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La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, ha explicado en ‘Las mañanas de RNE’ que están llevando a cabo una campaña para comprobar si las empresas están haciendo los ERTE de forma correcta. Por ejemplo, se aseguran de que los trabajadores que están cobrando el ERTE no han estado trabajando o que las empresas no han hecho actas ficticias. Ercoreca ha recordado que, en el caso de una infracción grave, las empresas pueden enfrentarse a sanciones de hasta 187.000 euros, mientras que el trabajador tendría que devolver la prestación sólo si se demuestra que era consciente de las irregularidades.

Cada vez más empresas reciben curriculums en los que los candidatos subrayan que han pasado el coronavirus y que son inmunes. Para las compañías esto puede suponer un problema ya que los datos sobre salud son muy sensibles y están obligadas a proteger esa información de una forma especial. Pero genera además un debate ético, sobre si se puede elegir a un candidato por su estado de salud

Última hora del coronavirus en España

Lucía Gorjón,investigadora de ISEAK y doctora en Economía, considera que el ingreso mínimo vital, a falta de conocer los detalles, es una herramienta adecuada para luchar contra la pobreza en nuestro país. Gorjón cree que el error de este tipo de políticas es que sólo saca de la extrema pobreza a los hogares más pequeños, por lo que aboga por dar esta prestación de una manera más equitativa. "El ingreso mínimo vital suaviza la intensidad de la pobreza, es decir, los beneficiarios son menos pobres, pero no dejan de serlo". 

En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Gorjón ha expresado que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital conlleva un riesgo: "la trampa de la pobreza". El hecho de que haya personas que prefieran cobrar esa ayuda a buscar trabajo puede suponer un problema. Para evitar esta situación, Gorjón plantea que el ingreso mínimo vital venga acompañado de otras políticas complementarias y estímulos al empleo "para que el escenario de trabajar sea preferible a no hacerlo”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital para reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Se trata de una prestación de carácter permanente que busca garantizar un umbral mínimo de ingresos para todas las familias. Cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza en España, unos 850.000 hogares según la Seguridad Social, podrán cobrar esta prestanción. De ellos, 100.000 no tendrán ni que pedirlo, se le entregará de oficio en primera instancia.

Para poder solicitar el ingreso mínimo vital hay que cumplir una serie de requisitos. En prier lugar, tener entre 23 y 65 años, aunque la edad mínima podría bajar si hay hijos a cargo. Además, la renta de un adulto que viva solo no debe haber superado los 16.614 €  en el último año 43.200 € para una familia con cinco o más miembros. El ingreso mínimo vital será compatible con otras rentas salariales e irá vinculada a la búsqueda activa de empleo.

La prestación se podrá solicitar desde la sede electrónica de la Seguridad Social a partir del 15 de junio y se cobrará mensualmente con efectos retroactivos desde el día 1 de junio.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha hablado de la medida como "el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia de 2006" y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado "que va a tener un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza".

Informa Esperanza Martín

Un teléfono móvil con datos suficientes para conectarse a internet, puede ser la única ventana de salvación para miles de personas en situación de vulnerabilidad y que necesiten tramitar ayudasTrabajadores sociales de Madrid han diseñado una web que enseña a hacerlo.

Desde que se declaró el estado de alarma, miles de personas en la Administración y profesionales del trabajo social se han aplicado en tramitar una avalancha de solicitudes de ayudas, rentas mínimas reguladas por las Comunidades Autónomas, los conocidos ERTES, que han proliferado llegando a crear una verdadera capa social de afectados por los mismos.

El cuello de botella creado por semejante pico de trabajo ha provocado retrasos con efectos críticos en los destinatarios de las prestaciones, que de un día para otro se han quedado sin ingresos y paralizados por el confinamiento. Frente a esta situación, la tramitación telemática se ha convertido en un alivio al peso de una montaña de expedientes bajo la que miles de familias aguardan para seguir viviendo.

Un ordenador, un tablet, un teléfono móvil con datos, un locutorio, pueden marcar la diferencia, y no solo eso, además hay que saber usarlos. La carencia de estas condiciones es lo que se denomina ‘brecha digital’, y afecta a las clases más desfavorecidas, tanto por formación, como por la disponibilidad de tecnología.

Y ya no hablamos solo de trámites oficiales. Acudir a una de las colas de entrega de alimentos que han proliferado tras el golpe económico de la pandemia, requiere muchas veces tener un móvil por una simple cuestión de orden y organización. Es el caso de Mari González, de origen dominicano, que hace cola en la parroquia de Santa María Micaela en Madrid. Allí la Fundación Madrina presta ayuda y distribuye alimentos donados o suministrados por Servicios Sociales.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Senado por primera vez tras el acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para "derogar la reforma laboral" y ha resaltado que el diálogo social con patronal y sindicatos es un "firme compromiso del Gobierno".  La ministra ha pedido consenso político para hacer transformaciones laborales de fondo. "Es el momento del acuerdo", ha admitido.

Informa Esperanza Martín

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha indicado que el pacto entre EH Bildu y el Gobierno ha sido “un lío político” que hay que “relativizar” porque “los términos del acuerdo coinciden con el acuerdo de investidura”. “No aporta gran cosa sobre lo que ya sabíamos y sobre lo que queríamos trabajar”, ha señalado. También ha añadido que los trabajos se interrumpieron por la pandemia y ha esperado retomarlos “pronto”.

“Los aspectos más lesivos de la reforma laboral son todos”, ha puntualizado Sordo en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta económica Calviño. El secretario general de CCOO ha explicado que las reformas laborales deben conducirse mediante el diálogo social porque “mejorar la situación de los trabajadores pasa por dar alternativas”. Es decir, crear una nueva legislación que sustituya a la reforma laboral que los sindicatos y el Gobierno quieren derogar. “La reforma del Partido Popular fue decretada sin consenso social”, ha indicado Sordo, que pese a considerar “prioritaria” la crisis del coronavirus, no ha renunciado a derogar la reforma laboral de 2012.

Sobre la no asistencia de la patronal a la reunión prevista esta tarde junto al ministro José Luis Escrivá, Sordo ha dicho que “no conviene sobreactuar” y se ha mostrado “convencido” de que la CEOE volverá a la mesa de diálogo porque la situación económica es “muy complicada”. “Estábamos haciendo bien las cosas”, ha declarado y ha incidido en que “por primera vez” la gran caída del PIB no ha sido acompañada de una gran caída del empleo, “a un coste de recursos públicos importantes”. “Hace falta un gran acuerdo para superar la crisis del coronavirus y recuperar las negociaciones que teníamos antes de marzo”, ha indicado.

En relación a los fraudes con los ERTE, Sordo ha señalado que le consta que existan, aunque ha asegurado que no es una generalidad: “Algunos trabajadores me han llamado para contarme que siguen trabajando mientras están acogidos a un ERTE”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado muy crítico con el acuerdo del Gobierno y EH Bildu para derogar la reforma laboral. En una entrevista en el Telediario de TVE, Garamendi ha asegurado que la decisión va "en dirección contraria" a lo que significa hacer las cosas bien. El presidente de la CEOE ha insistido en que "es muy peligroso lanzar mensajes no adecuados en una economía" ya que esto puede desencadenar en una pérdida de confianza no solo de cara a las empresas españolas, sino también a nivel global.

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Tumbar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 supondrían encarecer la indemnización por despiedo improcedente, que pasarían de 33 a 45 días por año trabajado. Además, las empresas no podrían aligerar plantilla sólo por una disminución de ingresos, sino que se les exigiría acreditar perdidas. La justicia recuperaría la tutela sobre los despidos colectivos y el convenio del sector volvería a estar por delante del de empresa. Además el convenio seguiría vivo que se pactara uno nuevo. Informa Esperanza Martín.

Gobierno, empresarios y sindicatos han escenificado en La Moncloa la vuelta al diálogo social con la firma del primer acuerdo para hacer frente a la crisis del coronavirus: un acuerdo para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio. Mañana lo ratificará el Consejo de Ministros; este miércoles se reunirán por primera vez y analizarán la situación económica de cada sector económico. Entre los más perjudicados están el turismo y la automoción, que podrían mantener las condiciones de los ERTE más allá de la fecha acordada, según ha avanzado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Sindicatos y patronal han dado el visto bueno al acuerdo para extender los ERTE por causa mayor hasta el 30 junio, aunque no se prorrogan todas las ventajas. Por ejemplo no podrán acogerse a ellos las empresas radicadas en paraísos fiscales. Además las compañías que se beneficien de ellos no podrán repartir dividendos y sigue la exigencia del mantener el empleo durante al menos seis meses salvo que la empresa esté al borde de la quiebra.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la creación de una comisión tripartita que analizará qué sectores necesitarán ayudas tras el fin del estado de alarma. Este grupo de estudio se reunirá cada miércoles y comenzará a trabajar en breve.

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Yolanda Díaz ha anunciado este viernes que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo para mantener los ERTE y buena parte de sus ventajas durante el confinamiento por el coronavirus hasta el 30 de junio. "Un pacto que es equilibrado porque pondera la protección con la incorporación paulatina a la actividad laboral y económica. Y que también tiene que ver con la protección social, sin dejar a nadie atrás. Priorizando el mantenimiento y la conservación del empleo y también con algunas garantias que hay que preservar como la nueva actuación en paraísos fiscales o que no acudan a reparto de dividendos en los momentos en los que nos encontramos".

Después de una larga reunión, los agentes sociales y el Gobierno han llegado a un principio de acuerdo para extender los ERTE más allá del estado de alarma, según han confirmado a Radio Nacional fuentes próximas a la negociación. Los máximos órganos de empresarios y sindicatos deberán dar el visto bueno al texto o rechazarlo. Es un giro tras la negativa empresarial a que los despidos se prohibieran seis meses más una vez finalizase el estado de alarma. Se trata de animar a las empresas a que vayan reincorporando a los trabajadores a la actividad empresarial y hacerlo diviediéndolas en dos grupos: por un lado las que no pueden hacerlo con exoneración en el pago de las cuotas y las que vayan recuperando la actividad, a las que las ayudas se les irán modulando. Informa Esperanza Martín.

Entre marzo y abril la crisis del COVID-19 ha dejado 585.000 parados más y 3,4 millones de trabajadores en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE). A 300.000 de ellos no se les ha reconocido aún esa prestación, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Esctivá, ha señalado que se les realizará el cobro en los próximos días. Para muchos de los desempleados, sus principales preocupaciones son la falta de ingresos, la dificultad para tramitar prestaciones y también su futuro laboral, que ven muy complicado, en una crisis en la que tres de cada cuatro parados pertenece al sector servicios. 

Alicia Aradilla, socióloga y autora del libro Teletrabajar, pero bien, ha explicado en 14 horas que el teletrabajo es la única forma para conciliar vida familiar y laboral durante la desescalada: "Hemos pasado de estar cansados de trabajar desde casa a desearlo", ha dicho. "El teletrabajo ha pasado de ser importante a ser urgente. Este modelo en la desescalada es el que más facilidades da para conciliar la vida familiar".

También ha insistido en la diferencia entre el teletrabajo y trabajar desde casa: "Es diferente teletrabajar y trabajar desde casa. El teletrabajo no tiene que significar precariedad", ha comentado. También que al estar en casa "hay cierta autoesclavitud".

El confinamiento ha obligado a muchos al teletrabajo y durante estos casi dos meses no hemos hecho más que conocer anécdotas relacionadas con la complicación de ejercer tu profesión desde casa. David Asensio y Toño Pérez recopilan algunas de ellas y se adelantan a la nueva normalidad que nos espera previsiblemente para verano gracias a lo que ya está ocurriendo en otros países, como en China, donde los niños han vuelto a las aulas con sombreros de más de un metro de largo para mantener la distancia de seguridad. Además, nos traen otra buena tanda de sancionados por saltarse el confinamiento, como el hombre que paseaba a sus peces por Logroño o la mujer que fingió su propio secuestro para acudir a una fiesta de cumpleaños.

Para seguir haciendo frente al impacto del coronavirus, el Gobierno plantea una batería de medidas económicas como la recomendación durante dos meses del teletrabajo o la flexibilización de los ERTEs para los sectores esenciales, ampliar la prestación por desempleo en los contratos de prueba, se reduce el IVA al 0 % en los productos sanitarios y los autónomos podrán dejar de pagar por módulo. Estas son algunas de las 30 medidas que plantea el Gobierno para paliar os efectos de la crisis sanitaria del coronavirus. 

Salvo sorpresa, Pedro Sánchez pedirá la próxima semana al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, que podría alargar el confinamiento hasta el 10 de mayo. Pero el Gobierno está preparando también planes para el escenario porterior. El Ministerio de Trabajo cree que algunos sectores recuperarán su actividad antes del verano, pero otros como el turismo, el ocio o la cultura, tendrían que esperar hasta finales de año. El Gobierno considera que la "normalidad será difícil de alcanzar", tanto la social como la económica. Yolanda Díaz explica en TVE que para el turismo, el ocio o la avición la recuperación de la actividad no podrá ser inmediata. El resto iría recuperando la normalidad poco, pero tampoco de forma inmediata, de aquí al verano y se seguirá potenciando el teletrabajo. Sanidad reconoce que hay muchas dudas. El confinamiento seguirá y se estudia cuándo y cómo introducir medidas. Informa Leticia Arenas.

La renta mínima llega acompañada de desavenencias internas en el Gobierno sobre el cómo y el cuándo ponerla en marcha, pero finalmente Moncloa ha dado por zanjada la cuestión. "Las formaciones políticas que componen el gobierno están de acuerdo en la estructura, están de acuerdo en la prioridad y están de acuerdo en los colectivos a abarcar con motivo del ingreso mínimo vital. Lo que se ha planteado en los último días es una cuestión de velocidad de la implantación", ha expuesto la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa par dar cuenta de la gestión del Gobierno ante el coronavirus. | Coronavirus: última hora en directo.