El Consejo de Ministros aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
- La reforma "blinda" el sistema de la dependencia y diseña un nuevo modelo de cuidados
- El ministro Bustinduy asegura que la nueva ley se adapta a "las necesidades del siglo XXI"
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El Gobierno ha aprobado este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad presentadas por el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con el objetivo de mejorar el sistema de cuidados y reforzar los derechos de las personas más vulnerables. El ministro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que el anteproyecto de ley "blinda el sistema de la dependencia".
"Esta reforma que presentamos hoy acaba con los recortes del Partido Popular, blinda el sistema de la dependencia y diseña un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar y lo proyecta hacia las necesidades del siglo XXI", ha manifestado el ministro.
Entre las novedades que introduce el Anteproyecto de ley que reformará las leyes de dependencia y discapacidad están la de supresión del artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio. Además, a todas las personas a las que se reconozca un grado de dependencia en cualquiera de sus grados se les reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad.
Asimismo, los trabajadores de residencias de mayores en situación de dependencia o de personas con discapacidad estarán obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, un requisito que ya se pide actualmente para trabajar con menores; las comunidades autónomas deberán establecer "sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis" y los resultados de las inspecciones deberán ser publicados.
Esfuerzo en la financiación
Bustinduy ha destacado que es "una reforma ambiciosa" y "extraordinariamente positiva" para el cambio del modelo de cuidados, y ha asegurado que "va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia". Según ha precisado, en el año 2024 se alcanzaron los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado.
"Esto es un máximo histórico. Supone un 150% más que respecto al año 2018 y un 200% más que respecto al año 2014. Hay pocos precedentes en el ámbito de las políticas públicas y de las políticas sociales de un esfuerzo presupuestario de esta naturaleza", ha enfatizado.
Coordinación sociosanitaria
También modifica la ley anterior en lo referido a la obligación de las Comunidades Autónomas de establecer procedimientos de coordinación sociosanitaria y garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas en situación de dependencia "en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar de residencia".
Por otro lado, según figura en el texto, la violencia de género, el aislamiento social o circunstancias habitacionales, de accesibilidad o de salud, serán considerados factores para tramitar por vía de urgencia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia. La asistencia personal dejará de ser una prestación económica vinculada a servicio y pasará a estar recogida en el Catálogo de servicios de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Igualmente, se incluye la teleasistencia para "todas las personas en situación de dependencia".
Todo ello está en línea con los principios en los que Derechos Sociales quiere que se inspire esta ley como "el respeto a la libertad de elección, la voluntad, preferencias y autodeterminación de las personas en situación de dependencia" y la "personalización de los cuidados".
En cuanto al servicio de cuidados y apoyos en viviendas, en el texto aparecen recogidas dos modalidades. Una de ellas es en una vivienda en la que conviven un número reducido de personas en situación de dependencia, ubicada en un entorno comunitario de viviendas ordinarias, con un modelo de convivencia participativo y consensuado entre las personas que conviven y con los servicios de alojamiento y manutención incluidos.
La otra modalidad consiste en viviendas dignas y adecuadas que formen parte de un equipamiento de carácter colectivo, ubicado en un entorno comunitario, y con servicios de cuidados comunes a todas las viviendas. El servicio de alojamiento no se incluirá en esta modalidad de prestación y en cada vivienda podrán convivir con la persona en situación de dependencia, personas allegadas o cuidadoras a propuesta de esta, según el texto.
Preferencias de la persona beneficiaria
Las residencias deberán convertirse en un entorno de "confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad" con la prestación de los apoyos necesarios "para el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con significado, poniendo en el centro de la atención sus preferencias, derechos e intimidad".
Sobre los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, el anteproyecto contempla, por ejemplo, en el caso de las residencias, garantizar "una cantidad mínima para gastos personales destinada a favorecer el bienestar físico y emocional". También recoge el derecho de las personas en situación de dependencia "a recibir una atención libre de sujeciones".
Por su parte, en el ámbito de la discapacidad, la reforma contempla, entre otras novedades, la creación de un Registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad; la inclusión como infracción grave de "la exposición pública" de una persona con discapacidad en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales o la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal en el ámbito de la Administración General del Estado.
