Consumo impone a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios "ilegales" de pisos turísticos
- Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la iniciativa del Ministerio que dirige Bustinduy
- Se encuentran en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios "ilegales" de viviendas turísticas alojados en su plataforma, a raíz de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que respalda la iniciativa del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
"Creo que es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda y creo también que es la demostración de que, cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones", ha resaltado este lunes el ministro en declaraciones a los medios de comunicación.
“Ningún interés económico por encima del derecho a la vivienda. Ninguna empresa por encima de la ley.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 19 de mayo de 2025, 11:59
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En los últimos meses, Consumo ha enviado tres resoluciones a la multinacional ordenando la retirada de un total de 65.935 anuncios alojados en su plataforma por "incumplir las diferentes normativas sobre viviendas de uso turístico", según ha explicado el Ministerio este lunes: "Se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas" y en todos los casos, además, se trata de "viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales".
Airbnb recurrió esta decisión ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución, avalando las actuaciones de Consumo e instando a la plataforma a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de "manera inmediata". Sobre las otros dos requerimientos, Bustinduy espera que el resultado sea el mismo, ya que "los argumentos son los mismos".
Viviendas de seis comunidades autónomas
Dichos anuncios afectan, en primera instancia, a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en seis comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
El propio Bustinduy ha revelado que, en el caso de la Comunidad de Madrid, han identificado "hasta 15.000 pisos turísticos que son competencia del ayuntamiento poder cerrar", viviendas que ha calificado de "ilegales" porque "incumplen la normativa municipal". "Por eso tiene que actuar el ayuntamiento", ha insistido, para después pedir que dejen las "excusas" a un lado.
A su vez, el ministro ha cargado contra el Partido Popular y los ayuntamientos donde gobiernan, denunciando que "no han hecho nada en esta materia en los últimos años". En esta línea, ha acusado a los 'populares' de "proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda" y ha instado a poner en marcha los mecanismos de inspección, de sanción y de cierre de los viviendas vacacionales ilegales.
Preguntando por este asunto y siendo una de las ciudades damnificadas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha calificado de "muy buena noticia" que el TSJM respalde a Consumo. "Yo aplaudí al ministro cuando tomó la iniciativa. Esto demuestra lo que he defendido: Consumo tenía las competencias", ha subrayado ante los medios.
Mientras que la asociación Facua-Consumidores en Acción ha celebrado la decisión del Ministerio de Consumo y espera que dicha medida derive además en una sanción "contundente" contra la plataforma. En un comunicado, ha denunciado que estas prácticas "atentan contra la legislación vigente" y contribuyen, a su juicio, a "potenciar los alquileres ilegales tanto por parte de profesionales como de particulares".
Los motivos que justifican la decisión
Tal como explican desde el Ministerio, la Dirección General de Consumo argumentó tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas.
La primera, la falta de número de licencia o registro. "Esto es algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada", ha explicado el Ministerio.
A su vez, añade Consumo, los anuncios "no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores". Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Y, por último, que los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esto, a juicio del Ministerio, "puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras".
Airbnb volverá a recurrir
Airbnb ha anunciado que seguirá recurriendo todas las decisiones que afecten al caso y ha señalado que estas actuaciones son contrarias a la ley española y europea.
"El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)", ha indicado un portavoz, que ha acusado también al departamento de Bustinduy de ignorar "de manera deliberada" las resoluciones del Supremo que establecen que no todos los anuncios de la plataforma requieren un número de registro.
La vivienda, en el punto de mira de Consumo
No es la primera vez que Consumo se pronuncia sobre la situación de la vivienda. La última, el pasado mes de marzo, cuando abrió un expediente sancionador a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro.
Un mes antes, en febrero, el Departamento que dirige Bustinduy también abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por "no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador". Y en diciembre de 2024, a una plataforma de alquiler de vivienda turística por "un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia".
Según ha confirmado el Ministerio, estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas.
