El Gobierno aprueba la ley para regular la IA con sanciones de hasta 35 millones de euros
- Los castigos más altos van dirigidos a la comercialización y uso de sistemas prohibidos
- El proyecto persigue técnicas de manipulación o que exploten vulnerabilidades
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El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, con la que el Gobierno busca sentar las bases de un nuevo marco regulador que garantice un uso "confiable" y "ético" de estas nuevas tecnologías, tomando como referencia el Reglamento Europeo de IA que ya está en vigor.
El Ejecutivo reivindica que España, que ya cuenta con un organismo específico como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), se pone a la vanguardia en términos regulatorios, un año después de que se aprobase un primer anteproyecto que fue sometido a un periodo de información pública y a la revisión de varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
España es "el líder mundial en la regulación de la Inteligencia Artificial", ha reivindicado en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha abogado por un sistema "humanista" en línea con la encíclica difundida la víspera por el papa León XVI, con la que el Gobierno se siente "plenamente identificado".
López ha explicado que para este texto se utiliza una ley orgánica porque "afecta a derechos fundamentales", pero ve necesario seguir avanzando en términos regulatorios y ha negado que tenga repercusiones negativas en el ámbito de la competitividad. “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder", ha advertido.
Sanciones millonarias
El proyecto, pendiente ahora de una tramitación parlamentaria que se atisba compleja, establece una batería de sanciones en función de la gravedad del abuso detectado, con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves.
Estos castigos presumiblemente millonarios irían destinados a penalizar la utilización de sistemas prohibidos, como pueden ser aquellos destinados a generar imágenes falsas de contenido sexual, los conocidos como deepfakes, a aprovecharse de personas vulnerables como niños o personas con discapacidad, o a establecer una clasificación biométrica indiscriminada de un grupo por razones de raza, credo, orientación política o sexual.
También se persigue al máximo nivel el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones, un ámbito en el que el Ministerio de Transformación Digital pone como ejemplo el caso de un chatbot que identifique a usuarios con problemas de ludopatía y les incite a entrar en una plataforma de juego a través de internet.
Para "sistemas de alto riesgo", en los que se haga necesaria la supervisión humana, la ley plantea multas de hasta 15 millones de euros o del 3% del volumen de negocio, por ejemplo si en los tribunales se utiliza la IA para elaborar borradores de sentencia sin revisión de un juez. En el caso de las infracciones leves, contempla sanciones de hasta medio millón de euros o el 0,5% del volumen de negocio, si bien en todo momento las autoridades tendrán margen para aplicar estos castigos, adaptándolos también a la intencionalidad o a la reincidencia de los responsables.
El papel de la administración pública
Desde que se aprobó el anteproyecto, varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto que preparaba el Gobierno excluya a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quienes hagan un uso inadecuado de la IA y se limite en esos casos a un 'apercibimiento' sin multas.
El Ministerio, sin embargo, ha incluido en el texto final premisas para garantizar el uso correcto de la tecnología en el sector público estatal, con un inventario de sistemas utilizados en procedimientos administrativos y la creación de la figura del delegado de IA, responsable de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública. Ambas premisas quedarán reguladas por Real Decreto.
Por otro lado, a efectos de vigilancia, aquellos productos que ya cuenten con una autoridad específica, como puedan ser juguetes, vehículos o productos sanitarios, seguirán bajo este paraguas, mientras que los restantes, por ejemplo aquellos sistemas vinculados al empleo, la biometría o la educación, quedarán a criterio de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), así como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en función del ámbito.
