Consumo exige a siete empresas retirar los pisos turísticos ofertados en Territorios Palestinos Ocupados
- Reclama en un primer requerimiento la eliminación o el bloqueo de 138 anuncios
- El Gobierno aplica el decreto para prevenir el "genocidio" en Gaza y proteger a la población palestina
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reclamado a siete empresas multinacionales que retiren de sus plataformas más de un centenar de anuncios sobre alojamientos turísticos en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, ya que considera que "contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional".
El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy se agarra al artículo 4 del Real Decreto-ley que incluye medidas para ayudar a la población palestina y prevenir el "genocidio" en Gaza. Dicho texto prohíbe explícitamente "la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos", una categoría en la que el Gobierno incluye la actividad turística.
El Ejecutivo ha anunciado que ya ha enviado un primer requerimiento a las plataformas para instarles a la retirada "inmediata" de un total de 138 anuncios o al bloqueo de su exhibición en España. De lo contrario, se arriesgan a "posteriores actuaciones" por parte de Consumo, si bien el Ministerio no ha especificado en su nota inicial ni las potenciales medidas a las que alude ni las empresas concretas señaladas en su investigación.
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Limitar el aprovechamiento económico de la explotación
El debate político y social en torno a la explotación económica de zonas ocupadas, derivada principalmente de los asentamientos israelíes en Cisjordania, no es nuevo. La ONU y las ONG elaboran periódicamente informes en los que se señala a empresas extranjeras que estarían beneficiándose directa o indirectamente de la ocupación de los territorios palestinos.
En Cisjordania, cuya soberanía ha puesto en tela de juicio en los últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu, viven unos tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos.
La preocupación internacional crece, de hecho, a medida que las autoridades israelíes dan muestra de seguir ampliando su control sobre estas zonas, con un nivel de expansión inédito en años, y al albor de dictámenes como el emitido en julio del año pasado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En una opinión consultiva, dicha corte, con sede en La Haya, estableció que las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado acarrean consecuencias jurídicas para el resto de los Estados de la comunidad internacional, obligados a "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal".
