Más de 20 millones de personas, el 42% de la población española, vive con servicios sociales "débiles o irrelevantes"
- La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta el Índice DEC 2024
- Castilla y León, País Vasco y Navarra son las comunidades con mejor calificación en servicios sociales
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Más de 20 millones de personas, el 42% de la población española, vive con servicios sociales "débiles e irrelevantes", según los resultados del Índice DEC, presentado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El Índice DEC es un estudio que mide y evalúa desde el año 2012 el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los servicios sociales detallados por comunidad autónoma, y en este ranking autonómico sitúa a Castilla y León, País Vasco y Navarra como las regiones con mejor calificación en sus servicios sociales y en la otra cara de la moneda, a la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid.
El análisis de este año pone el énfasis en el "mucho camino que queda por recorrer" hacia la "desinstitucionalización" de los servicios sociales en España, esto es, acercar estos servicios al ciudadano. Y en este sentido, pone de manifiesto el "escaso desarrollo" y evolución de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (centros de día), lo que requiere de un mayor compromiso presupuestario.
El estudio pone de manifiesto que la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones mejoran, pero califica como "preocupante" el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización 2024-2030 promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que busca la modernización y el refuerzo de los servicios sociales y el modelo de cuidados de larga duración con la implantación de un modelo de atención centrado en la persona y prioritariamente en su hogar.
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha destacado que en términos generales "claramente los datos mejoran" y los servicios sociales "se consolidan en este país como el cuarto pilar del Estado de Bienestar", pero "queda mucho por hacer" porque "las diferencias entre comunidades son escandalosas" y así, concluye, "no es posible hablar de un Estado cohesionado".
"El índice mejora en cobertura, en ordenación del sistema, y donde hay un deterioro (no en todas las comunidades, pero sí en el conjunto) es en la relevancia económica, que es quizá lo más preocupante", ha explicado el coordinador del estudio, Gustavo García, durante la rueda de prensa para presentar el documento, que señala que aunque aumenta el gasto en servicios sociales por habitante (que pasa de 512 euros en 2022 a 548,1 euros en 2023, un 7% más) , retrocede por tercer año consecutivo el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales, pasando del 1,81% en 2022 al 1,76% en 2023.
Ayuda a domicilio, centros de día y teleasistencia
Así, el servicio de ayuda a domicilio, según este estudio, apenas ha variado un punto desde el año 2010: del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en ese año.
Atendiendo al apartado de ayuda a domicilio como prestación de derecho en el catálogo de la dependencia, su intensidad es de 35,65 horas al mes: 17,4 horas para los dependientes Grado I; 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III; apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos. El índice concluye que este tiempo de cuidados es "claramente insuficiente" ya que, según apunta la propia ley, en el caso de los grandes dependientes se trata de personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también detecta deficiencias en la cobertura de centros de día que muestra, según este estudio, una "escasa o nula evolución" desde 2010, aunque en el último año muestra un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10. Un breve incremento que aún hace de este servicio una cobertura muy limitada para las necesidades actuales.
El Índice DEC 2024 apunta a que la teleasistencia es el único servicio que muestra cierta evolución en más de una década en España, 3 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,1% de las personas mayores de 65 años, aunque con "cierto estancamiento". Esta asociación dice que se está aún lejos de establecer la teleasistencia como un "derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio".
Cifra en 709.234 las personas que quedan por cubrir para alcanzar la cobertura del 100% y calcula que se tardará siete años, al ritmo actual, en alcanzar este objetivo. Los últimos datos disponibles, correspondientes a abril 2025, dicen que sólo hay 542.546 con teleasistencia de las 1.261.574 que reciben prestaciones en su domicilio.
Por otro lado, en cuanto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, recogida en la ley de dependencia, este estudio determina que la percibe el 41,9% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros, cuantía "insuficiente" para que los y las familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria.
Aumenta el gasto en servicios sociales, pero disminuye porcentaje del PIB
Los resultados del Índice DEC 2024 indican una mejora de los servicios sociales en el conjunto de las comunidades, alcanzando la puntuación más alta de toda la serie desde 2012, primer año de aplicación del IDEC.
En general, la evolución del Sistema Público de Servicios Sociales en estos trece años pone de manifiesto una tendencia ligeramente creciente, con dos momentos en los que la tendencia se quiebra- los años 2014 y 2025, cuando se alcanza el nivel más bajo de la serie (4,54 puntos) por el impacto de los profundos recortes del gasto social derivados de la crisis económica- y en 2021- coincidiendo con el impacto de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de Covid-19. En 2022 se aprecia una cierta recuperación, alcanzando, a nivel global, la puntuación más alta de la serie.
En términos generales, 13 comunidades mejoran su puntuación global en el DEC 2024, tres la mantienen igual que en el año anterior (Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana) y sólo una empeora (Baleares, -0,43 puntos). En lo alto de la calificación vuelven a situarse, como ocurre desde que el índice se viene aplicando: Castilla y León, País Vasco y Navarra, en este orden. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, Cantabria y la Región de Murcia tienen unos servicios sociales "irrelevantes", seguidas de Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares, con unos servicios sociales "débiles".
Estas diferencias pueden suponer, según los autores del estudio, que los habitantes de una comunidad reciban la resolución de la valoración de la dependencia en dos meses y en otra tengan que esperar ocho meses o hasta un año.
Diferencias entre comunidades: desigualdad de oportunidades
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamentan que año tras año se mantengan las grandes diferencias entre territorios en cuanto a su compromiso presupuestario en los servicios sociales, lo que supone "una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia".
País Vasco se sitúa a la cabeza con 1.203 euros de gasto por habitante en servicios sociales, frente a los 713,7 de Extremadura o los 405,3 de la Comunidad de Madrid, según este índice.
El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (3,03%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid (0,95%).
Existen, por tanto, diferencias de gasto que se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios, con algunos ejemplos claros:
- El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494).
- El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) no es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35%).
- El porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en la Región de Murcia (3,8%).
- Andalucía, con 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, ofrece una cobertura 24 veces mayor que Extremadura (0,9%).
- La cobertura del servicio de teleasistencia es del 34,5% sobre personas mayores de 75 años en Andalucía, es 6,6 veces más que en Canarias (5,2%).
