El Gobierno inicia los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en España
- El Ejecutivo afirma que se garantizarán derechos y dará seguridad jurídica a una "realidad social existente"
- Feijóo y Abascal critican con dureza esta medida y ambos hablan de "efecto llamada"
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El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".
El Real Decreto es fruto de un acuerdo con Podemos y de una "suma de voluntades que ponen en el centro a las personas", han afirmado fuentes del Ejecutivo, que añaden que esta medida "retoma el mandato" de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria (310 votos a favor y 33 en contra, todos los grupos menos Vox), desbloqueando así una respuesta que llevaba meses paralizada.
Objetivo: regularizar a medio millón de personas
El Gobierno ha hecho público este anuncio minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.
"España refuerza así un modelo de política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social", añaden fuentes del Gobierno.
En un acto celebrado en Madrid bajo el título 'Regularización Ya', Montero ha hecho este anuncio, que significará "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia", ha detallado la eurodiputada de la formación morada.
Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero.
Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, según informa Efe.
La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Refuerzo de una política migratoria "basada en derechos humanos"
Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, con este real decreto España "refuerza" un modelo de política migratoria "basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social".
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del pleno del Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.
Sumar, socio del Gobierno, ha valorado esta iniciativa asegurando que es un paso "a una sociedad más justa y democrática".
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Podemos habla de "de justicia social" y PP y Vox la critican
Fuentes de la formación morada han señalado que se trata de una medida "urgente y de justicia social", que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que "viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista".
Han defendido que mantener a estas personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos y alimentar el odio y la exclusión: "Cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones", han asegurado. Y han puesto como ejemplo de esta deriva los disturbios racistas ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) el pasado verano o el desalojo de Badalona (Barcelona) y, en el plano internacional, las "redadas racistas del ICE que vulneran sistemáticamente derechos humanos" en Estados Unidos.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que con "46 muertos y ninguna dimisión", la primera respuesta de Sánchez es una "regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".
Más dureza en la crítica del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha cargado contra el "tirano Sánchez" que "odia al pueblo español" y "quiere sustituirlo". "Pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", ha dicho.
Grandes regularizaciones: de González a Aznar y Zapatero
Gobiernos liderados tanto por el PSOE como por el PP han aprobado desde los años ochenta hasta ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes con los que han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.
Los dos primeros procesos extraordinarios se activaron durante los gobiernos de Felipe González, en 1985 y en 1991, y se saldaron con más de 147.000 extranjeros beneficiados, según datos de la Agencia Efe.
Con José María Aznar en La Moncloa, en 1996 se diseñó un mecanismo para conceder papeles a quienes hubieran sido titulares alguna vez de un permiso y a sus familiares, siempre que hubieran estado en España con anterioridad al 1 de enero de aquel año. Obtuvieron papeles alrededor de 21.000 inmigrantes.
El siguiente proceso, en el 2000, tuvo un alcance mucho más amplio, ya que se exigió a los extranjeros haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún momento con un permiso o haberlo solicitado. Pidieron la regularización más de 244.000 extranjeros y consiguieron la documentación alrededor de 163.000.
Ante el elevado número de peticiones rechazadas, en 2001 se decidió revisar de oficio los expedientes de quienes no habían podido acreditar su estancia en España antes de la fecha fijada y lograron regularizar su situación 36.000 personas más. El mismo año se celebró otro proceso extraordinario, pero solo pudieron acogerse a él los ciudadanos ecuatorianos. Benefició a más de 20.000.
El proceso de regularización más grande puesto en marcha durante los gobiernos de Aznar, se activó también en 2001 y fue la llamada "regularización por arraigo", que proporcionó documentación a más de 239.000 extranjeros.
Ese proceso fue superado en 2005 por la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició a casi 578.000 extranjeros, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por primera vez se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigió un contrato de trabajo firmado.
