Isabel Rodríguez, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz han respondido a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un adelanto electoral si los decretos de vivienda no salen adelante este viernes en el Congreso.
La ministra de Vivienda no se ha referido a la posible cita con las urnas pero sí ha dicho que "el momento de la verdad ha llegado" refiriéndose a las votaciones, el titular de Derechos Sociales ha reconocido que "el run run" de las elecciones "está por todas partes". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha reconocido haber hablado con Pedro Sánchez, pero ha asegurado que se guarda para ella el contenido de la conversación.
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que las fuerzas de izquierda están preparadas ante un adelanto electoral y ha recalcado que las próximas elecciones "serán un referéndum" sobre la vivienda.
En una entrevista en La Hora de la 1, ha reconocido que el "run run" de un posible adelanto electoral "está por todas partes", pero que es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Nuestro programa político tiene un punto esencial que es el derecho a la vivienda", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que los diputados que voten este viernes en contra de los dos decretos de vivienda van a quedar retratados "con nombres y apellidos", lo van a pagar "muy caro" y les va a "pasar por encima".
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El Ministerio de Consumo ha enviado una carta a más de 500 grandes propietarios de viviendas para recordarles que la prórroga de los contratos de alquiler es obligatoria.
El decreto que regula la medida, previsiblemente, no saldrá adelante en el Congreso, pero hasta que esté vigente los inquilinos pueden acogerse al mismo.
Muchos ya han solicitado la prórroga, a la que pueden acogerse aquellos a los que finalicen su contrato entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
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El ministro de ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que seis plataformas de alojamientos turísticos han retirado 108 anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupado por Israel, que supone casi el 80% del total de lo requerido por el departamento gubernamental el pasado diciembre de 2025.
En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, el ministro ha señalado que se está a la espera de que una séptima plataforma elimine los 30 anuncios restantes, ya que son 138 la oferta exigida a suprimir. Además, esta restricción no solo ha afectado a los anuncios en España, sino que también "para otros países", según ha destacado el titular de Consumo.
A su vez, ha criticado el rechazo de PP, Vox y Junts al llamado "decreto ómnibus" del Gobierno, que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones, tildándolo de "indigno". Y ha reclamado la dimisión de la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro tras los insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE celebrado este domingo en Teruel, y ha lamentado la "degeneración de la política" que, a su juicio, refleja este tipo de comportamientos.
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En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler en España, según datos del Ministerio de Consumo, la mayoría se firmaron en 2021 después de la pandemia con unos precios mucho más bajos que ahora. Para la mayoría de inquilinos supondrá pagar un alquiler más caro o tener que mudarse a otro piso, probablemente más pequeño o peor situado.
Si no se trata de una zona declarada como tensionada, al finalizar el contrato los propietarios tienen libertad para establecer una nueva renta. El mismo piso podría costar ahora 300 euros más que hace cinco años. Esta es la media, pero hay ciudades en los que los precios han aumentado aún más.
Sumar propone que suba solo el IPC, que además exige a su socio de Gobierno que todos los contratos se prorroguen tres años. El PSOE ha respondido pidiendo que hagan sus propuestas en el Congreso. Vivienda ha recordado a Consumo que la declaración de zonas tensionadas ya permite limitar precios cuando acaba un contrato, pero son las Comunidades Autónomas las que deben solicitarlo.
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