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Baleares ha dado el paso a la hora de aplicar una iniciativa que Unidas Podemos lleva pidiendo mucho tiempo para el conjunto del país. El Gobierno de Francina Armengol ha dedicido expropiar de forma temporal, durante 7 años, 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. Se trata de una medida incluida en la Ley balear de Vivienda de 2018, pionera en España. Josep Marí, conseller de Vivienda y Movilidad del Gobierno Balear, ha recordado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que son "viviendas que llevan más de dos años desocupadas" y que pertenecen a grandes tenedores o empresas. Además, ha recalcado que es "el inicio del procedimiento administrativo" y, por tanto, aún queda camino hasta que estas viviendas lleguen a los ciudadanos que cumplan las condiciones para acceder a este alquiler a bajo precio. En cualquier caso, Marí ha confirmado que el objetivo final de esta medida es "disuadir a los propietarios de que matengan los pisos vacíos" y por tanto "aumentar el parque vivienda pública, que en Baleares es muy escaso", y ha remarcado que "es un ejemplo de lo que creo se puede hacer en este país si la vivienda está vacía y por tanto no cumple su servicio social".

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes dar "ya" ayudas directas a las empresas porque con los ERTE "no es suficiente" para "mantener la estructura productiva" y se ha mostrado confiada en que el Gobierno "lo va a trabajar" y "va a avanzar" con medidas en ese sentido.

"Hay que tomar ya medidas que ayuden directamente a las empresas. Hablo de los costes fijos. Tenemos que contener el riesgo del sistema productivo que tenemos en muy malas condiciones: el sector de la hostelería, servicios, cultura, agencias de viaje... Necesitan algo más que ERTE. O hacemos esto o van a caer", ha avisado la ministra en una entrevista en La Noche en 24 horas.

A pesar de su papel esencial a la hora de desinfectar las distintas estancias de los hoteles u otros establecimientos, las 'kellys' -término por el que se conoce coloquialmente a las camareras de piso- siguen agravando su situación de precariedad laboral. La portavoz de las 'kellys' de Benidorm, Yolanda García, ha explicado en La Tarde en 24 Horas que a pesar de formar parte de "la estructura de un hotel" les siguen externalizando, y a pesar de haber acudido al Congreso, "no se nos ha tomado en cuenta".

García denuncia "abusos de los contratos parciales" que lo único que hacen es obligarles a realizar "una carga laboral inasumible a costa de nuestra salud". En su queja añade que según distintos informes técnicos de prevención laboral, el 67% de estas trabajadoras sufren dolencias crónicas y que, aun así, "no hay ninguna enfermedad reconocida en nuestro sector".

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