Sánchez cumple ocho años como presidente en un momento crítico para su Gobierno por la corrupción y la falta de apoyos
- En 2018 se erigió presidente por moción de censura contra la "corrupción" de Rajoy con 180 votos
- Se muestra dispuesto a seguir "hasta 2027 y más allá" y carga contra la "derecha marrullera" que quiere "derribarle"
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Hace exactamente ocho años, Pedro Sánchez hacía historia en la democracia al convertirse en el primer presidente del Gobierno mediante una moción de censura. Sánchez tumbaba así al Ejecutivo de Mariano Rajoy, motivado por la sentencia que condenaba al PP por lucrarse de la Gürtel. Pero ahora, es él el que se enfrenta al momento más crítico de su mandato con los múltiples casos de corrupción que salpican a su partido y a su Ejecutivo, alcanzando incluso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, todo un referente y activo electoral para el PSOE.
El 1 de junio de 2018, Sánchez logró el voto afirmativo de 180 diputados (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias), cuatro más que la mayoría absoluta. Pero ha perdido mucho desde entonces. A día de hoy, ni siquiera tiene mayoría parlamentaria, ya que Junts rompió con el Ejecutivo en octubre del año pasado y está clamando por unas elecciones. Igualmente el PNV, socio prioritario para el PSOE, ha dado por acabada la legislatura e insta a Sánchez a adelantar las generales, lo mismo que el expresidente del Gobierno Felipe González y Emiliano García-Page, que sigue siendo la voz más crítica dentro del Partido Socialista.
Podemos, que fue clave para negociar con los partidos el apoyo a Sánchez en la moción y se convirtió en socio de coalición, da directamente al Gobierno por "enterrado". Y Coalición Canaria ha instado a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y le ha dicho que, si se ve incapaz de legislar, dé un paso al lado.
Y es que Sánchez ni siquiera ha podido sacar adelante unos presupuestos en lo que va de legislatura y en estos tres años ha visto cómo el Congreso ha tumbado algunas de sus leyes estrella, como la reforma de los subsidios por desempleo o el impuesto permanente a las energéticas y a la banca. Otras muchas propuestas ni siquiera han llegado al Congreso ante la previsión de fracaso.
Y en el resto de socios se expande el desánimo al ver cómo los casos afectan también a la credibilidad de la izquierda. Sumar, socio de coalición, y ERC mantienen como 'línea roja' que exista una financiación ilegal en el PSOE, pero lo cierto es que la imagen de los agentes de la UCO de la Policía entrando en la sede de Ferraz la semana pasada y buscando pesquisas relacionadas con la exmilitante Leire Díez por más de 12 horas no resultaba tranquilizadora.
Los casos de corrupción se suceden y agravan desde 2024
Son muchos los frentes que tiene Pedro Sánchez en materia de corrupción desde que estalló el caso Koldo en febrero de 2024, aunque en ninguno él aparece implicado. Dos de las personas de su máxima confianza han pasado ya por prisión preventiva. Uno de ellos, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien tuvo un papel fundamental en el éxito de Sánchez en las primarias de 2017 y que introdujo a Koldo García, también en prisión, en el ámbito del PSOE. Cerdán obtuvo la libertad condicional en noviembre tras cinco meses.
Cerdán, como se encarga la derecha en recordar, ha sido decisivo para que Sánchez esté a día de hoy en el poder. Una imagen que pasará a la historia es la del ex secretario de Organización socialista negociando con el mismísimo Carles Puigdemont (Junts) la ley de amnistía que era condición para la investidura de Sánchez en 2023, pese a que en las elecciones había rechazado que fuera a conceder la medida de gracia a los independentistas.
La otra persona es José Luis Ábalos, que era uno de sus más fieles antes incluso de las primarias de 2017. Fue él mismo quien defendió en el Congreso la moción de censura a favor de Sánchez un año después y, siendo secretario de Organización del PSOE, fue nombrado ministro (tildado como "superministro" por el poder que tenía en el Gobierno y el PSOE) de Fomento en el primer gobierno de Sánchez, que decidió prescindir de él ante sorpresa de la prensa y la ciudadanía en la remodelación de gobierno de 2021, antes de su imputación en el 'caso Mascarillas' en noviembre de 2024. A día de hoy sigue en prisión preventiva y está pendiente de la sentencia.
Pero el mayor mazazo para Sánchez hasta la fecha ha sido la reciente imputación de Zapatero por el rescate Plus Ultra. Son más de 4.000 páginas en el sumario del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y dos informes de la UDEF de la Policía Nacional que sitúan al expresidente a la cabeza de una red organizada de tráfico de influencias a cambio de comisiones. Está acusado de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Sánchez y el PSOE mantienen su respaldo inquebrantable al expresidente del Gobierno, su mayor activo electoral y que dio un impulso a la campaña de Sánchez en 2023 a raíz de sus entrevistas y mítines. Pero ya antes en el Gobierno pusieron reiteradas veces la "mano en el fuego" por "Super Santos Cerdán" y se acabaron quemando. Está por ver qué sucede esta vez.
Mientras, otro caso grave es el vinculado a la militante socialista Leire Díez, a quien supuestamente Cerdán habría encargado torpedear las investigaciones judiciales hacia el PSOE. El 'caso Leire' es el que motivó precisamente la entrada de la UCO en Ferraz. Y no hay que olvidar tampoco la condena de inhabilitación del Supremo al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el año pasado por las filtraciones relativas a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y el entorno familiar de Sánchez no se escapa de la sombra de la corrupción, con el procesamiento de Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos (la imputación llevó al presidente a tomarse cinco días de reflexión sobre si debía o no seguir en el Ejecutivo). Y el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta ya a juicio por su contratación por la Diputación de Badajoz.
Entretanto, no solo la reputación del Gobierno y el PSOE está afectada por la corrupción, sino también por su "falso feminismo", según la derecha, después de conocerse una supuesta fiesta con prostitutas de Ábalos en el parador de Teruel o los distintos casos de acoso de dirigentes socialistas como el de Paco Salazar, que estalló justo cuando éste iba a ser nombrado miembro de la nueva Secretaría de Organización tras la destitución de Cerdán.
Sánchez, dispuesto a seguir contra viento y marea, acusa a la "derecha marrullera"
Sánchez insiste en que en el PSOE se ha actuado siempre con "contundencia" ante la corrupción. En 2018 dijo que venía a "regenerar la política". Apenas siete días tras conformar su nuevo gobierno, dimitió su primer ministro, Maxim Huerta (Cultura), tras conocerse que en el pasado había sido sancionado por un fraude a Hacienda. Poco después lo hizo Carmen Montón (Sanidad), por supuestas irregularidades en un máster. El relato entonces era que ese iba a ser un gobierno "ejemplar".
Ocho años más tarde, el relato ha ido cambiando. Los socialistas insisten en que siempre han actuado cuando se han conocido casos de corrupción, pero ahora cargan contra la "derecha marrullera" política, mediática e incluso judicial y denuncian una operación para derribar al Gobierno.
"No vamos a permitir que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar el Gobierno progresista con sus malas artes", decía este domingo Sánchez en el Congreso de las Juventudes Socialistas, prometiendo "contundencia" ante los "infundios". Admitía, eso sí, "tropiezos" en el partido, porque el PSOE es "un proyecto humano": "Pero nunca damos la batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos".
Se espera que dé un discurso en estos términos en su comparecencia en el Congreso a petición propia previsiblemente a finales de mes, tras la declaración ante el juez de Zapatero, prevista para el 17 y 18 de junio.
El más activo en este relato es el sucesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, que ha hablado incluso de "métodos no democráticos" para derribar al Gobierno a raíz de las últimas investigaciones judiciales y policiales.
Y mientras tanto, Sánchez sigue decidido a gobernar "hasta 2027 y más allá". Insiste en que necesita "tiempo" para consolidar los avances y cumplir con su agenda y presume de logros cuando España "vive su mejor momento".
No ocurre eso en el PSOE, que vive uno de sus peores momentos no solo por el daño reputacional de la corrupción sino también porque ha ido perdiendo poder territorial elección tras elección desde 2019 (con excepciones como Cataluña, La Rioja y el País Vasco), por más que Sánchez ha ido lanzando a sus ministros a la carrera electoral autonómica.
Feijóo hará "todo lo posible" para cambiar el Gobierno pero no se atreve a una moción
En este contexto, y con Sánchez determinado a seguir, lo único que podría hacerle caer antes de llegar a las generales de 2027 es, irónicamente, una moción de censura como la que él mismo impulsó contra Rajoy.
Pero el PP, que es el único con potestad constitucional actualmente para hacerla, no va a dar el paso hasta que no tenga el apoyo claro de los socios de Sánchez o una mayoría parlamentaria asegurada.
"Haré todo lo posible para cambiar el Gobierno. Y cuando digo todo, es todo", decía la semana pasada el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, los 'populares' trasladan la responsabilidad de una moción de censura a los socios de Sánchez y, en especial, al PNV. "Nosotros estaremos a la altura", decía el portavoz Borja Sémper al respecto. El secretario general del PP, Miguel Tellado, iba más allá y exigía "responsabilidad" a los nacionalistas vascos ya que "por su culpa" el país vive esta situación, porque dieron el "poder" a Sánchez en 2018 y en las elecciones sucesivas.
Pero la formación 'jeltzale' no quiere sumar sus votos a Vox, imprescindibles para que prosperase una hipotética moción del PP, y espera que Sánchez convoque un adelanto por sí mismo. Y algo similar ocurre con el partido de Puigdemont. Los de Santiago Abascal, por su parte, condicionan su apoyo a una moción de censura a que Feijóo convocara elecciones de inmediato porque no están dispuestos a hacerle presidente.
Por ahora, el jefe del Ejecutivo permanece inmune a la actualidad judicial y a las críticas de la oposición, y así lo dejaba ver este domingo ante las juventudes socialistas: "Ser presidente del mejor país del mundo es un honor. Ser secretario general del PSOE, que hace a nuestro país más grande, es el mayor orgullo que se puede tener. A por ellos". Está por ver si algo cambia en los próximos meses.
