Alquiler Seguro ve "abusiva" la propuesta de sanción de Consumo y anuncia que presentará alegaciones
- Dice que cumple con la ley y que no lleva a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler
- Defiende que tres sentencias judiciales avalan ya la legalidad de los servicios que presta
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Alquiler Seguro ha calificado de "abusivo" y "desproporcionado" el importe de la propuesta de sanción que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le ha impuesto por posibles prácticas abusivas contra inquilinos y ha anunciado que presentará alegaciones.
"La compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones", ha señalado a través de un comunicado, en el que ha confirmado que ha recibido la propuesta de sanción, por importe de 3,6 millones de euros, del Ministerio de Consumo.
En noviembre de 2023, la organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción denunció a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la entrada en vigor de la ley de vivienda. Tras investigar el caso, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy decidió en marzo abrir un expediente sancionador y este lunes se hizo pública la propuesta de multa.
Entre las irregularidades, destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
La empresa, sin embargo, ha defendido que cumple con la ley, que no lleva a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler y que todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son "transparentes, públicos y voluntarios", incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador.
Defiende que tres sentencias "avalan" la legalidad de sus servicios
La compañía ha rechazado estas acusaciones, argumentando además que tres sentencias judiciales han avalado la legalidad de los servicios ofrecidos a los clientes, así como la voluntariedad en la suscripción de los mismos, específicamente, del Servicio de Atención al Inquilino (SAI).
En este sentido, ha indicado que el Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid ha sido el último en desestimar una demanda contra la empresa por el cobro de este servicio aclarando que no es abusivo, no supone una imposición e incluye una serie de prestaciones voluntarias que resultan de utilidad para los inquilinos durante toda la vigencia del contrato de alquiler.
Según Alquiler Seguro, el fallo que desestimó la demanda de un inquilino que reclamaba la devolución del importe de contratación de este servicio, establece que la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino "sin ningún tipo de imposición". Además, ha apuntado que otros dos tribunales se han pronunciado en el mismo sentido.
Tras la propuesta de sanción por parte del Ministerio de Consumo, el propio Bustinduy recalcó en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE que "ninguna empresa va a estar por encima de la ley". La iniciativa debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, quien en los próximos meses tomará su decisión tras estudiar las posibles alegaciones de las partes.
