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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado un cambio normativo para impedir el 'spam' telefónico. De este modo, las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas y que no estén identificadas como tal.

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado varias enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, todavía en trámite para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Por un lado, se establece que las empresas estén obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un prefijo telefónico específico. Y si las empresas no utilizan ese código, el operador de telecomunicaciones deberá bloquear la llamada. Por otro, se busca declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, y obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas, entre otras medidas que se han dado a conocer en semanas anteriores.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que se trata de "impedir que haya modelos de negocio que se basen en menoscabar el derecho al tiempo, el bienestar o la privacidad de los consumidores".

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido el gobierno de coalición reconociendo los diferentes puntos de vista de los partidos que lo forman: "Una democracia no funciona con el ordeno y mando", ha explicado en TVE al tiempo que aseguraba que el Gobierno "goza de buena salud". El ministro no escondía que en el Gobierno "hay partidos diferentes, con posiciones y políticas diferentes, que chocan, pero avanzan", y no ha tenido reparo en explicar que "es difícil negociar cuando hay posiciones diferentes" pero está convencido de que "está bien que haya una discusión pública sobre distintas posiciones". Sobre las discrepancias internas Bustinduy ha querido zanjar el tema con una reflexión: "Entiendo que la diferencia llame la atención, pero hay que desdramatizarlo".

Los periodistas de 'La Hora' han aprovechado para preguntarle por la reforma de la Ley de Dependencia y la Discapacidad, la fiscalidad del salario mínimo interprofesional (SMI) y la campaña en la que la aerolínea de bajo coste Ryanair le tacha de "payaso" y "comunista". Sobre esto último ha valorado que "la campaña se califica por sí misma", que "Consumo sancionó a Ryanair porque padres o madres se sentarán al lado de sus hijos" y que su obligación es "defender a los consumidores aunque monten estas campañas para amedrentar".

Teleasistencia, más ayuda en casa, agilizar los trámites y evitar la discriminación para contratar seguros son algunas de las medidas que recoge el anteproyecto de ley de dependencia y discapacidad que ha aprobado el Gobierno. Las asociaciones aplauden la norma pero piden más financiación.

Casi todas las personas con discapacidad han sufrido discriminaciones que no están permitidas por ley. Perseguirlas con más eficacia es lo que busca la nueva Ley de Dependencia y Discapacidad. Además recoge otras medidas como el derecho a la teleasistencia o la posibilidad de recibir más de un servicio a la vez. Actualmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atiende a más de 1.600.000 personas, y hay una lista de espera de más de 200.000. FOTO: GETTY IMAGES

El Ministerio de Derechos Sociales destina 50 millones de euros a los ayuntamientos afectados por la DANA. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha explicado en el informativo 24 horas de RNE que el objetivo de esta inversión es que "ninguna persona sea doblemente víctima: por un lado, de la catástrofe en sí y por otro, de una exclusión social". Además, ha añadido que se utilizará para reconstruir la infraestructura social o reponer material.

Errejón ha asegurado que la denuncia de Mouliaá es "falsa" y pide declarar "a la mayor brevedad" para exponer "los hechos". Sobre ello, Bustinduy ha expresado que "esta causa no me corresponde a mí valorarla", pero ha querido recordar cómo actuó Sumar cuando se enteraron de la noticia y ha defendido la reacción que tuvieron y ha insistido en "pedir perdón a las víctimas y, políticamente, tomar todas las medidas para desterrar la violencia sexista de las organizaciones políticas."

"El Estado está movilizando todos los recursos a su disposición y lo hará todo el tiempo que sea necesario", ha recalcado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este martes en La Hora de La 1. Entre los 14 mil millones de ayuda que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros, la cartera que dirige Bustinduy ha aprobado una partida de 50 millones a los ayuntamientos para que "tengan los recursos suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población afectada". "Hay un compromiso de las administraciones para que las ayudas sean inmediatas", ha destacado.

Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo