Presupuestos, asilo o Estatuto Marco sanitario: ¿qué leyes decaen con el adelanto electoral?
- No se aprobará la regulación de la IA, la reforma de la financiación autonómica o la subida del SMI
- Tampoco la ley antitabaco, la prohibición de terapias de conversión o la reducción de ratios escolares
- Directo: Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre
Ha sido el fracaso a la hora de aprobar dos decretos ley sobre vivienda lo que ha terminado provocando el adelanto electoral al 29 de noviembre, tal y como ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero más allá de las medidas sobre vivienda -que además el Ejecutivo pretende sacar adelante en todo caso en la Diputación Permanente-, son muchas otras las leyes que decaen con el anticipo de las elecciones generales.
Son leyes ya en trámite parlamentario que decaen por la disolución de las Cortes -que será efectiva a partir del martes- o bien medidas anunciadas por el Ejecutivo que todavía no habían iniciado su recorrido en las cámaras, como los Presupuestos para el próximo año. En total, 305 iniciativas parlamentarias, propuestas por el gobierno o por otros partidos, según el recuento del portal de transparencia Civio.
Algunas de ellas, eso sí, podrían salir adelante mediante aprobación vía real decreto -que no necesita la convalidación parlamentaria- o bien con una ratificación en la Diputación Permanente, que suple el pleno del Congreso en periodos de disolución de las Cortes. Entre las decenas de medidas que decaen hay algunas a punto de hacerse realidad -como la que concede la nacionalidad a los saharauis o la penalización de las terapias de conversión- y otras que era poco probable que fueran aprobadas incluso sin adelanto electoral, ya que llevaban meses varadas en comisiones parlamentarias.
El 'debe' en economía: presupuestos o financiación autonómica
La legislatura que comenzó en 2023 y termina ahora será la primera sin unos presupuestos aprobados. Tampoco llegarán los de 2027, que en todo caso tenían difícil ser aprobados por la debilidad parlamentaria del Gobierno, a pesar de que en junio Sánchez anunció que comenzaban los trámites para sacarlos adelante. Las cuentas para el próximo año incluían "el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de toda nuestra historia democrática", decía el ministro de Hacienda, Arcadi España, ese mismo mes.
Además de los presupuestos, el otro gran hito que se había propuesto el Ejecutivo en materia económica era la reforma del modelo de financiación autonómica, pactado entre el Gobierno y ERC, y especialmente importante para Cataluña y para este partido. Hace apenas un mes, Hacienda aprobaba el nuevo modelo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se encontró con la oposición de todas las comunidades salvo Cataluña y Canarias. Tanto autonomías del PP como del PSOE cargaban contra una financiación que, denunciaban, beneficiaba a Cataluña, mientras que el ministro defendía que su propuesta aportaba 20.975 millones más a las comunidades y reducía "a la mitad las diferencias de financiación".
En paralelo, decae también la condonación de deuda de las 15 comunidades autónomas del régimen común, otra de las medidas pactadas entre Esquerra y los partidos del Ejecutivo para la investidura de Sánchez en 2023. El Estado iba a asumir 83.252 millones de euros de la deuda acumulada por las autonomías desde la crisis financiera con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según el proyecto de ley remitido al Congreso en diciembre de 2025, y que contaba con la oposición de PP y Vox. Tras casi un año paralizado, el Congreso retomó la tramitación de la ley hace apenas una semana.
Queda en duda el futuro de la reforma del registro horario tras un largo choque entre los ministerios de Trabajo (Sumar) y Economía (PSOE), y a pesar del ultimátum de Comisiones Obreras y UGT. Los cálculos de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo apuntan a que en España se trabajan unos 2,5 millones de horas sin remunerar cada semana. Sin embargo, esta podría ver la luz todavía si finalmente se aprueba por real decreto.
Lo que no llegará será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, cuya negociación estaba prevista para el último trimestre del año. Aquí Economía y Trabajo sí que estaban de acuerdo en que era necesario actualizarlo para tener en cuenta la inflación por la guerra en Oriente Medio.
No verá la luz el Estatuto del Becario, otra de las medidas estrella del departamento de Yolanda Díaz. Había sido aprobado en Consejo de Ministros en segunda vuelta en noviembre del año pasado, pero no ha tenido éxito en su tramitación parlamentaria.
Decae la regulación de los centros de datos y de la IA
Dentro de la Comisión de Economía del Congreso, otras leyes que han caído con el adelanto electoral son el proyecto por el que se modifican diversas leyes para la digitalización y modernización del sector financiero, y el proyecto para el buen uso de la Inteligencia Artificial (IA). Decae la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, un proyecto que estuvo a punto de culminar en la legislatura anterior pero también decayó por el adelanto electoral, así como la creación de la Comisión Nacional de Energía.
En materia de energía, un proyecto destacado del Ministerio para la Transición Ecológica era la nueva regulación de los centros de datos, que establecía parámetros más estrictos para evitar una burbuja y establecía que la energía que consumieran estos proyectos fuera renovable en un 80% y de nueva generación.
En cuanto a vivienda, decaen todas las iniciativas legislativas impulsadas por el PP en Congreso y Senado, y que abarcan un amplio abanico de medidas que van desde agilizar el desalojo de 'okupas' en vivienda hasta rebajas fiscales en la compra de inmuebles y reformar la ley del suelo. Tampoco se aprobará la ley de EH Bildu para controlar y regular la publicidad de los pisos turísticos ilegales y la presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.
Frenazo a las medidas de asilo y extranjería
La migración ha sido uno de los asuntos clave en este final de legislatura, marcado por la crisis de Ceuta. En ese sentido, no verán la luz la recién anunciada reforma de la ley de extranjería y la nueva ley de asilo, con las que el Ministerio del Interior pretendía actualizar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. En estos textos se agilizaban los plazos para resolver las peticiones de asilo y se aceleraba por tanto la devolución de migrantes.
Además, este mismo martes el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar un decreto para acelerar las devoluciones de los migrantes que habían entrado en Ceuta a finales de julio.
No llega a aprobarse, de nuevo, la derogación de la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, tal y como la conocen sus críticos, a pesar del empuje de principios de la legislatura con acuerdos entre PSOE, EH Bildu y PNV. A final de esta legislatura se había estancado su trámite parlamentario, y se cumplen 11 años de su aprobación sin que se haya derogado, a pesar de las promesas de PSOE o Sumar.
Y a pesar de salir adelante el pasado 10 de septiembre con el único voto en contra de Vox, la nacionalización de los saharauis queda en papel mojado, ya que nunca llegó a votarse en el Senado. La diputada de Sumar Tesh Sidi no la da por perdida: ha pedido que el PP retire sus enmiendas en la Cámara Alta o bien que el Gobierno la apruebe mediante real decreto.
Sin Estatuto Marco sanitario ni ley antitabaco
En materia sanitaria, la cartera de Mónica García -que suena como posible candidata del Frente Amplio a las elecciones- termina la legislatura con muchas tareas pendientes. La principal de ella, la aprobación del Estatuto Marco para el personal sanitario, al que se oponen los principales sindicatos médicos y que apoyan en cambio otros trabajadores del sector. La medida, negociada entre Sanidad y los profesionales durante casi cuatro años, fue enviada al Congreso finalmente el pasado 1 de septiembre.
El texto incluía la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, la eliminación de las guardias de 24 horas que se reducen a 17, y una reclasificación profesional, además de medidas de conciliación, pero el comité de huelga exigía jornadas semanales de 35 horas y un estatuto marco propio, entre otras medidas, por lo que anunciaron paros indefinidos a partir del 28 de octubre, una huelga que ahora queda en el aire.
También quedan en papel mojado la nueva ley antitabaco, la de alcohol y menores, la del medicamento, la de universalidad, o la que pretendía garantizar la gestión pública en la sanidad y limitar la colaboración público-privada.
No ve la luz el Estatuto del Docente o el decreto de FP
En Educación, queda pendiente el Estatuto del Docente, que el personal educativo lleva años reclamando. Como una primera parte de este texto, el Gobierno aprobó la reducción de ratios en abril en el Consejo de Ministros y la medida se encontraba actualmente en tramitación en la Comisión de Educación en el Congreso. La falta de avances en este sentido ha sido motivo de descontento entre el profesorado, que ha convocado una huelga indefinida desde el próximo 14 de octubre en Madrid y diferentes movilizaciones en todas las comunidades a lo largo del otoño.
No verá tampoco la luz el nuevo decreto de Formación Profesional que limitaba la enseñanza online, impulsada sobre todo por la privada, ni la ley que reduce el número de alumnos por aula, aunque ha quedado aprobada la ley que frena la creación de nuevas universidades privadas.
Cae la ley de violencia vicaria y el blindaje del aborto en la Constitución
Respecto a las medidas promovidas por el Ministerio de Igualdad, cae la ley de violencia vicaria, que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso, y que tipificaba como agravante de género este tipo de violencia y preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato. Igualmente, no verá la luz la ley contra la trata, pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.
Asimismo, la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, tampoco saldrá adelante. También queda pendiente la ley para castigar las mal llamadas terapias de conversión LGTBI, que ya había superado la tramitación en el Congreso y se encontraba actualmente en el Senado.
Mientras, por parte del Ministerio de Derechos Sociales decaerá la ley de familias, varada en el Congreso y, además, la falta de Presupuestos hará que no salga adelante una de las medidas más deseadas por Sumar: la prestación universal por crianza. Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia, también de Sumar, impulsó una ley para restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, y que actualmente se encontraba en fase de ponencia en el Congreso.
Otro ministerio de la formación de izquierdas, el de Cultura, en manos de Ernest Urtasun, tenía pendiente sacar adelante la ley del cine, cuya aprobación está pendiente desde la legislatura pasada, cuando fue impulsada por el entonces ministro Miquel Iceta. La medida ha sido una de las principales reivindicaciones de la industria cinematográfica y audiovisual durante los últimos años, especialmente tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que generó un fuerte rechazo entre parte del sector por la definición de productor independiente y el reparto de las obligaciones de financiación.
Por otro lado, el pasado mes de septiembre el Gobierno sacó a información pública el anteproyecto de ley que regula el uso de la IA en el ámbito del Estatuto del Artista. Otra de las medidas que quedará en el aire es la trasposición de un IVA reducido para las ventas de obras de arte similar al que tienen países otros países europeos.
