El Gobierno aprueba la reforma de Dependencia y Discapacidad, la de "mayor calado social de esta legislatura"
- Su objetivo será ampliar derechos y reducir burocracia, y tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados
- El Ejecutivo ha expresado su compromiso de alcanzar el 50% de la financiación
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la de Dependencia y la de Discapacidad, con el objetivo de ampliar los derechos y prestaciones contenidos en ellas, así como agilizar sus procedimientos. Calificada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como "la reforma social de mayor calado de esta legislatura", inicia así su tramitación parlamentaria, y tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados.
El ministro, que ha expresado su compromiso de alcanzar el 50% de la financiación de la dependencia desde el Ejecutivo, ha defendido la "necesaria reforma" ante el reto demográfico que multiplicará en los próximos años las personas mayores y dependientes, además de para "dejar atrás la época oscura de los recortes y construir un sistema de cuidados público y de calidad". Según ha expresado, la elaboración del texto ha reunido "el mayor consenso" de la sociedad civil, comunidades autónomas y órganos consultivos. "Soy optimista y creo que saldrá adelante por unanimidad", ha dicho.
El proyecto modifica la ley de Dependencia para ampliar la ayuda en el domicilio a tareas como ir al médico o hacer la compra, reconocer la teleasistencia como derecho y ofrecer servicios transitorios para los grandes dependientes y severos mientras esperan el recurso que han solicitado. Además, suprime la incompatibilidad de las prestaciones que existía desde 2012 y amplía la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar a personas allegadas, como vecinos o amigos.
También elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Con la reforma, se genera el derecho desde la fecha del reconocimiento de la prestación o, si no hay resolución en seis meses, en ese momento.
Además, se regula como infracción grave, con multas de entre 600.000 euros y un millón, espectáculos similares al 'bombero torero' y en general, la exposición pública de una persona atendiendo a su discapacidad.
Apoyos en viviendas compartidas y préstamo de material
La norma incluye nuevos servicios, como apoyos en viviendas compartidas y el préstamo o cesión temporal de productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
Otra novedad es el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrarlas. Además, incluye la asistencia personal como un servicio más del sistema y reconoce la teleasistencia como un derecho universal, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio. Bustinduy ha destacado que se considerarán los centros de día como un servicio de proximidad y se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones, como en los domicilios.
Entre los derechos que se reconocen están el de permanecer en el entorno elegido, recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas y garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias.
Dependientes de grado I, II y III
Respecto a los cambios de la ley de discapacidad, están el de impedir discriminar en la contratación de seguros de salud y vida a las personas con discapacidad, así como el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a los dependientes de grado I, mientras que los de grado II o III tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.
Se modifica la ley de propiedad horizontal para generar obligaciones a la comunidades de vecinos de pedir las ayudas para obras de accesibilidad (ascensores, rampas..) si lo pide una persona. Se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad.
Del mismo modo, permitirá la posibilidad de compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, ya que hasta ahora muchas personas se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral.
Reparto de 783 millones
El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). "Nuestra vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde el 2014 y para ello vamos a continuar nuestro trabajo tanto en el Consejo Territorial como en el seno del Ejecutivo hasta cumplir con lo recogido en el Acuerdo de Gobierno", ha señalado Bustinduy.
El ministro ha detallado que en 2024 las comunidades autónomas recibieron más de 800 millones de euros de los fondos europeos para implantar sistemas de teleasistencia y transformar más de 15.000 plazas residenciales, además de otros 230 millones para pagar cotizaciones de cuidadores no profesionales.
"Derecho universal al bienestar"
El texto ha sido impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien lo ha calificado como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, y que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.
“Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas”, ha valorado el ministro Bustinduy.
