Las defensas de Ábalos y Koldo piden sin éxito apartar a cinco magistrados del tribunal que juzgará el caso mascarillas
- Ábalos y Koldo salen por primera vez de la cárcel para acudir a la vista preliminar de su juicio por el caso mascarillas
- Ambos entraron en prisión a finales de noviembre y por primera vez, durante unas horas, abandonarán la prisión
Las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pedido este jueves la recusación del magistrado Julián Sánchez Melgar, pues fue fiscal general con un Gobierno del PP y han considerado que podría haber un interés directo, así como a otros cuatro magistrados más, entre ellos el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, aunque la petición ha sido rechazada.
Ha sido en la vista previa del juicio contra ambos y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo sobre la pieza que tiene que ver con el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Primero la letrada de Koldo solicitó la recusación, y después, el abogado de Ábalos se adhirió a la petición por entender que cinco de siete magistrados tienen afinidad con alguna de las acusaciones o una "opinión formada" en la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas.
Además de Sánchez Melgar y Martínez Arrieta, también han solicitado apartar a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, por haber formado parte de la sala de admisión que decidió abrir causa cuando se presentó la primera denuncia en el Supremo.
Por el contrario, la Fiscalía se ha opuesto al considerarlo "extemporáneo" y "de absoluta improcedencia", postura que también han compartido la acusación popular y la defensa de Víctor de Aldama. Tras un tiempo para deliberar sobre este punto, la sala segunda del Supremo finalmente lo ha rechazado, justificando que el pasado 14 de enero se comunicó la composición de la sala, y la ley marca un plazo de diez días para alegaciones.
Solicitan que se traslade a la Audiencia Nacional
Por otra parte, la letrada del exasesor ha pedido que la causa se traslade a la Audiencia Nacional y ha sostenido que mantenerla en el Supremo sería algo "arbitrario", pues Ábalos ya no es diputado. También ha abundado el abogado del exministro en que su cliente ya no es aforado y, por tanto, el Supremo ya no sería competente. En cambio, el letrado de Aldama ha considerado que el competente es el Supremo.
En su defecto, si no es remitida la causa a la Audiencia Nacional, la defensa de Koldo García ha pedido que se eleve cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que fije la competencia para juzgar esta causa. Además, ha solicitado que se suspenda el procedimiento hasta que se pronuncie la Justicia europea.
Las defensas de Ábalos y Koldo han advertido que acudirán al Constitucional en caso de que el Supremo no remita la causa a la Audiencia. "No se trata de dilatar el procedimiento todo lo que se pueda, sino que es una cuestión de orden público, de derecho al juez predeterminado por la ley", ha añadido, no sin recordar que ella lleva la defensa de Koldo, su exmujer y su hermano en el mismo contexto, pero en tribunales diferentes -Audiencia Nacional y Supremo- lo que genera una "indefensión tremenda".
La Fiscalía ha tildado de "descabellado" el intento de que la causa pase a la Audiencia Nacional y que no sea el Tribunal Supremo el órgano que los juzgue por el caso de las mascarillas, cuando el alto tribunal ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral.
También los letrados de Ábalos y Koldo han solicitado los autos del Supremo de la causa de Santos Cerdán, algo que ha rechazado el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que ha dicho que no es prueba documental, y han planteado que se ponga en libertad a ambos, ya que el juicio no será inminente.
Piden una prueba del polígrafo o un careo entre Koldo y Aldama
Además, la abogada de Koldo ha solicitado un careo entre su cliente y Aldama y una prueba del polígrafo para ambos. La defensa de Ábalos se ha adherido a la petición de la misma prueba. Por su parte, el abogado de Aldama ha pedido que el careo entre su cliente y Ábalos sea después de las declaraciones de los acusados, pero se ha opuesto a la prueba del polígrafo.
Algunas de las partes han renunciado a varios testigos, como el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, y Santos Cerdan, quien está investigado en otra pieza.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado como cuestión previa el ofrecimiento a las empresas Ineco y Transatec de que se personen si se consideran perjudicadas por un delito de malversación de los acusados.
Además, ha presentado nuevas pruebas, como un informe de la UCO referente a la causa de los hidrocarburos porque Ábalos habría recibido presuntamente dádivas por una licencia de Villafuel. También han pedido que declaren peritos de la Guardia Civil que han hecho un contra informe de los audios de Koldo García.
Por otro lado, la Fiscalía ha considerado que no procede que se les juzgue con jurado popular en el Supremo, porque los delitos que se juzgarán quedan excluidos de la ley del jurado. En concreto, se ha referido al delito de organización criminal y al de prevaricación.
La acusación popular, que ejerce el PP, ha pedido que se presente la documentación que demuestra que los acusados pudieron acceder a los dispositivos incautados.
Arremeten contra la conformidad de Aldama y la Fiscalía
Asimismo, la defensa de Ábalos ha solicitado que se retrotraiga la causa porque se vulneraría el principio de igualdad de armas por el acceso a los dispositivos. Y ha criticado que la acusación se basa únicamente en la confesión de Aldama y que no ha habido más investigación, por lo que considera que la concertación evidente entre uno de los acusados y la Fiscalía se ha utilizado de forma indebida.
Pero el letrado de Aldama ha rechazado que su cliente tenga un acuerdo opaco con la Fiscalía y no se vulnera ningún derecho fundamental de otros acusados, sino que solo se "ha acogido a una norma penal que le concede beneficios penales porque la actual política criminal es lo que quiere", por su colaboración.
Además, Anticorrupción ha negado que exista "ningún tipo de acuerdo", y que la declaración de Aldama no fue conocida ni inducida por el Ministerio Fiscal. También la Fiscalía ha apuntado que el reconocimiento de los hechos no supone un premio, sino tan solo menos pena por atenuante.
Primera vez que salen de la cárcel
Es la primera vez que se ha vuelto a ver a Ábalos y Koldo desde que entraran en prisión el 27 de noviembre, al apreciar el magistrado Puente riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena a las que se enfrentarían. Este jueves han salido durante unas horas de la cárcel de Soto del Real para acudir al Tribunal Supremo a la vista preliminar.
Los acusados han seguido la vista en silencio, detrás de sus abogados, en una segunda fila. Ambos, uno al lado del otro, han estado escoltados por policías y han escuchado muy serios. Durante la vista, el exasesor se ha estado tapando parte de la cara con una chaqueta.
También ha estado presente Aldama, que estaba sentado en un extremo del mismo banco donde también estaban el exministro y el exasesor ministerial, pero estaba separado de Ábalos por un agente y un hueco.
En el caso de no prosperar los recursos que se han presentado, que es lo más probable, el Supremo juzgará a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por definir, aunque apunta a que sea después de Semana Santa, con un tribunal formado por siete magistrados y encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos
Durante las semanas previas a esta vista, tanto Ábalos como Koldo han intentado sin éxito no acudir al Supremo, alegando problemas de salud, pero les ha sido denegado pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia.
Este juicio contra Ábalos y Koldo es el primero del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como otras piezas más en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivo en su partido.
El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, propuso sentar en el banquillo de los acusados al exministro, su exasesor y al presunto conseguidor de la trama al apreciar que los tres "se concertaron" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública".
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
