La Fiscalía pide siete años de prisión para Jové y seis para Salvadó por malversación agravada en la organización del 1-O

• En su escrito ante el TSJC, descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada
• También pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natalia Garriga, por desobediencia grave

La Fiscalía pide prisión para los 'arquitectos' del procés

La Fiscalía pide siete años de cárcel para el diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové y seis y tres meses para el actual presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O. Ambos dirigentes de Esquerra está considerados como los arquitectos del referéndum ilegal convocado en 2017, que condujo a la declaración unilateral de independencia.

En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

De esa forma, Jové, quien fue exsecretario de Vicepresidencia con Oriol Junqueras, se expone también a una pena de 32 años de inhabilitación y 30.000 de multa, mientras que Salvadó, exsecretario de Hacienda, afronta 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000.

El escrito también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

La Fiscalía pide un año de inhabilitación para consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga. David Zorrakino / Europa Press

Detenidos por la Guardia Civil

Los tres cargos de ERC, que fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum del 20 de septiembre de 2017, esperaban poder beneficiarse de la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno con el apoyo del partido republicano.

Sin embargo, la Fiscalía ha optado por imputarles el delito de malversación que no se ha modificado en la reforma -con penas de hasta 12 años de prisión, en vez de los 4 como máximo previstos en la nueva malversación atenuada-, lo que ensombrece las perspectivas de la veintena de ex altos cargos del Govern que han sido procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por presunto desvío de fondos para organizar el 1-O.

El ministerio público descarta, eso sí, acusar a Jové y Salvadó por el delito de revelación de secretos por el que los procesó el TSJC, que acarrea penas de prisión de hasta cinco años, y pide que se les condene a devolver a la Generalitat los 754.920 euros presuntamente desviados.

Aragonés lo califica de "venganza contra el independentismo"

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), ha denunciado que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo", y ha recordado que "trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito".

"Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo. Siempre a vuestro lado, Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó", ha escrito Aragonès en un mensaje en su cueta de Twitter para mostrar su apoyo a esos exaltos cargos de la consellería de Economía en 2017.

Por su parte, Nàtalia Garriga ha advertido de que el sistema judicial español "no hace justicia, hace política". "El escrito que hemos conocido reafirma lo que hace tiempo que denunciamos: estamos ante una causa general contra el independentismo", ha asegurado la consellera de Cultura en un tuit. "No reculamos, continuamos trabajando", concluye el mensaje.

Más contundente ha sido Josep María Jové, que ha estallado a través de las redes: "¡Miserables, malas personas y... (sobre todo) MUCHA COBARDÍA", ha escrito el ex secretario general de Economía y Hacienda en 2017. "¡Siempre de cara ante la represión! Porque lo que hicimos, hacemos y haremos lo hicimos por principios democráticos y de libertad".

Esquerra, a través de la cuenta oficial del partido, también ha lamentado que "se vuelve a hacer evidente la arbitrariedad, la injusticia y la persecución que vivimos los independentistas. Hacer un referéndum no es delito. Estamos con vosotros".

Sánchez: "Se ha roto la dinámica de bloques en Cataluña"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su respeto a la decisión de la Fiscalía y ha reiterado su defensa de la política impulsada para lograr la convivencia en Cataluña.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes junto al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, con motivo de su visita a este país para preparar la presidencia española de la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo no ha querido realizar ningún comentario sobre la decisión pero ha aprovechado para insistir en su reivindicación de la labor de su Gobierno para lograr la convivencia en Cataluña. "Se ha roto la dinámica de bloques, y eso es bueno para la sociedad catalana tras la situación dramática que se vivió en 2017", ha subrayado. A su juicio, nadie duda de los beneficios de esta política salvo los "beligerantes".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que demuestra una vez más que el Ejecutivo no ha desjudicializado los hechos. "Desde el Gobierno siempre dijimos que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023. Quizá la pregunta hoy sería para los que dijeron que con la reforma del Código Penal se despenaliza estos hechos", ha afirmado Bolaños a preguntas de los medios de comunicación.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a este asunto y ha calificado de "buena noticia" la petición de la Fiscalía. "Me alegro de que el Gobierno se haya equivocado y no pueda darle a los independentistas lo que le exigían para aprobar el presupuesto", ha afirmado el jefe de la oposición en una comparecenia en La Palma.