El Supremo rechaza investigar a Alvise por publicar consersaciones privadas del exsecretario de Estado de Seguridad
- El alto tribunal no aprecia delitos de responsabilidad penal
- Alvise tiene cuatro causas abiertas en el Supremo, entre ellas una por difundir una PCR falsa del president Salvador Illa
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El Tribunal Supremo ha rechazado abrir causa contra el eurodiputadoLuis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por la publicación en Telegram de unas conversaciones privadas del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que habían sido intervenidas judicialmente, al no apreciar indicios de responsabilidad penal.
El asunto fue elevado al Supremo en una exposición razonada por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, a raíz de una querella del propio exsecretario de Estado y la denuncia de un periodista que figuraba en la conversaciones por presunto delito de revelación de secretos.
Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, el Supremo rechaza abrir diligencias, porque aunque la difusión de chats intervenidos judicialmente y expurgados puede justificar que se investigue a sus responsables, "los elementos aportados -vinculación al canal, promoción desde perfiles, existencia de cuenta de donaciones- no proporcionan, por sí solos, una base bastante para afirmar la concurrencia" del supuesto delito que recoge la querella.
De este modo, el alto tribunal aprecia que no existen indicios de responsabilidad penal fundados y razonables contra Alvise que permitan sostener la apertura de una causa penal "sin perjuicio de que la investigación pueda proseguir dirigida a determinar el origen de la filtración, su trazabilidad, los eventuales responsables y si el aforado tuvo acceso a la misma y supo de su extracción ilícita".
Las otras causas pendientes que tiene Alvise
Alvise, líder del partido Se Acabó la Fiesta (SALF) tiene cuatro causas abiertas en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en 2021, y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.
Y la cuarta es por la querella de los dos eurodiputados que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos.
