Colombia vota este domingo en medio de la peor crisis de violencia en años
- En las últimas semanas se han registrado 3.100 actos violentos
- Varios candidatos denuncian amenazas y hasta planes de asesinato
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Colombia es un país acostumbrado a la violencia. Más de 60 años de conflicto armado ha dejado en muchas mentes la idea de que este es un país donde la paz no es posible aunque su Constitución dicte que es "un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". En el departamento del Cauca lo saben bien. Hace apenas unas semanas, las disidencias de las FARC cometieron una atentado terrorista en una carretera que dejó 21 civiles muertos.
Fue el aviso que lanzó este grupo armado que se negó a seguir aquel acuerdo para desmovilizar a la guerrilla de las FARC hace diez años, un pacto que dio esperanzas para muchos que vieron cómo durante un breve espacio de tiempo, el país podía soñar con la calma. Pero la guerra sigue. Esta semana, los combates entre dos de los antiguos miembros de las FARC se ha saldado con al menos 50 muertos en el amazónico Guaviare y varios soldados han resultado heridos por un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Son los titulares de que algo no funciona y marcan una tendencia que no es buena.
Si las elecciones de 2018 fueron calificadas como “las más pacíficas en la historia”, las de 2026 van camino de convertirse en las más violentas. La campaña empezó hace un año de la peor manera posible con el asesinato, mientras pronunciaba un discurso en un parque de Bogotá, del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El crimen llevó de vuelta a aquellos años 80 y 90 en los que fueron varios los aspirantes a presidente que perdieron la vida a manos de cárteles y organizaciones paramilitares.
Durante la campaña se han registrado varios asesinatos de líderes locales vinculados con aspirantes presidenciales como ha denunciado la campaña del abogado ultraconservador Abelardo de la Espriella, que ha aparecido en muchos actos detrás de una mampara protectora al asegurar que había un plan para asesinarlo mediante francotiradores. Paloma Valencia, otra de las principales candidatas, denunciaba el hostigamiento a su partido y al expresidente, Álvaro Uribe, mientras el progresista Iván Cepeda criticaba abiertamente que varias bandas criminales intenten influir en la campaña.
Control de los grupos armados
“Los grupos armados juegan a controlar el territorio. Han pasado de impedir que se votara a fomentar la votación en el sentido que crean que les pueda interesar, presionando para que voten a un candidato o evitando que otro reciba sufragios”, explica Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que señala a RTVE que en su más reciente informe alertaron del riesgo que conllevará ir a votar en muchos sitios.
“Incluso en algunos barrios de ciudades capitales, irán a votar con miedo después de un repertorio de violencia, de amenazas, de intimidación con panfletos o mensajes de WhatsApp. Incluso en las últimas elecciones varios drones sobrevolaron los puestos de votación y eso ya en sí es una forma de amedrentar sobre todo en los territorios”, añade.
“Antes intentaban sabotear las elecciones, ahora se han dado cuenta de que es mejor cooptar al Estado a través de mecanismos de presión más sutiles que un atentado para que la población civil sepa cómo deben votar”, asegura Chacón, que destaca el informe del ICP que apunta a que en las pasadas elecciones al Congreso del mes de marzo más de 300.000 votos se registraron en urnas con cifras anómalas. “Puede parecer poco, pero hace cuatro años Gustavo Petro ganó por apenas 700.000 votos, así que son cifras que nos preocupan”, señala.
Un tercio de los municipios, en riesgo electoral
El riesgo electoral existe en varios de los departamentos y en tres la alerta es extrema, según el informe de la organización civil Misión de Observación Electoral (MOE) que apunta a más de 3.100 actos de violencia política entre asesinatos, amenazas, presiones, hostigamiento e incluso desplazamiento forzado de población. Un tercio de los municipios tiene algún tipo de riesgo sobre todo por la amplia presencial de las bandas criminales.
“Ha existido una eclosión importante de los grupos armados que operan en el territorio que afecta a las zonas donde coinciden economías ilegales y territorios en disputa”, explica Diego Rubiano, coordinador del observatorio político de la MOE. Sin embargo, para el general retirado de la Policía y exvicepresidente, Óscar Naranjo, el momento actual recuerda a otros ya vividos anteriormente.
“Cuando hay elecciones, estos grupos armados actúan para despedir al gobierno, al que siempre califican de traidor por no haber alcanzado acuerdos con ellos y también aprovechan para dar la bienvenida al nuevo ejecutivo dando un golpe de fuerza, diciendo que aquí están y que el nuevo presidente les debe tener en cuenta”. Naranjo es probablemente uno de los policías que más sabe de lucha contra la delincuencia organizada ya que ha ocupado cargos de relevancia en la lucha contra cárteles de la droga, guerrillas y paramilitares y negoció el acuerdo con las FARC.
Apunta a que lo que ha cambiado es el tipo de grupo armado y añade que “si antes eran guerrillas que tenían un componente político e insurgente, ahora estamos ante una realidad de bandas que quieren ejercer gobernanza criminal basada exclusivamente en sus economías ilegales. Son grupos que, sin ser políticos, ejercen la política local de alguna manera sometiendo a las poblaciones y son un gran desafió para Colombia y también para América Latina”.
Una polarización violenta
La violencia es un problema de gran magnitud porque es tangible. Pero las organizaciones civiles apuntan también a la polarización política y a las dudas que han implantado en la sociedad algunas de las campañas. Con insultos constantes de uno a otro lado. A Iván Cepeda se le suele tildar de guerrillero y desde su campo se habla de Abelardo de la Espriella como de un fascista.
A Paloma Valencia se le vincula con el paramilitarismo por sus relaciones familiares y lazos con el expresidente Uribe. Todo colabora en crear un caldo de cultivo en el que el campo de batalla se traslada a la política y a las conversaciones en las calles.
“El debate político está altamente permeado por esquemas de desinformación y se basan en varias narrativas que apuntan a generar desconfianza en el proceso electoral y a la normalización de los ataques e insultos entre las candidaturas, explica Diego Rubiano. El general Naranjo va más allá y advierte de que “la polarización en las calles está provocando una fragmentación social y eso llevará a Colombia a la destrucción. Si algo deberíamos pedirle a los candidatos y a los electores es establecer y cumplir la regla mínima en democracia que es el respeto para asegurar convivencia”. Solo falta comprobar qué pasará cuando el recuento de este domingo dicte sentencia.
