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La petición de información de la fiscalía belga sobre las cárceles españolas ha causado cierto estupor porque la situación de las de Bélgica suscita muchas críticas. Ignasi Guardans, exmilitante de Convergencia, ha recordado que el Observatorio Internacional de Prisiones denunció a principios de año su insalubridad. Los mayores reproches se produjeron a raíz de las huelgas de los funcionarios de prisiones del año pasado, que en algunos centros duraron más de dos meses. Según el El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, los reclusos estuvieron sometidos a condiciones inhumanas y degradantes. El propio Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que también depende del Consejo de Europa, ha dictado varias sentencias condenando a Bélgica por vulnerar los derechos de los presos, e incluso el Comité contra la Tortura de la ONU le ha dado toques de atención por el hacinamiento y las condiciones de higiene de las cárceles.

La Fiscalía de Bélgica ha pedido que se ejecuten las órdenes europeas de detención y entrega a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas durante la vista celebrada este viernes ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que debe tomar la decisión, según han explicado a los medios dos de sus abogados, Paul Bekaert y Christophe Marchand. Portavoces del Ministerio Público no han querido confirmar este extremo en una rueda de prensa posterior y se han limitado a informar de que el juez belga que examina el caso ha citado nuevamente a los investigados el 4 de diciembre para que hagan sus alegaciones.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatros exconsejeros fugados han acudido al Palacio de Justicia de Bruselas donde han sido citados por el juez belga que debe decidir sobre la orden de detención y entrega dictada por la Audiencia Nacional, por los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión por un supuesto delito de sedición, ha descartado sumarse a una lista electoral para las elecciones del 21-D. Mientras, el exconseller catalán, Toni Comín, se ha sumado a los que piden más tiempo para llegar a la independencia. Comín, uno de los que se encuentra en Bruselas con el expresidente Carles Puigdemont, ha admitido que no contemplaron la respuesta del Estado, y la obviaron del relato en el proceso independentista.

José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda, explica en Las mañanas de RNE la decisión de solicitar a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que investigue si el Govern tiró de fondos públicos en la preparación y celebración del 1-O. Esta petición incluye la campaña institucional difundida en la web de la Generalitat, los medios informáticos para el voto telemático, las aplicaciones para móviles e incluso el transporte de las urnas utilizadas ese día.

"Lo que queremos es que se clarifique el daño que se produjo al erario público y se depuren responsabilidades", dice. También se solicita que se realicen las acciones oportunas para determinar quiénes son los responsables y el importe de las indemnizaciones que proceda.

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