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Referéndum en Cataluña

Independencia de Cataluña: las claves del Desafío al Estado

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Ciudadanos ondeando esteladas durante la última Diada.
Ciudadanos ondeando esteladas durante la última Diada. EFE

Las fuerzas independentistas de Cataluña materializaron el 6 y 7 de septiembre su total desafío al Estado con la aprobación de la ley del referéndum y la principal de las leyes de desconexión- la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república-; y con la firma del decreto de convocatoria del referéndum con la rúbrica del presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto del Govern.

Desde entonces, el Estado de derecho ha respondido con una oleada de querellas y decisiones judiciales, políticas y policiales que tratan de parar la votación sin garantías del referéndum en Cataluña.

Instalada en la desobediencia, la Generalitat de Cataluña sigue adelante y no otorga legitimidad ni al Tribunal Constitucional, ni a la Fiscalía ni al Gobierno.

En una escalada creciente de la tensión, ha habido detenciones de altos cargos de la Generalitat, Puigdemont ha acusado al Estado de aplicar de facto el "estado de excepción", mientras que el Gobierno ve al Govern como un "peligro para la democracia". Todo ello en un escenario previo al 1-O con protestas en la calle a favor del referéndum y a favor de la unidad de España y con avisos a Carles Puigdemont por parte del fiscal general del Estado, que no descarta su detención.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó la riendas de la investigación, que llevaba la Fiscalía, con una orden clara a los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil: el precinto de los locales públicos en los que la Generalitat pretende que se vote el domingo 1 de octubre. Los Mossos alertan que estas medidas pueden llevar a "alteraciones del orden público".

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en la Generalitat.

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en la Generalitat. EFE

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para frenar el desafío?

Tras la aprobación de las leyes de referéndum y de desconexión de España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración institucional desde La Moncloa, quiso dejar claro que no habrá referéndum y que su Gobierno no descarta "nada" para impedir una consulta "ilegal". Solicitó inmediatamente la nulidad de la convocatoria del referéndum al Tribunal Constitucional y pidió el apoyo al resto de fuerzas políticas: "Jamás en nuestra historia reciente hemos sufrido un ataque así a nuestro pacto de convivencia". En una segunda declaración institucional, el presidente dejó claro que "cada ilegalidad tendrá su respuesta firme, proporcionada y rigurosa".

El Gobierno pide al Constitucional que anule todas las leyes aprobadas por el Parlamento catalán

La medida más contundente por parte del Ejecutivo 'popular' es el control de las cuentas catalanas y la asunción del pago de los servicios básicos de la Generalitat para evitar desvíos de fondos públicos al referéndum. Además, el Ministerio de Interior ha asumido la coordinación de los Mossos d'Esquadra de cara al 1-O, aunque puntualiza que eso no significa que le retire las competencias.

Medidas que Puigdemont considera la aplicación de facto del artículo 155 de la Constitución. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha hecho uso de este artículo como ultimo recurso para impedir el referéndum, pero no se descarta una aplicación posterior para evitar la declaración unilateral de independencia. El PP ha pedido dejar de demonizar este arma legal del ordenamiento jurídico. En este punto, el Gobierno sólo tiene total apoyo por parte de Ciudadanos, el único partido que le ofrece un apoyo sin fisuras ante cualquier decisión que tome para frenar la deriva soberanista.

El PSOE, por su parte, pasó de un rotundo 'no' a su aplicación a un "decidiremos en función de las circunstancias" hasta llegar a una matización por parte del secretario general, Pedro Sánchez, que fijo de nuevo la posición de rechazo: "No contemplamos la aplicación del 155".

Podemos no apoya las medidas ejecutadas por el Gobierno y sigue apostando por un referéndum legal. Ante las detenciones de miembros del Govern habló de "presos políticos" y considera el 1-O una "movilización legítima".

¿Cómo ha actuado la Justicia? ¿a qué se enfrentan los que desobezcan?

El Tribunal Constitucional suspendió el referéndum un día después de su convocatoria oficial y pidió la notificación personal de su decisión a más de mil cargos públicos- de la Generalitat, del Parlament y los 947 alcaldes catalanes-.

El juzgado de instrucción número 3 de Barcelona ordenó el pasado 20 de septiembre las primeras detenciones por la organización de la consulta. Así, catorce personas, entre ellos el número dos de Oriol Junqueras, fueron arrestadas por la posible comisión de delito de malversación de fondos públicos.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite dos querellas presentadas por la Fiscalía contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, el resto del Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de las leyes de desconexión acusados de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Este último delito implica responsabilidades penales y los cargos públicos se enfrentan a penas de hasta ochos años de prisión e inhabilitaciones absolutas de hasta 20 años. Precisamente por la consulta del 9N de 2014, también suspendida por el Tribunal Constitucional, el expresidente Artur Mas está condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia.

En el punto de mira de este proceso, por tanto, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y el resto del Govern, pero también los más de 700 alcaldes independentistas e incluso los funcionarios públicos catalanes que se enfrentan, si colaboran y facilitan la consulta, a esas responsabilidades penales con prisión.

Los alcaldes están siendo citados a declarar por orden de la Fiscalía General del Estado, que ha dictado detención para aquellos que no se presenten.

Por otro lado, la Audiencia Nacional investigará si hubo delito de sedición en las protestas convocadas en Cataluña el día de las detenciones de altos cargos del Govern.

El alcalde de Oliana (Lleida), Miquel Sala, junto al alcalde de alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, a su llegada a los juzgados.

El alcalde de Oliana (Lleida), Miquel Sala, junto al alcalde de alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, a su llegada a los juzgados. EFE

Esta ofensiva jurídica ha sido contestada por la Generalitat de Cataluña, que ha presentado querellas contra el fiscal general del Estado, José Ángel Maza, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respectivamente, por prevaricación y usurpación de funciones, al entender que han actuado "fuera de la ley" y con "abuso de derecho" para impedir la celebración del referéndum. También ha anunciado un recurso contra el auto de la juez del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenando a las fuerzas de seguridad el precinto de los colegios electorales. Una medida que considera "desproporcionada", y que vulnera, en opinión del Govern, "los derechos de los ciudadanos que quieren votar".

¿Qué órdenes tienen los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional?

Los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen así órdenes directas de precintar colegios electoralesrequisar urnas y evitar la "consumación del delito". Incluso las policías locales catalanas tienen orden de investigar cualquier actuación encaminada a organizar la consulta.

La Guardia Civil ha intervenido ya cerca de 10 millones de papeletas, además de diferente material electoral en una nave del municipio barcelonés de Bigues i Riells.

En las últimas semanas se han registrado, además de dependencias de la Generalitat, varias empresas de Barcelona, Sabadell, Montcada i Reixac y Sant Adrià de Besòs donde se han intervenido mas de 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos sobre el referéndum.

Carteles requisados del referéndum del 1-O.

Carteles requisados del referéndum del 1-O. EFE

Se han inspeccionado también imprentas de Sant Feliu de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat, además del semanario El Vallenc de Valls, de Tarragona, cuyo director fue llamado a declarar. Todo ello con el fin de requisar material susceptible de ser utilizado para la consulta independentista.

Una consulta sobre la que mantienen un pulso sin precedentes el Gobierno, que dice evitará un acto "ilegal"; y el Govern, que insiste día tras día que "nadie impedirá la votación".

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