hombre dispara a cada una de las imágenes. La Policía Nacional también ha abierto una investigación y Podemos estudia emprender medidas legales.

En las redes sociales, el vicepresidente segundo ha asegurado que ninguna amenaza de muerte de la ultraderecha va a distraerles de su tarea en el Ejecutivo. Y el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho que no puede salir gratis en democracia normalizar el discurso de la ultraderecha.

El senador del PP Luis Alberto Plaza Martín ha preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “a quién pertenece la Fiscalía General del Estado” en la sesión de control al Gobierno en el Senado. En su pregunta, ha acusado al Gobierno de dar “instrucciones políticas” para cuestiones como el archivo de la causa del 8M o en el juicio del ‘procés’ y a Campo de “emerger una pretendida crisis constituyente” que, según ha dicho, “no existe”. “No interfieran en la labor de la Justicia, ¿quiénes les dan poderes para plantear incluso un cambio de régimen?”, ha preguntado.

Campo, por su parte, ha dicho no “consentir” que se “enturbie la labor de cada uno de los fiscales en su cometido constitucional” y ha zanjado que la Fiscalía “es un órgano claramente constitucional que tiene autonomía”. “Su función es clara, promover la acción defensa, legalidad y el marco constitucional”. Le ha dicho al senador que si no le gusta el modelo, “promueva una reforma”, pero que en ese caso “se enfrentará a la Constitución”, y ha tachado de “papel mojado” su defensa de la Carta Magna.

[Coronavirus: última hora en directo]

La Fiscalía estima que el Delegado de Gobierno en Madrid no habría realizado "ninguna actuación que vulnere el ordenamiento jurídico", por lo que solicita a la jueza que se archive la causa que investiga si José Manuel Franco prevaricó al no prohibir las manifestaciones del 8M ante la expansión de la Covid-19. En su recurso, la Fiscalía de Madrid dice que el delegado de Gobierno no tiene competencias en Salud Pública, por lo que no es razonable exigirle que prohiba las marchas feministas por razones sanitarias. En la misma línea, afirma que "pretender que el investigado (...) habría podido evitar la muerte de miles de personas (...) resulta prácticamente inverosímil" teniendo en cuenta la información de la que se disponía en esas fechas. La fiscalía señala además que no aprecia prevaricación ni por activa ni por pasiva, ya que, según su consideración, el delegado del Gobierno no tomó ninguna resolución, se limitó a tomar nota de la comunicación de las marchas feministas. Coronavirus: última hora en directo

La Fiscalía está investigando un total de 86 residencias de mayores de toda España por posibles neglicencias en la gestión de la pandemia de coronavirus. El ministerio Fiscal reconoce en una entrevista a TVE, que la falta de pruebas periciales -sobre todo de autopsias- dificulta el proceso. Coronavirus: última hora en directo.

la Fiscalía ha abierto 7 expedientes de carácter penal, una por la Fiscalía Superior de Castilla y León, tres por la fiscalía de Valladolid y los tres restantes por las fiscalías de Soria, Salamanca y León, aunque no se han hecho públicos los delitos que están siendo investigados. Son cinco residencias más de las que eran investigadas hasta el pasado 15 de abril.

Adjunta el partido una captura del tuit en el que el partido de ultraderecha se hacía eco de una imagen falsa de la Gran Vía madrileña repleta de ataúdes, féretros junto al texto "lo que el Gobierno quiere ocultar" o un mensaje en el que acusaban al Gobierno de alentar la pederastia con dinero público. El PSOE considera que la "escala de agresividad" supera los delitos contra el honor y que puede ser constitutivo de un delito de odio, injurias y calumnias contra el gobierno de la nación, además de estar fomentando un clima de miedo en el país.

La Fiscalía va a investigar la aparición de cadáveres de ancianos en residencias de mayores. Lo denunciaba este lunes por la mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles: El Ejército, en sus labores de desinfección del coronavirus en residencias de mayores, se ha encontrado cadáveres de ancianos sin evacuar.

La nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha prometido este miércoles su cargo ante el rey en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela al que han asistido el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Felipe VI ha presidido este breve acto (al día siguiente del nombramiento de Delgado por parte del Consejo de ministros) y que se ha celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio. "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha pronunciado Delgado ante un ejemplar del texto constitucional.