El Senado aprueba definitivamente eliminar el despido automático por incapacidad permanente
- El proyecto ha contado con el voto a favor de todos los grupos políticos, excepto Vox
- También establecen la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de otro empleo vacante
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El Pleno del Senado ha aprobado este martes definitivamente el Proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores, y la Ley General de la Seguridad Social para eliminar el despido automático por incapacidad permanente.
En concreto, el texto ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos, excepto Vox, que ha votado en contra al considerarla una "mala herramienta jurídica" para abordar esta situación. Ha presentado un veto al texto que ha sido rechazado de forma mayoritaria. En total, el proyecto ha obtenido 251 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.
El objetivo de la ley es eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a la voluntad de la persona trabajadora. El 23 de julio de 2024, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente, total, absoluta o "gran invalidez", como causa automática de extinción de contrato. El cambio pretende garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, dice el texto del proyecto.
Primará la voluntad del trabajador
Con la nueva norma, el trabajador decidirá voluntariamente si desea la extinción del contrato o prefiere que la empresa le adapte el puesto para continuar trabajando o le busque uno nuevo. Siempre que esto no suponga un coste excesivo. Así, el trabajador podrá solicitar, en un plazo de un mes desde la notificación del reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto y, a partir de entonces, la empresa tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas necesidades, cambiarlo a otro o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.
Por su parte, la senadora del PSOE Rocío Morales ha destacado el "amplío consenso" logrado para sacar adelante esta norma, mientras que la popular María Teresa Ruiz-Sillero ha recordado que se trata de un cambio obligado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha destacado las aportaciones realizadas por el PP.
"Se da un derecho más a las personas con discapacidad", ha subrayado Ruiz-Sillero, que ha criticado que PSOE y Sumar vetarán una enmienda del PP para establecer un fondo con ayudas para que las empresas puedan adaptar los puestos. "Es una modificación de justicia", ha defendido la senadora del PNV Nerea Ahedo.
Asimismo, el proyecto plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.
Discapacidad y Fuerzas Armadas
Entre las modificaciones incorporadas a su paso por el Congreso, se incorporó una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los Guardias Civiles, Policías Nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
Según la ley, las empresas pueden ahorrarse la adaptación del puesto de trabajo si ello le supone una "carga excesiva". Sin embargo, se ha incorporado una enmienda de Podemos para precisar que si el coste de esa adaptación no supera la indemnización que habría que pagar por despedir al trabajador, o el pago de seis meses del salario, la empresa no podrá alegar esa "carga excesiva".
Tras la aprobación del texto en la Comisión del Congreso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) explicó que era una "discriminación histórica que aún subsistía" en el ordenamiento jurídico-laboral.
"El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada", han señalado desde el Comité.
