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¿Cómo funciona la Diputación Permanente y por qué podría ser utilizada para aprobar las medidas de vivienda?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 2 de octubre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 2 de octubre Jesús Hellín Europa Press

El adelanto electoral al 29 de noviembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre un nuevo escenario político que, lejos de quedar bloqueado hasta la fecha de los comicios, reconfigura la matemática parlamentaria.

Una vez las Cortes se hayan disuelto, es la Diputación Permanente de la Cámara Baja la que vota las medidas del Ejecutivo. Este organismo garantiza la continuidad funcional cuando el pleno del Congreso no puede reunirse.

En lugar de 350 diputados, la Diputación Permanente está compuesta por 68 más la presidenta del hemiciclo, Francina Armengol. Su configuración es el resultado de la representación proporcional de las fuerzas políticas de las urnas que salieron en 2023.

En este escenario, el reparto oficial asigna 27 representantes al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a cada uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Con Armengol, el bloque socialista suma en la práctica 25 votos.

Si PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y la representante del Grupo Mixto, Ione Belarra, votaran juntos, alcanzarían 35 apoyos, mientras que PP, Vox y Junts sumarían 34.

El Ejecutivo podría así convalidar un nuevo decreto sin necesitar el voto del partido de Carles Puigdemont, que en el Congreso ordinario dispone de siete diputados y fue decisivo para tumbar las normas del viernes.

¿Qué votar en este contexto?

Con la aritmética de la Diputación Permanente, Sánchez puede aprobar un nuevo decreto (o varios) rescatando sus medidas en materia de vivienda. Con una nueva negociación con Junts per Catalunya prácticamente descartada, solo la aprobación del segundo decreto quedaría en el aire.

El PNV respaldó el decreto principal, que frenaba los desahucios, pero votó contra el segundo texto, que incluía la renovación automática de determinados contratos de alquiler. Si esa decisión se trasladara exactamente a la Diputación Permanente, el segundo decreto volvería a caer: 34 votos a favor frente a 35 en contra.

Por lo tanto, el contenido del decreto seguiría siendo determinante (aunar los consentimientos de todos los grupos) y el Gobierno tendría que negociar de nuevo tanto de forma interna con los socios de Sumar, como con la formación morada y los nacionalistas vascos.

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Las funciones de la Diputación Permanente

Cuando el Congreso queda disuelto, la Diputación Permanente prorroga sus funciones hasta la constitución de la nueva Cámara, reguladas por el artículo 78 de la Constitución Española. Estas son:

  • Aprobar decretos-leyes: debatir y votar su convalidación o derogación dentro del plazo constitucional de treinta días desde su promulgación.
  • Tramitar decretos-leyes como proyectos de ley: cuando los decretos-leyes se dictan “entre legislaturas”, la Diputación Permanente puede acordar que se tramiten como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, manteniendo así la función legislativa de control y perfeccionamiento de estas normas.
  • Decretar estados de alarma, excepción y sitio.

La Diputación Permanente se desarrolla al igual que el pleno del Congreso en cuanto a sus debates, votaciones u orden del día, que se recogen en el diario de sesiones. Una vez celebradas las elecciones generales y constituido el nuevo Congreso, la Diputación Permanente tendrá la obligación expresa de dar cuenta de los asuntos que haya tratado y de las decisiones que haya adoptado.

En materia de decretos-leyes, el Reglamento prevé que el debate y votación sobre su convalidación o derogación se celebren, según los casos, ante el pleno o ante la Diputación Permanente. Cuando esta ha ejercido esa función durante una disolución, el nuevo pleno conoce de los acuerdos adoptados y puede, si así se hubiera decidido, continuar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

En conjunto, el reglamento permite que, a través de la Diputación Permanente, el control del Gobierno sobre los decretos-leyes y los estados excepcionales no quede interrumpido.