La ley de amnistía general en Venezuela: un paso firme para desmontar el chavismo

• La medida beneficiará a condenados, procesados, en busca y captura y liberados de forma cautelar
• A su vez, abrirá la posibilidad de que se investiguen los casos de presuntas violaciones graves de DDHH

Lista con nombres de presos políticos que se encuentran recluidos, sobre la bandera de Venezuela REUTERS / Gaby Oraa

Venezuela programa su siguiente paso en el esperado proceso de transición. El anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para los presos políticos supone la nueva concesión del Gobierno chavista desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La medida no solo beneficiará la salida de los más de 700 presos que siguen retenidos en las cárceles del país caribeño, según varias ONG, sino que también exime de cualquier cargo a quienes han sido liberados con medidas cautelares a lo largo de los últimos años.

La intención del Gobierno es que "sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo", y que la norma sirva para "reencauzar la justicia" en el país y "la convivencia entre los venezolanos".

Muchos de los familiares que llevan semanas acampando frente a las cárceles esperando la liberación de los suyos han celebrado el anuncio: "No hemos visto salir a uno solo y ya necesitamos ver que las medidas que se están tomando sean puestas en práctica acá".

La ley debe ser aprobada todavía por la Asamblea Nacional, pero solo el anuncio ya supone un alivio para todos los que reclaman justicia.

¿Qué significa esta amnistía general?

Conforme al Código Penal venezolano, explica a RTVE Noticias el profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y abogado venezolano, Carlos Brito Siso, la amnistía general extingue la acción penal, pone fin a la ejecución de la condena y elimina todas las consecuencias penales derivadas del delito de los presos políticos desde 1999, la marca establecida por Delcy Rodríguez, lo que engloba toda la época chavista. La propuesta excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas o crímenes de lesa humanidad.

Afecta tanto a condenados, procesados y liberados de forma cautelar, cuyas imposiciones para su excarcelación eventual (exilio, silencio ante los medios, etc.) quedan también suprimidas. "Una persona amnistiada tiene libertad plena", remarca Brito.

El abogado venezolano aclara que todavía hay que conocer quién participará en la Comisión para la Paz y Convivencia Democrática, que determinará la implementación de la ley. Él pide que se centre en las víctimas que han sufrido todos estos años de represión, para reintegrarlas en la vida social.

Brito pone como ejemplo la ley especial de amnistía decretada en 2007 por Hugo Chávez, que benefició a más de 1.500 personas: incluyó a quienes participaron en el golpe de Estado de 2002, los participantes del Paro Petrolero (2002-2003) y personas involucradas en otras manifestaciones previas al decreto hasta el 2 de diciembre de 2007, que extinguió causas contra figuras que estaban en el exilio o bajo juicio, permitiendo su retorno o el cese de persecución.

Para el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, la liberación de presos políticos "no tiene por qué supeditarse a una ley de amnistía", de la que además todavía no se conoce qué va a contener y un Tribunal lo deberá conceder, ha explicado en el Canal 24 horas de RTVE.

Consecuencias inmediatas y a largo plazo

El profesor de la Complutense señala que en todos estos procesos la comisión debe centrarse en las víctimas "por la verdad, la justicia, la reparación y no repetición". Y para ello, una vez sean liberadas, estas personas podrán buscar justicia por el maltrato recibido.

"Esta medida no implica que los casos por violaciones de Derechos Humanos no se deban investigar, todo lo contrario, como parte de la justicia, las víctimas tienen derecho a que se investiguen los casos de presuntas violaciones graves de DDHH". De este modo, la aplicación de la amnistía podrá abrir el proceso para enjuiciar a las figuras del régimen que estuvieron detrás de las detenciones y los tratos ilegales.

El director de Foro Penal reafirma esta idea: "No puede servir como un manto de impunidad. Debe servir para el olvido de situaciones pasadas y presentes y para que no se repita". El objetivo, dice, es "generalizar la reconciliación y evitar que exista un sistema represivo que mantenga a los venezolanos con la soga en el cuello" y para ello pide "independizar las instituciones de Justicia".

La periodista venezolana Sabrina Tortora ha señalado en el Canal 24 horas que "la amnistía a todos los presos políticos era una de las condiciones imprescindibles para que, en efecto, podamos hablar de que Venezuela está viviendo una transición política". Según ella, el Gobierno chavista está haciendo concesiones que "antes de la caída de Maduro eran impensables".

Tortora se une al pensamiento de la líder opositora, María Corina Machado, de que la transición y la propia ley de amnistía es "producto de la presión real" de Estados Unidos, y esgrime que todos los factores actuales deben "coexistir con la entrada en juego de la oposición exiliada en el exterior".

¿En qué se convertirá El Helicoide?

Unido a la ley de amnistía, Delcy Rodríguez ha propuesto convertir la prisión de El Helicoide, que acumula denuncias por torturas y malos tratos desde hace décadas, en un centro de servicios sociales y deportivos. Se trata de una estructura de Caracas de la década de 1950, concebida originalmente como centro comercial, utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos.

Para Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional y mano derecha de Juan Guaidó, "hoy es un triunfo de los medios, de las víctimas que han denunciado El Helicoide como un centro de torturas que debe ser cerrado", ha dicho en el Canal 24 horas.

Marrero estuvo año y medio preso por orden directa de Maduro en marzo de 2019. Desde entonces ha denunciado el "hacinamiento, las condiciones insalubres, además de las torturas" que sufrió. Para él, ese centro no debe convertirse en un centro social, sino en "un museo de la dictadura", y recuerda que "el centro no es el que tortura, sino los funcionarios", y pide por ello que se destituya al fiscal general Tarek William Saab Halabi, quien ordenaba las detenciones.

En la misma línea, al profesor Brito no le resulta acertado concebir El Helicoide como un espacio de “diversión”, sino que debe transformarse en "un lugar de memoria y homenaje a las víctimas, a las personas privadas de libertad y a sus familiares, quienes también han sufrido las consecuencias de la represión". "La resignificación de los espacios donde se vulneraron derechos es una forma de reparación simbólica", explica.

Todos recalcan que El Helicoide no es el único centro de presos políticos y todos deben ser desmantelados, más allá de que este sirva como símbolo.

Según Marrero la presión de EE.UU. desde la captura de Maduro es "una medida de fuerza que está generando la transición", que defiende como "una quimioterapia, nadie quiere pasar por ella, pero es mejor que morir de cáncer", en referencia a que hay que aceptar que quien era vicepresidenta chavista de Maduro sea quien la lleve a cabo desde el poder.

"Vamos a por una solución definitiva que pueda desembocar en democracia", señala el exsecretario, quien reitera que "hay que ir desmontando la dictadura".

Reacciones en España

El Gobierno español ha celebrado este sábado la declaración de la ley de amnistía general y ha expresado su deseo de que entre en vigor con celeridad. "El Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad", indica un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"España anima a que la ley se concrete con rapidez", ha añadido Exteriores, antes de declarar que "España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa".

Horas antes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró la ley, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que considera que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España. Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada no nace de la "convicción", según ha manifestado este sábado en la red social X.