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El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha asegurado este martes que la actuación policial en Cataluña el día 1 de octubre demostró, en su opinión, que "el Estado español estaba dispuesto a todo, incluso a un baño de sangre para poder frenar la declaración de independencia o su implementación". Lo ha dicho en una entrevista en La Noche en 24.

  • El candidato propuesto por Puigdemont mantiene vivo el relato del 'procés'
  • Pide una reunión a Rajoy para resolver el conflicto de "gobierno a gobierno"
  • No obtendrá hoy la mayoría absoluta y tendrá que esperar a la segunda votación
  • Entonces solo necesita mayoría simple, pero todo está en manos de la CUP
  • Sigue en vivo y en directo el debate de investidura de Quim Torra

La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona ha denunciado a nueve profesores del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por humillar presuntamente e a alumnos hijos de guardias civiles tras el referéndum del 1 de octubre. La denuncia será instruida por el juzgado de instrucción número 3 de Martorell (Barcelona).

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PPAndrea Levy, ha puesto en duda en Las mañanas de RNE que no haya habido malversación de fondos públicos en el referéndum independentista del 1-O. "Permítame que yo dude de que no hayan gastado dinero público, porque utilizan todo lo que está a su alcance para, efectivamente, llevar a cabo su proyecto de construcción nacional y hemos visto que jurídica, política y socialmente ha estado condenado al fracaso", ha argumentado.

Nuevos registros en la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat. Forma parte de la causa que investiga la implicación de altos cargos del Govern en la consulta independentista del 1 de octubre. El motivo del registro es la contratación de observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil cifra en casi 120.000 euros

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los actos "vandálicos" que están llevando a cabo en los últimos días los autodenominados Comités de Defensa de la República en Cataluña -con cortes de carretera y ocupación de varios peajes de autopistas- para ver si son constitutivos de rebelión, malversación u otros delitos contra el orden público.

  • Puigdemont está procesado por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales
  • Ninguno de los dos delitos figura en el listado de 32 que aparece en la euroorden
  • El juez del Supremo Pablo Llarena ha marcado la casilla del delito de "corrupción"
  • Berlín no vetará la extradición de Puigdemont si se produce, según Der Spiegel

Los 25 procesados idearon una minuciosa estrategia para imponer la independencia a sabiendas del "grave riesgo" de "incidentes violentos". Es lo que dice el auto en el que el juez Llarena asegura que Puigdemont, Junqueras y el exconsejero Forn incorporaron el estallido social a su actuación criminal.

Por eso les acusa de rebelión, junto con otros 6 exconsejeros, la expresidenta del Parlament, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart y la dirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Los 13 -dice el auto- llevaron a cabo un ataque al Estado Constitucional "sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". Y compara el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía con una "toma de rehenes".

  • El Supremo ha procesado a 25 de los 28 investigados por el 'procés'
  • 13 serán encausados por rebelión, con penas de más de 30 años de cárcel
  • El juez ve "hechos de gravedad inusitada y sin parangón" en ninguna democracia
  • Apunta a que Puigdemont, Junqueras y Forn sabían que el 1-O habría violencia
  • Destaca el papel básico de 'los Jordis' y la "desobediencia incansable" del Parlament

La Guardia Civil registra este jueves por orden judicial el departamento de Presidencia de la Generalitat, concretamente el despacho del secretario de Difusión y Atención al Ciudadano, Antoni Molons, que ha sido detenido para el registro y su toma de declaración; además de la sede Òmnium Cultural en Barcelona, según han confirmado a TVE fuentes de la investigación.