Huelga en el sector de la dependencia de Madrid por una subida salarial: "Nos acusan de no querer trabajar"
- Más de 15.000 trabajadoras están llamadas a una huelga indefinida que comenzó el 7 de enero
- Reclaman la subida salarial del 10% para este año pactada ya con la patronal del sector
El sector de la dependencia es fundamental para muchas familias. Se encargan de cuidar, asear, limpiar, cocinar, planchar o acompañar a personas con algún grado de dependencia. Las más de 15.000 trabajadoras del servicio de atención a la dependencia de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid esperaban comenzar el año 2025 con una subida del 10% en sus salarios, tal y como se había pactado en su convenio. Sin embargo, ni la Comunidad, ni el Ayuntamiento han actualizado los pliegos, el paso imprescindible para la mejora del sueldo de las trabajadoras se haga realidad. Por eso, desde el 7 de enero, las trabajadoras están inmersas en una huelga indefinida convocada por UGT, CGT y OSAD.
El atasco en los pliegos
“Las empresas que gestionan el servicio están perdiendo, las compañeras están perdiendo, los usuarios y las familias están perdiendo, pero quien no está perdiendo aquí, sino que está ahorrando dinero, es la administración. Es la única que parece que no tiene responsabilidad”, responde por teléfono Darío Ferrer, miembro del comité de huelga por parte de UGT.
Estamos ante un conflicto de naturaleza laboral, pero con la particularidad de que los trabajadores no señalan a los empresarios, señalan a las administraciones. Hay que entender que la atención a la dependencia es un servicio público que tanto Comunidad como Ayuntamiento han externalizado en empresas privadas como Domus Vi, Asispa, Atende y Serveo Social. A través de contratos públicos que suelen tener una vigencia de cuatro o cinco años, estas empresas prestan el servicio: “Las subidas salariales van adjuntas a la renovación de los nuevos pliegos, por tanto, mientras no haya nuevos pliegos, pues no hay subida salarial”, explica en la misma conversación telefónica Carmen López, responsable del sector de la dependencia de UGT Madrid.
A la espera de los nuevos pliegos, trabajadoras como Charo, con 24 años de experiencia en el sector de la dependencia, "con salario base, antigüedad y pluses" llega a los 1.124 euros. Es decir, a duras penas alcanza el Salario Mínimo Interprofesional, y como ella, la mayoría de sus compañeras. Todo por un trabajo que no es sencillo: “En un hospital tienen ayudas técnicas como sillas de ruedas, o grúas, nosotras, todo eso lo hacemos cargándolo, nosotras y ayudándonos de nuestro propio cuerpo. Sufrimos de dolor de espalda, en las muñecas, en los hombros. Todas tenemos los huesos tocados de una forma u otra”, lamenta. Para la huelga se han establecido unos servicios mínimos del 100%, así que en la práctica a todas les está tocando ir a trabajar. Una vez en el puesto de trabajo, dependiendo del grado de dependencia del paciente, atienden las necesidades más básicas como puede ser el aseo. Esto, según Charo, le está costando malentendidos con los pacientes: “Muchos te dicen esto es un invento tuyo para no limpiar. Nos dicen que no queremos trabajar o que somos unas vagas”, relata.
Desindexación y prórrogas, los ases en la manga de la administración
“Comprendemos, aunque no compartamos las formas, que los trabajadores se quieran dirigir a la administración para pedir que los acuerdos que se han alcanzado se puedan aplicar”, apunta Ignacio Gamboa, el presidente de ASADE, la patronal que representa a las empresas del sector de la ayuda a domicilio. “Hablamos de un sector público, con contratos públicos, de tal manera que los pactos que alcanzamos la patronal y los sindicatos van vinculados a la entrada en ejecución de esos nuevos contratos”, añade. Gamboa apunta a dos de los pilares que rigen la contratación pública en nuestro país: la desindexación y las prórrogas potestativas.
A grandes rasgos, cabe explicar que la desindexación es la herramienta que permite a las administraciones mantener los precios de los contratos públicos estables desde el primer hasta el último día de vigencia. Da igual que durante ese tiempo los costes se disparen. No se pueden introducir cláusulas ligadas a, por ejemplo, la inflación. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de la ayuda a la dependencia de Madrid: mientras no se actualice, las condiciones y el precio del contrato siguen siendo los de 2020. La segunda herramienta, las prórrogas potestativas, permiten a las administraciones alargar contratos, aunque estos hayan caducado. Sindicatos y patronal coinciden en que se debería revisar la Ley de Contratos del Sector Público. “Sin la Ley de Desindexación, el sector de la ayuda a domicilio no estaría en la situación de huelga que está a día de hoy”, concluye Ignacio Gamboa.
Por el momento, la huelga sigue en marcha, pero podría tener los días contados. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila ha asegurado que “muy probablemente antes de Semana Santa tengamos publicado el pliego”. En cualquier caso, supondrá un retraso de cuatro meses para implementar las mejoras salariales. Además, desde la patronal ASADE señalan que el problema va más allá de Madrid, con atascos en la renovación de convenios y movilizaciones de los trabajadores en comunidades como Cataluña, Galicia, Islas Baleares o Comunidad Valenciana. Un contexto que no dibuja un futuro halagüeño para un servicio que, según el sector, va a necesitar doblar su mano de obra en la próxima década.