Consumo investiga a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas

• Cuestiona la prohibición de introducir comida y bebida, el sistema de pago con pulseras y el cobro por salir y volver a entrar
• Podrían suponer una infracción de la ley que acarrea multas de hasta 1 millón de euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga a una gran empresa promotora de festivales de música después de detectar que podría estar incurriendo en prácticas abusivas por la prohibición de introducir comida y bebida en el recinto, el sistema de pago con pulseras o el hecho de que se cobre por salir y volver a entrar.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy le ha abierto así un expediente sancionador al considerar que podría tratarse de infracciones del artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, lo que de confirmarse acarrearía multas de hasta 1 millón de euros.

Del sistema de pago con pulseras a cobro por entrar y salir

La nota de prensa del Ministerio destaca tres prácticas. Una de ellas tiene que ver con el sistema de pago a través de pulseras cashless, que permiten operar sin efectivo y sin tener que pasar la tarjeta de crédito o débito en cada compra. Estas funcionan a modo de 'monedero' virtual: el usuario recarga dinero, que luego puede ir utilizando para comprar comida y bebida dentro del recinto.

Pero el problema no está en la tecnología. Consumo pone el foco en los casos en los que no se permite el rembolso del dinero sobrante si lo que queda está por debajo de un límite (por ejemplo, si el límite está en tres euros y nos han sobrado 2,90 euros, ese dinero no se podría recuperar). También investiga si se cobran gastos de gestión por llevar a cabo dicho rembolso o si se limita el tiempo para hacerlo.

Por otro lado, el expediente sancionador recoge también la prohibición "expresa y generalizada" de acceder al recinto con comida y bebida del exterior. Según plantean, el registro a los asistentes para asegurarse de ello puede suponer que se deniegue el derecho de acceso "de forma potencialmente arbitraria".

En tercer lugar, está bajo la lupa si se ha prohibido a los asistentes salir y volver a entrar del recinto "libremente" y si se cobra también por tener ese derecho.

Infracciones de hasta 1 millón de euros

El Gobierno justifica la actuación de la Dirección General de Consumo en esto por tratarse de una compañía que organiza festivales en diferentes comunidades autónomas y aclara que abrir un expediente no prejuzga el resultado final de la instrucción.

En el caso de tratarse de una infracción muy grave de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la empresa se enfrentaría a multas de entre 100.000 y 1 millón de euros.

La investigación puede alargarse hasta un máximo de nueve meses y el Ministerio hará pública su resolución.