Consumo abre un expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos
- El ministerio que dirige Pablo Bustinduy está investigando también a otras agencias por el cobro de comisiones ilegales
- Este nuevo procedimiento se une a los de los últimos meses contra empresas que administran viviendas turísticas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro, que opera en toda España, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro.
Este nuevo procedimiento del ministerio que dirige Pablo Bustinduy se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre, que sigue en marcha y podría afectar a otras inmobiliarias, por el cobro de comisiones ilegales a inquilinos y por obligarles a contratar servicios no solicitados.
La investigación comenzó el pasado mes de octubre tras recibir denuncias por parte del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Precisamente, la asociación de consumidores Facua ha revelado de que la inmobiliaria en cuestión es Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación en materia de alquileres tras la promulgación de la ley de vivienda.
En concreto, según denuncia Facua, Alquiler Seguro obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".
Cobro de comisiones por la gestión del arrendamiento
Las denuncias se refieren a infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino, todas ellas incluidas en la actual ley por el derecho a la vivienda, que prohíbe que los inquilinos se hagan cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Desde Consumo se señala que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
La apertura de un expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, pero el Ministerio detalla en el comunicado que las sanciones establecidas por los incumplimientos pueden ser graves o muy graves.
En el caso de las graves, las sanciones pueden ascender hasta los 100.000 euros, aunque se puede sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. En las infracciones muy graves, pueden llegar hasta el millón de euros, y de la misma forma, esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
Las viviendas turísticas, en el punto de mira
Este nuevo procedimiento se une al expediente sancionador que el departamento abrió hace tres meses, también en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.
En ese caso, el expediente se puso en marcha porque la plataforma mantiene miles de anuncios de alojamientos que fueron catalogados como publicidad ilícita por suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Consumo, además, abrió en febrero expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades tras detectarse que las gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios por su contenido o presentación".
Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda.
