La ley de vivienda ya está en vigor y contempla topes en el precio del alquiler, pero muchos propietarios se preguntan si la reducción del precio para los arrendatarios también les puede beneficiar a ellos en la declaración de la renta, la abogada y economista Ana Agullo lo explica en Hablando Claro.
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La primera Ley de Vivienda de la democracia se ha aprobado en el Senado. Charlamos con el doctor en Antropología Económica Jaime Palomera, codirector del Instituto de Antropología Urbana de Barcelona, sobre los posibles efectos de la ley.
La compraventa de viviendas vuelve a caer y en marzo bajó un 5,7% con respecto al año anterior. La ralentización del mercado inmobiliario es consecuencia directa del encarecimiento de las hipotecas.
Astrid, de 26 años, enseña su casa al equipo de TVE. Cuenta que sus únicas opciones para dejar de compartir piso eran viviendas que no llegan a los 30 metros cuadrados. Actualmente, paga 500 euros, y al principio incluso pensó que había tenido suerte. "Para entrar a la ducha tengo que tirar de elasticidad", cuenta, "y no tengo espacio para tostadora ni microondas".
Cuenta que no puede descansar porque el espacio en el que duerme es demasiado pequeño. "La primera semana te hace ilusión, pero a la larga ves que no se puede", explica Astrid.
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"Ahora es más difícil que nunca acceder a una vivienda", indica a RTVE María Matos, responsable de Estudios de Fotocasa. En las zonas céntricas de las ciudades como los distritos de Usera, Villaverde y Tetuán ha subido el alquiler, y también en Benidorm, Palma y Estepona. "Nunca habíamos tenido que hacer frente a un precio tan alto de alquiler", sostiene Matos, aunque explica que el alquiler "esta subiendo en los nuevos contratos, no en los que están en vigor" .
Las familias destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler en casi el 24%de los barrios del país, con estos datos y teniendo algo de contacto con la realidad, la problemática es evidente. Hoy dedicamos el Por tres razones a intentar entender lo que propone la Ley de Vivienda y a mirar realmente qué le falta al parque inmobiliario de España.
Para empezar, conocemos a varios inquilinos de diferentes perfiles que nos hablan del esfuerzo que les supone pagar su alquiler mensualmente en Madrid. Hablamos con Eli, de 42 años, y Ana, de 30, que comparten piso en La Latina. Quedamos en el poco tiempo libre que tienen entre trabajos Pili, de 31 años, y Eduardo, que viven en un piso de cuatro habitaciones por el que pagan 985 euros. Visitamos una de las zonas tensionadas de la capital, Usera, y hablamos con David, de 32 años. Por último, nos reciben Antonio y Mari Carmen, una pareja de 85 años que pagan más del 60% de lo que reciben de pensión por un piso de protección oficial que ahora forma parte de la cartera de un fondo buitre. Gente como Pili y Antonio se organizan en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, desde el que la portavoz Valeria Racu nos cuenta qué es lo más necesario y urgente respecto a la vivienda.
Álvaro Ardura, arquitecto y planificador urbanístico, coescribió hace unos años el libro First We Take Manhattan, de la editorial Catarata. Hoy, nos habla de esa destrucción creativa de las ciudades, cómo la gentrificación y la ordenación territorial afecta a nuestro día a día con precios abusivos y vulnerabilizando a diversos sectores poblacionales.
Conocemos la Asociación Provivienda, que trabajan desde 1989 para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones. Gema Gallardo, la directora general de Provivienda, nos explica las acciones y organizaciones que hacen para facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas que llegan a estos servicios.
Ante la falta de vivienda social suficiente en la mayoría del país, hablamos con dos ayuntamientos de las ciudades donde más vivienda pública hay. Eider Bilbao es la Directora General de Viviendas Municipales de Bilbao. También hablamos con Felipe Castro, gerente de Emvisesa, empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Sevilla.
Fernando Cos-Gayón, director de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería en Edificación y de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, lleva años observando cómo evoluciona la vivienda y cómo se desarrollará la situación en los próximos años, aunque ve insostenible una situación en la que "los caseros hacen casting para alquilar las casas, dejando, de nuevo, a los más vulnerables fuera.
"Hogares Compatidos" nace hace diez años el la ciudad de Valencia y tiene como punto de partida la falta de recursos económicos y la soledad.
El último informe de Cáritas -hecho por la Fundación FOESSA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada- estima en 100.000 los mayores en riesgo de exclusión social en la Comunidad Valenciana. Según el INE, en la Comunitat hay 232.000 mayores de 65 años solos, la cifra más elevada en una década.
Sobre este sustrato nace "Hogares Compartidos", que ha conseguido transformar la vida de 50 personas.
La idea de ayudar así a mayores partió de Pilar Pardo, exdirectora de residencias, y Amparo Azcutia, trabajadora social.
Los demandantes de vivienda son mayores sin casa en propiedad o en situaciones personales que urgen techo. Acuden a la entidad, abonan un porcentaje en función de sus ingresos y la organización gestiona los pagos a los dueños. "Hay personas con bajas pensiones no contributivas, otros que vivían en habitaciones alquiladas, en albergues, o rotando sin estabilidad entre casas de hijos o de amigos" nos cuentan Amparo Azcutia.
Carmen Lázaro y Antonio Soler, dos de los que comparten piso gracias a "Hogares Compartidos", nos explican en Por tres razones que ahora pueden llegar a fin de mes y sentirse acompañados. "Somos una familia".
Sin una ley nacional han sido comunidades y ayuntamientos los que han ido aprobando leyes u ordenanzas para regular el alquiler vacacional. En España hay censadas más de 300.000 viviendas de uso turístico.
Sus propietarios creen que deberían legislar las comunidades autónomas. En el lado opuesto, la patronal hotelera cree que la ley de vivienda es el mejor instrumento para hacerlo.
¿Cuál es la regulación en los principales destinos turísticos?
En Barcelona no se conceden nuevas licencias desde 2014, sólo se reponen las que se dan de baja y en una zona más alejada del centro. En Madrid sigue en vigor el plan que aprobó la ex alcaldesa Manuela Carmena que endurece la concesión de licencias.
San Sebastián, Sevilla y Cádiz han aprobado una moratoria que impide dedicar más viviendas a uso turístico. Mientras, Málaga no ha tomado ninguna decisión aún.
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Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, para explicar el último Consejo Europeo y la reunión de alto nivel en Marruecos. La noticia: anuncia más de 40.000 mil nuevas viviendas para alquiler, que se suman a las 50.000 ya anunciadas.
La subida de tipos de interés frena la venta de viviendas y en febrero hubo algo más de 50.000 operaciones de compraventa, un 6.6% menos que en el mismo mes de 2022. En este escenario, sale al tablero una pregunta: ¿cuánta parte de sus ingresos dedican los hogares al pago de la vivienda? El esfuerzo económico que tienen que hacer los propietarios ha llegado a valores máximos desde la burbuja inmobiliaria: en 2012, los españoles destinaban el equivalente a casi seis años y medio años de salario bruto para hacer frente al pago de su vivienda, mientras que ahora se destinan casi siete.
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El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha defendido en Las Mañanas de RNE el plan de vivienda del PP y ha explicado que “no tiene que ver con el bono de alquiler del Gobierno porque aquí planteamos una ayuda a los jóvenes como un complemento a lo que ofrecen las comunidades” y añade que es “para aquellos que tienen una renta recurrente." El bono del Gobierno va destinado a personas con una renta menor a 23.725 euros, pero Bravo ha dejado la puerta abierta a subir el nivel de renta para optar a ciertas ayudas: “Consideramos que la renta media la podríamos poner un poco por encima." Según sus cálculos, aproximadamente 400.000 jóvenes pueden beneficiarse de estas ayudas y sobre el aval del 15% para la compra de la casa, Bravo ha explicado que “permitiría que el banco les ofreciese el 95% del valor de la vivienda en lugar del 80% y hacerles mucho más accesible la vivienda."
El Gobierno ha acordado la nueva ley de vivienda. Entre otras medidas, el texto fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024, amplía la declaración de las zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para ser considerado gran tenedor.
Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, cree que el borrador presenta avances, pero también muchas lagunas: "Hay un conjunto de claroscuros que hacen que millones de inquilinos no vayan a beneficiarse". Asimismo, aboga por una legislación de los alquileres "efectiva", ante la voluntad manifiesta de algunas autonomías de no aplicarla: "De repente la vivienda se convierte en un arma arrojadiza entre partidos que gobiernan distintas administraciones". Con todo, defiende la necesaria intervención en el mercado: "La oferta no se reduce, sino todo lo contrario".
Por su parte, Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, cree que la ley es nociva porque "las viviendas pueden salir del mercado de alquiler e irse al de venta, temporada o turismo". Y añade que "si la oferta se reduce, habrá una falta de vivienda para gente que lo necesita". Viñas señala al "poder público" como el responsable de la falta de oferta porque, según él, es el que tiene que generar la oferta asequible y no lo ha hecho.
