La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano.
Según el director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Agustín Reyna, la decisión de la CE es "lamentable" y el expediente es "innecesario e inapropiado". Reyna asegura al Canal 24 Horas que la BEUC inició "una denuncia que fue a todas las autoridades nacionales sobre este tema" y "la Autoridad Polaca de Competencia y Consumo está investigando". Según el director general, debido a esto, la apertura del expediente es "extremadamente prematura".
Además, afirma que "es difícil comprender" la decisión de la CE, ya que es esperable que se pusiera del lado de los consumidores " y no de las grandes empresas", ya que Ryanair y otras compañías low cost "están violando el derecho europeo". Reyna afirma que la legislación europea ofrece "un nivel de protección elevado que no siempre se cumple por las aerolíneas" y la CE, "en vez de apoyar esa cultura de protección, está haciendo lo opuesto".
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El debate político pasa este sábado por la citación de Begoña Gómez ante el juez Peinado. El PSOE considera que la familia del presidente sufre una persecución injustificable e injusta para desgastarle y el PP califica la situación como una vergüenza internacional.
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Junts anunció este martes un pacto con el Gobierno para "blindar" el catalán en el proyecto de ley de atención al cliente. Esta modificación comenzará a debatirse la semana que viene en el Congreso de los Diputados, aunque las primeras reacciones ya han llegado desde la Cámara Baja.
"Los catalanes debemos tener los mismos derechos lingüísticos que los españoles, los franceses o los ingleses", ha sostenido Míriam Nogueras, diputada y portavoz parlamentaria de Junts.
Por su parte, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha reprochado que Junts se lleve todo el mérito de esta ley cuando es una enmienda en la que también están otras formaciones como ellos, Bildu o el BNG. Además, ha defendido que en todo el territorio nacional puedas ser atendido en catalán si así lo requieres al personal de atención al cliente: "Es fácil, con Google Translate se puede hacer".
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido la medida como un "avance en derechos" y ha criticado que "la derecha" intente utilizar cualquier asunto "para generar crispación y un clima irrespirable".
La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Pablo Bustinduy llevarán al Consejo de Ministros la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. En 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Jaime Cabezas, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Vigo y vicepresidente de la AEDTSS (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). "Da la impresión de que tanto trabajadores como trabajadoras, y funcionarios públicos se podrán beneficiar de estos permisos de paternidad", piensa Jaime Cabezas. Según el catedrático, la compatibilicación con la actual reforma laboral y las subidas del salario mínimo no afectará con los permisos parentales: "Son medidas de seguridad social, no serán un coste para la empresa, si no una prestación gestionada entre la persona beneficiaria y la empresa gestora", aclara.
Asimismo, se debe transformar el modelo de cuidados para mejorar la protección a las personas dependientes: "Ese es el gran reto, a nivel europeo vamos un paso por detrás [...] Se deben mejorar los derechos laborales y de Seguridad Social en torno al cuidado de las personas dependientes a cargo de los trabajadores y trabajadoras", señala el vicepresidente de la AEDTSS. También estas medidas podrían corregir la desigualdad social que arrastra España: "Creo que estamos produciendo una normativa de corresponsabilización entre hombres y mujeres", señala Cabezas.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 visita Las mañanas de RNE con Josep Cuní un día después de la intervención en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las explicaciones y medidas contra la corrupción que le reclamaban sus socios. Un pleno que, para el ministro de Sumar ha demostrado "la tremenda soledad de Feijóo en su alianza contra la ultraderecha", además de "la determinación de "No basta solo con la limpieza, hay que dotar de sentido la permanencia de este Gobierno y la viabilidad de esta legislatura, y eso pasa por un giro social y a la izquierda". Por eso, ha destacado que Sumar tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros el próximo martes la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas, algo que defiende como "el camino a seguir"
Bustinduy ha reconocido la complejidad para gobernar en esta legislatura y la gravedad de los escándalos de corrupción, pero también ha matizado que hay "una polaridad política artificialmente engrasada" como quedó patente en la intervención de los populares en el Congreso, donde según ha explicado. "Hay una mayoría social que no quiere un gobierno de esta derecha faltona sin ninguna línea roja, pero, al mismo tiempo, no está dispuesta a tragar cualquier cosa", ha reconocido. El ministro de Consumo también ha reiterado que están vigilando que las medidas anunciadas ayer por Sánchez "se desplieguen efectivamente" y ha prometido que la proposición de ley para la creación de una agencia anticorrupción será llevada al primer pleno de Congreso de septiembre. Además, ha puesto el foco en la persecución y castigo de las empresas "que obtienen grandes beneficios a costa de corromper la voluntad de la soberanía popular".
El ministro de Consumo también ha comentado algunos de los asuntos destacados de su cartera, como el anteproyecto de ley de Consumo Sostenible que, entre otras cosas prohíbe la reventa de entradas, "una práctica especulativa" algo que "lo único que hace es establecer barreras de clase" y que de beneficios "a unos pocos que no hacen nada". También bajo la lupa de su ministerio están hasta seis aerolíneas de bajo coste por supuestas prácticas abusivas que el ministro ha criticado por estar "exprimiendo a los consumidores" con "un modelo lucrativo especulativo e ilegal" y ha asegurado que llegará hasta el final en la batalla contra estas compañías. Y sobre los pisos turísticos, Bustinduy ha acusado a Madrid de "no hacer nada" después de que facilitaran al ayuntamiento las direcciones postales de más de 3.500 viviendas sin licencia.
El objetivo de la nueva Ley de Consumo Sostenible responde, dice el gobierno, a la necesidad de promover un consumo responsable. Es decir, animar a realizar adquisiciones motivadas por necesidades reales y no por el miedo infundido por algunos anuncios publicitarios.
Un ejemplo es lo que ocurre con la ocupación. Según las estadísticas oficiales en España hay 27 millones de viviendas. En 2024 hubo 16.400 denuncias por ocupaciones. De ellas, 500 se refieren a las viviendas habituales o segundas residencias en uso, que es lo que se conoce como allanamiento, que afecta a un 0,001 de las viviendas.
"Vamos a obligar a que tengan que incluir datos contrastables, estadísticas, que permitan conocer la realidad social", ha declarado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El caso de ocupación más frecuente en España es la usurpación. Así lo ha explicado Montserrat Acebes, abogada penalista y civilista en Vilches Abogados. "La más habitual es la de la usurpación de viviendas que no están habitadas y que suelen pertenecer a entidades financieras". Para demostrar que una vivienda está en uso sirven recibos, anuncios inmobiliarios, declaraciones de testigos...
En 2023, según el INE hubo 218 condenados por allanamiento y casi 2900 por usurpación, ya que el proceso judicial es diferente.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria que opera en el ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas en la gestión del alquiler. Entre esas prácticas detectadas por Consumo están el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios adicionales.
Pablo Bustinduy, que encabeza este ministerio, ha explicado en declaraciones a los medios que quiere "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de practicas, especialmente en materia de vivienda". Señala a los fondos de inversión que se están lucrando a costa de "cercenar el derecho a la vivienda de los españoles y de las españolas" y las inmobiliarias que se están saltando las obligaciones legales e "intentan exprimir a las personas que están buscando una casa donde vivir".
Asegura que las empresas están infringiendo las leyes españolas y el modelo de democracia del país para "anteponer su modelo de negocio" sin tener en cuenta la ley que rige en nuestro país". Afirma tajante que todas estas empresas pagaran por ello y que los ministros de su formación política, Sumar, "se van a encargar de que así sea". "En este país se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras en este país", sentencia Bustinduy.
Foto: EUROPA PRESS / IÑAKI BERASALUCE.
