Pablo Bustinduy

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha defendido en RNE que todas las prórrogas que expiraran desde que se promulgó en el BOE el decreto-ley hasta final de 2027— y que se hayan solicitado con la norma en vigor— son válidas y obligatorias. Según el ministro, la mayoría de juristas y organizaciones de consumidores tienen esta misma interpretación sobre la norma, rechazada el 28 de abril en el Congreso.

En este sentido, Bustinduy ha asegurado que "hará lo que haga falta" para sacar esta norma adelante. Sostiene que las demandas de Junts eran "matizaciones marcadamente políticas", pero que no impiden llegar a un acuerdo, aunque todavía no marca un plazo para conseguirlo.

Por otra parte, el ministro de Derechos Sociales, ha dejado clara su posición con respecto a liderar el nuevo espacio político de las izquierdas. Confirma que no tiene planteado presentarse, ya que "lo mejor que puede hacer para aportar a que la izquierda esté a la altura, es hacer lo que está haciendo ahora", es decir, seguir al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

De igual manera, Bustinduy no ha querido hacer valoraciones sobre la lucha por el liderazgo en Más Madrid, entre Mónica García y Emilio Delgado.

• Bustinduy confirma que las prórrogas de alquiler ya pedidas siguen vigentes hasta finales de 2027
• El ministro prioriza la agenda social y descarta liderar la izquierda: "Me importa más la vivienda al 200%"

El Congreso ha tumbado este martes el decreto de prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de la subida anual al 2%. PP, Vox y Junts han votado 'no', mientras el PNV ha decidido abstenerse, en un Pleno en el que la única sorpresa ha venido por una protesta en la tribuna de invitados del Hemiciclo.

El ministo de Consumo, Pablo Bustinduy, ha sido el encargado de defender el texto, cuyo destino ya estaba escrito antes del debate. Los de Sumar han señalado al PSOE, su socio en el Gobierno, como uno de los responsables de que decaiga, por no estar suficientemente implicado en que saliera adelante.

Foto: Matias Chiofalo / Europa Press

• Está dispuesto a aceptar algunas condiciones Junts, como la recaudación del IVA por parte de algunos autónomoas
• Junts insiste en que votará 'no' al decreto, que será previsiblemente tumbado este martes en el Congreso

• La ministra de Vivienda confía en "negociar hasta última hora" para conseguir los apoyos que necesita
• Critica la posición del PP: "Han decidido ser irrelevantes y cederle el protagonismo a Junts"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts que permita la convalidación este martes en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta.

Bustinduy ha explicado, en una entrevista en TVE, que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral.

• Los ministros de Sumar han participado en un acto de la coalición de izquierdas Por Andalucía en Sevilla
• En directo: Elecciones Andalucía 2026, la jornada electoral minuto a minuto

Eran las seis de la mañana del 14 de abril de 1931 cuando en la Plaza Unzaga de Eibar se proclamaba la Segunda República. Hoy, 95 años después, esa misma plaza ha acogido un homenaje en el que han participado miembros del Gobierno central, entre ellos el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En su intervención, Bustinduy ha recordado a un familiar, el eibarés Gregorio Bustinduy, concejal de Izquierda Republicana que estuvo presente en aquel momento histórico.

El ministro ha reivindicado la memoria democrática, ha rechazado la guerra y la violencia como respuesta a los conflictos y ha destacado a Eibar como ejemplo de lucha por la libertad, la democracia y el constitucionalismo frente a la barbarie y la represión.

Foto: Javier Etxezarreta/EFE

• El ministro de Consumo también cuestiona a Vox y a Hazte Oír por su silencio sobre la polémica
• Trump dice que León XIV es "terrible en política exterior" tras criticar la guerra y el papa defiende su "obligación moral"

• Turull: "Hay que acabar con las moratorias y las prórrogas"
• Bustinduy, al PP: "Sería un gravísimo error votar contra la prórroga de los alquileres"

• Tras cometer seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar los derechos de los consumidores
• Las multas van desde un millón de euros a los 10.000

• Los inquilinos pueden pedir una prórroga de los contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y diciembre de 2027
• Bustinduy se muestra confiado en que el Gobierno obtendrá los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso

• Saiz asegura que "no estuvo sobre la mesa" una ruptura con Sumar y Díaz lo califica de "batalla pequeña"
• El PP cree que el decreto con el paquete de medidas que se vota este jueves "se queda corto"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes para sacar adelante el decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán pese al retraso que provocó en el inicio de la reunión la negativa de los ministros de Sumar, entre ellos él mismo, a entrar si en los acuerdos no se incluía un decreto sobre vivienda con la prórroga de los contratos de alquiler: "La negociación fue dura y larga pero el resultado fue positivo", ha asegurado el ministro que considera que es un "síntoma de salud democrática" y que ahora "toca pelear para construir esa mayoría en el Congreso convalidar esos dos decretos leyes". Como resultado de esa negociación, ha dicho que el Gobierno "estuvo a la altura" y que para eso "sirve que la izquierda esté en el Gobierno, para defender los intereses de la clase trabajadora". Preguntado por la sanción de 64 millones a la plataforma de alquileres Airbnb —después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizarla — ha dicho que es un paso "importante", que manda "una señal respecto de los márgenes de beneficios", que "ninguna empresa esta por encima de la ley los derechos de los consumidores" . Y sobre el liderazgo en Sumar, después de que Yolanda Díaz haya anunciado que no se volverá a presentar como candidata, ha dicho que en estos momentos lo prioritario es "centrarse" en la "pelea por el derecho a la vivienda" para darle dos años de estabilidad a las personas con los contratos congelados. "La izquierda a eso y después conforme consigamos esta serie de pasos adelante, será mas fácil", ha asegurado. Foto:  EFE/Rodrigo Jiménez.

• La alianza de partidos, que se refundó en febrero, sigue sin candidato tras el paso al lado de Díaz
• Por el momento se han descartado para encabezar la lista a las generales Bustinduy y Urtasun

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha descartado como el candidato de la nueva coalición que preparan los aliados de Sumar para las elecciones generales. Su nombre había sonado como sucesor de Yolanda Díaz. En Sumar dicen que no se lo habían propuesto y que seguirán buscando a la persona adecuada.

Imagen: Photogenic/Claudia Alba / Europa Press

• La restricción se ampliará a menores de 18 en las bebidas con más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros
• Un 90% de la población española está a favor de esta medida, según un barómetro reciente de la Aesan

• Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes lanzan su refundación: "Somos un proyecto ganador"
• Evitan hablar de liderazgos de cara a las generales y responden a la propuesta de Rufián:

• Se aplicará en emergencias recogidas en el decreto ley y solo podrá ampliarlas el Consejo de Ministros
• La medida quiere evitar que se dispare el precio de transportes y alojamiento

• Lo ha afirmado en París tras reunirse con el economista francés Gabriel Zucman, defensor de una tasa a los ultrarricos
• Lo enlaza con la propuesta de Sumar para que el Estado pague 200 euros al mes por cada hijo menor de edad a cargo

• Bustinduy ha anunciado este lunes que seis de las siete plataformas intermediarias han borrado sus anuncios
• La petición se ha acogido al real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio de Gaza de septiembre de 2025

El ministro de ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que seis plataformas de alojamientos turísticos han retirado 108 anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupado por Israel, que supone casi el 80% del total de lo requerido por el departamento gubernamental el pasado diciembre de 2025.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, el ministro ha señalado que se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los 30 anuncios restantes, ya que son 138 la oferta exigida a suprimir. Además, esta restricción no solo ha afectado a los anuncios en España, sino que también "para otros países", según ha destacado el titular de Consumo.

A su vez, ha criticado el rechazo de PP, Vox y Junts al llamado "decreto ómnibus" del Gobierno, que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones, tildándolo de "indigno". Y ha reclamado la dimisión de la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro tras los insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE celebrado este domingo en Teruel, y ha lamentado la "degeneración de la política" que, a su juicio, refleja este tipo de comportamientos.

Foto: RTVE

• Ese tipo de ofertas podrían ser consideradas como "publicidad ilícita", según el ministerio que dirige Pablo Bustinduy
• Varias empresas podrían estar ofreciendo "destinos como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada"

• Reclama en un primer requerimiento la eliminación o el bloqueo de 138 anuncios
• El Gobierno aplica el decreto para prevenir el "genocidio" en Gaza y proteger a la población palestina

• Obliga a eliminar los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta
• Airbnb ha anunciado que recurrirá la sanción y defiende que ha cumplido "en todo momento" con la normativa española

• La sanción se ha producido tras una denuncia de la federación de consumidores FACUA
• Alquiler Seguro ha señalado a RTVE que recurrirá la sanción: "Es desproporcionada"

• Las multas corresponden a la campaña de 2023 pero Consumo investiga otras posibles trampas actuales
• Se da a conocer qué grandes empresas fueron sancionadas con 350.000 euros por rebajas engañosas

• Otras seis son muy graves y están dirigidas a operadores extranjeros que funcionan sin licencia en España
• Consumo ha impuesto este año cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector

• Las personas en un estado avanzado de la enfermedad tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes
• La ley garantiza la atención personalizada 24 horas y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros

• El texto pasa ahora al Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta y podrá modificarlo
• Limita el tiempo de espera y garantiza el trato humano, entre otras medidas sobre reclamaciones, suscripciones, reseñas…

• El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, asegura que "ninguna empresa está por encima de la ley"
• Según denuncia Facua, Alquiler Seguro cometió seis infracciones calificadas como 'muy graves' y una como 'grave'

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por posibles prácticas abusivas contra inquilinos, entre otras, el cobro de comisiones ilegales o la obligación de contratar servicios adicionales.

Así lo ha adelantado este lunes FACUA-Consumidores en Acción y confirmado posteriormente el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. "Todos los recursos del Ministerio estarán para asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley", ha señalado.

En su opinión, "en el mercado de vivienda se ha impuesto la ley de la selva y hay indefensión de los inquilinos que violenta el derecho constitucional a una vivienda digna", ha denunciado el ministro, que no se ha pronunciado acerca de la propuesta de sanción al estar abierto el procedimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes nuevas medidas para reforzar la atención a enfermos de ELA, con una inversión de 500 millones de euros y la creación de un Grado III+ de dependencia extrema, que permitirá prestaciones de hasta 10.000 euros al mes y asistencia 24/7. En el informativo 24 horas de RNE hemos hablado sobre ello y analizado estas nuevas ayudas con Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA).

Martín ha apuntado que, de esos 500 millones de euros que invertirá el Gobierno, "387 son para la ley y 123 para el sistema de dependencia". Además, ha anunciado que este miércoles se reunirán con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para evaluar "el real decreto y el texto". Aunque, si hay algo que celebran, es que conceptos como el Grado III+ hayan salido adelante: "Ojalá sirvan para que esto sea de verdad una revisión del cuarto pilar del Estado del bienestar y sirva para mejorar la vida de personas que, a día de hoy, están fuera de ese Estado del bienestar".

El presidente de ConELA ha explicado que tendrán que analizar y ver a dónde van destinados esos 10.000 euros al mes que se emplearán en la asistencia a los enfermos: "Porque la nota de prensa habla de un 50 % del Estado y un 50 % de las comunidades autónomas. Hay que verlo de acuerdo con el artículo 32 y el artículo 9 de la ley de atención".

• Cuestiona la prohibición de introducir comida y bebida, el sistema de pago con pulseras y el cobro por salir y volver a entrar
• Podrían suponer una infracción de la ley que acarrea multas de hasta 1 millón de euros