El Gobierno envía al Congreso el proyecto de ley del Estatuto Marco sanitario a pesar de la oposición de los médicos
- La reforma reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17 y establece una jornada máxima de 45 horas semanales
- Los sindicatos médicos ven insuficientes las mejoras y amenazan con paros indefinidos
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto Marco para el personal sanitario, una reforma que cuenta con la oposición de los sindicatos médicos y de varias comunidades autónomas. El anteproyecto de ley promovido por el Ministerio de Sanidad ha sido aprobado en segunda vuelta, apenas tres meses después del primer visto bueno del Gobierno en junio, y ahora se enfrenta a una difícil votación en el Congreso, con la oposición de PP y Vox.
Se trata de una "reforma laboral sanitaria pendiente desde hace 23 años", ha explicado en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo la ministra portavoz, Elma Saiz, quien ha afirmado también que supone una "mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y futuro del modelo asistencial".
El texto, redactado en casi cuatro años de negociación entre Ministerio y sindicatos, busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003. En el anteproyecto aprobado el pasado junio se incluían novedades como la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, la eliminación de las guardias de 24 horas que se reducen a 17, y una reclasificación profesional, además de medidas de conciliación, entre otras.
El Estatuto Marco establece unos mínimos en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios, pero las comunidades autónomas, que tienen las competencias en este caso, pueden mejorar estas condiciones en su ámbito territorial, reduciendo, por ejemplo, las horas de guardia.
Paros indefinidos a partir de septiembre
Aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, mostró su confianza en aprobar la norma como un "pacto de país" e insistió en las mejoras que ofrece, los sindicatos de médicos reunidos en el Comité de Huelga han continuado mostrando su rechazo y en junio anunciaron paros indefinidos a partir de septiembre, aún sin concretar, tras las cinco semanas de huelga que llevaron a cabo en la primera mitad del año, con seguimiento irregular según la comunidad.
Los sindicatos médicos CESM, SMA y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías.
"Aprobar el proyecto en Consejo de Ministros no significa resolver el conflicto. El conflicto médico sigue abierto", ha señalado el Comité de Huelga en un comunicado, en el que añaden que este comité "seguirá defendiendo sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios y mantendrá todas las medidas de presión y movilización necesarias mientras continúen sin resolverse las causas que originaron el conflicto". No hablan, sin embargo, de medidas concretas.
APEMYF denuncia que la aprobación de la reforma "ignora las reivindicaciones de médicos y facultativos". El texto, a su parecer, mantiene una jornada "discriminatoria" para los médicos, "que puede alcanzar las 75 horas semanales", una situación que no se aplica al resto de profesionales sanitarios en los mismos términos. La plataforma denuncia, asimismo, que el proyecto mantiene las guardias de 24 horas, presentadas como una posibilidad “voluntaria”, pero condicionadas en la práctica por las denominadas "necesidades del servicio".
Mientras tanto, otros colectivos profesionales afectados por el estatuto marco urgen la aprobación de esta reforma, como el de Enfermería, ya que supondría que se les reconociera su categoría profesional como un grado universitario, acorde a su formación y competencias actuales, y no como una diplomatura como sucede ahora.
Por su parte, las autonomías gobernadas por el PP han exigido en distintos Consejos Interterritoriales y mediante declaraciones de sus consejeros de Sanidad que se retire el anteproyecto y se vuelva a iniciar su desarrollo desde el consenso.
El PP responsabiliza directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sacar adelante este Estatuto que ha provocado la "confrontación con los médicos". "El Gobierno debería haber utilizado este tiempo para escuchar a los profesionales, acercar posiciones, aportar seguridad jurídica, acreditar la viabilidad técnica y económica de sus propuestas y garantizar los recursos necesarios. Ha hecho exactamente lo contrario y el resultado está a la vista: médicos en huelga, organizaciones profesionales enfrentadas al Ministerio, sindicatos del ámbito que se sienten traicionados y una conflictividad sanitaria sin precedentes que ya están pagando los pacientes con consultas, pruebas e intervenciones suspendidas", critican fuentes del partido.
Descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y límite a la temporalidad
Según la información aportada por el Ministerio en una nota de prensa, estas son las principales novedades de la reforma:
Guardias: La medida más destacada es la limitación de las guardias médicas a un máximo de 17 horas de trabajo efectivo, frente a las 24 actuales, "sin pérdida retributiva". Las comunidades podrán reducir las guardias a 12 horas e incluso establecer el trabajo por turnos si así lo acuerdan con los sindicatos médicos. El texto garantiza también que no pueda exigirse a los profesionales realizar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia. Los periodos de descanso anteriores y posteriores a la guardia restarán de la jornada ordinaria a realizar. A efectos administrativos, ese periodo se considerará jornada realizada y no podrá ser recuperado posteriormente. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas.
Jornadas: La jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite europeo de 48, por lo que solo podrá haber una guardia a la semana. El proyecto establece también que aquellos servicios de salud cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia su implantación, teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y garantizando en todo momento la calidad de la asistencia. Se introduce por primera vez el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones competentes. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes.
Estabilidad en el empleo: Los procesos de selección deberán convocarse con carácter periódico cada dos años con carácter general, y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses. Los nombramientos temporales en plazas vacantes tendrán una duración máxima de tres años. En casos de abuso de la temporalidad, se fija una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio.
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral pasa a reconocerse expresamente como un derecho. Las administraciones sanitarias deberán favorecer medidas de flexibilización horaria y planificación anticipada de los turnos y se amplían los supuestos en los que podrá solicitarse la exención de guardias.
Clasificación profesional según el marco europeo: La ley estructura al personal en grupos de clasificación profesional atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). El personal sanitario se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 según la titulación (doctorado, grado con especialidad, grado, técnico superior o técnico). Por su parte, el personal de gestión y servicios se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.
Nuevas figuras y gestión: Se crea la categoría de "personal estatutario investigador", que requerirá el título de doctor y dedicará al menos el 50% de su jornada a la investigación. El acceso a puestos directivos exigirá titulación universitaria de grado y se realizará "mediante convocatoria pública y libre concurrencia".
Derechos: Se reconocen medidas de conciliación para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes, y el derecho a la "desconexión digital fuera del tiempo de trabajo".
