El presidente promete "respuestas" a las víctimas de Adamuz que pedían "la verdad" en el funeral al que Sánchez no asistió
- Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente y otros temas
- El Gobierno intenta recuperar la mayoría parlamentaria con las pensiones en juego
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La utilización de las víctimas del accidente en Adamuz está siendo uno de los peores ejemplos de la clase política en mucho tiempo. Por un lado, para decidir cuántos y cuándo debían ser los funerales. Cada uno proponiendo el suyo para dejar mal a otro.
Luego la fecha de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Fecha tardía la decidida por Moncloa, la verdad, el 11 de febrero, dos semanas y media después del accidente, y para más inri acumulando temas de su agenda internacional. No parece razonable. Parecería un ninguneo que no se merece tan dolorosa tragedia.
Al otro lado, el PP, aprovechándose de su mayoría absoluta en el Senado, intentaba obligar a Pedro Sánchez a dar explicaciones antes en la Cámara Alta. Un espectáculo que no se merecen ni las víctimas ni sus familiares ni los ciudadanos en general. Lamentable.
Sobre los funerales, no se sabe el motivo por el que el presidente Sánchez, con la agenda vacía el jueves, no encabezara la delegación de los miembros del Gobierno que participaban en el funeral de Huelva al que sí asistían los reyes, Felipe y Letizia, que personalmente intentaron consolar a las familias.
Familias que ya les advirtieron que no iban a ir al Homenaje civil ofrecido por Moncloa y la Junta de Andalucía, ellos querían un funeral religioso. Pues aguantas y vas al que esas víctimas han elegido hacer. Esté o no politizado, te reciban bien o no. Aguantas, va en el sueldo, ¿o no? ¿Nadie se atreve ya en Moncloa a sugerirle al presidente lo que debe hacer cuando se equivoca?
Allí sí que estaba el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Al lado, por el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Agricultura, Luis Planas, y de Política Territorial, Víctor Ángel Torres. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La misa funeral se desarrollaba en un ambiente de dolor digno y contenido. Solo la portavoz de las familias, Liliana Sáenz, hija de una fallecida, alzó la voz para exigir "la verdad", ni más ni menos.
Y también un reproche velado al presidente del Gobierno por su intento del homenaje laico, "la única presidencia que queremos es la de Dios". Ellos decidían, son las víctimas y sus familiares. No importaba que pensaban los demás que por distintos caminos intentan sacar rédito.
Casi veinticuatro horas después y en un acto que nada tenía que ver, Sánchez les respondía asegurando que "el Gobierno dará respuestas" y que "llegará hasta el final". Podría haberlo dicho en Huelva.
Mientras se celebraba el funeral, en paralelo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía en el Senado en sesión de mañana y tarde para intentar contribuir a conseguir, cree, esa verdad que reclaman las víctimas.
Puente aseguraba que puede "mirar a la cara a las víctimas". Comparaba sus constantes explicaciones públicas con la ausencia del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Justificaba la ausencia de Sánchez en el Senado, recordando que el entonces presidente Rajoy no dio explicaciones en las Cortes por el accidente en Angrois hace 13 años. La pregunta es ¿si se comete un error eso justifica que se sigan repitiendo?
La maquinaria del Gobierno en marcha para intentar retomar el impulso
Tres imágenes reflejan el esfuerzo del presidente por conseguir agotar la legislatura en 2027. Por orden cronológico.
Primero con el líder de ERC, Oriol Junqueras, nada más y nada menos que en Moncloa. Y además dejando que fuera el presidente de ERC el que explicara el acuerdo de financiación autonómica.
Dos, acuerdo con el PNV para avanzar en las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika y que esta semana se escenificaba con una reunión de Sánchez con el lehendakari, Imanol Pradales.
Y tres, y no por eso menos importante, todo lo contrario, el acuerdo con Podemos -sin foto- para regularizar la situación de al menos, 500.000 inmigrantes sin papeles.
Objetivo: recomponer relaciones con sus apoyos parlamentarios para poder agotar la legislatura en 2027.
El presidente pedía a finales de 2025 a sus ministros medidas que no tuvieran que pasar por las Cortes, donde el apoyo parlamentario es más que dudoso. La intención, obviamente, es salir del bucle informativo de la corrupción.
Y, de momento, parece que le está saliendo.
Regular a la inmigración lo piden también los empresarios y la Iglesia
El acuerdo sobre la regulación de inmigrantes va mucho más allá de que beneficie las relaciones del Gobierno con Podemos.
Lo importante, lo verdaderamente importante, es que se reconocerán derechos y obligaciones a personas que ya viven entre nosotros, personas que los empresarios defienden que son necesarios para que la economía española siga creciendo.
Una medida que pedía Cáritas, la organización social de la Iglesia católica, y que Feijóo hace dos años apoyaba y se comprometía a aprobarla si gobernaba, aunque ahora la rechace. La hemeroteca, a veces, es dura.
Y hay precedentes. Felipe González fue el primero en adoptar este tipo de medidas. Luego lo hizo Aznar tres veces, por si el PP tan crítico ahora, lo ha olvidado. Y finalmente Zapatero, un éxito para las personas que trabajan sin derechos y sin obligaciones y para nuestra productividad.
Más de medio millón de trabajadores, la mayoría procedente de América Latina, podrán vivir con tranquilidad, con papeles. Nos beneficiamos todos de su trabajo.
La subida de las pensiones en el aire y se debaten en Instagram
Y el responsable es el Gobierno. Moncloa repetía la jugada del año pasado actuando como si tuviera mayoría absoluta. Ya lo hicieron en 2025 y tuvieron que rectificar la jugada. Ahora en pleno ciclo electoral, ustedes dirán.
La cuestión es que el Ejecutivo ha mandado al Congreso lo que se conoce como un decreto ómnibus. Eso se traduce en que el incremento de las pensiones iba junto a temas tan dispares como la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, además de ayudas por la dana y prohibiciones de desahucios a familias vulnerables. Todos esos asuntos se decidían en una sola votación.
PP y Junts no estaban de acuerdo, por ejemplo, en apoyar la prohibición de desahucios a vulnerables con un argumento común: favorecerían la okupación de viviendas. Los de Feijóo y los de Carles Puigdemont pedían votaciones por separado. El Gobierno se negó. Resultado, una derrota anunciada. Lo sabía o debía saberlo Moncloa y mantuvieron el envite. Únicamente para conseguir el titular de que PP, VOX y Junts se unen en el no.
Mientras los pensionistas están preocupados por su nómina, el presidente del Gobierno y el líder del PP llevaban el debate a Instagram. Una red social mayoritariamente seguida por jóvenes y no por mayores. Así que más parece que Sánchez y Feijóo están pensando en elecciones, en atraer el voto joven y no en los pensionistas.
Al escribir esta crónica, las negociaciones siguen abiertas con Junts. Además, tras la renuncia de Ábalos a su escaño, el Gobierno ya solo necesita la abstención de los de Puigdemont. Su sí ya no es imprescindible.
Pero un Gobierno en minoría no puede actúan como si tuviera mayoría absoluta, no puede jugar a la ruleta rusa, le advertía la portavoz del PNV en el Congreso a Moncloa.
Amén.
