El Gobierno ultima el decreto de FP para fijar hasta un 39% de presencialidad obligatoria
- La formación semipresencial tendrá también entre un 40% y un 60% de forma obligatoria
- El texto pasará ahora al proceso de información pública y se prevé que se apruebe antes de 2027
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La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha presentado este lunes el proyecto del real decreto de Formación Profesional, que pasará ahora al proceso de información pública y se prevé que se apruebe antes de que acabe el año, en el que se establece una presencialidad obligatoria de entre el 15% y 39% en la formación virtual.
En la rueda de prensa, previa a la Conferencia Sectorial de FP para trabajadores, la ministra ha explicado que la formación semipresencial tendrá también de forma obligatoria entre un 40% y un 60% de la actividad lectiva presencial.
Además, se establece una ratio máxima de 50 estudiantes por docente en la formación virtual y de 25 en la actividad presencial. De esta forma, en la modalidad 'online', en el curso 2028-2029 se alcanzaría un máximo de 80 alumnos por profesor; en el 2029-2030, un máximo de 65 alumnos y, en el inicio del curso 2030, un máximo de 50 alumnos, que es el objetivo final.
Acuerdos con las empresas
Los centros deberán acreditar "una relación suficiente, estable y adecuada con las empresas" de cara a la realización de las prácticas por parte del alumnado. "Deberán acreditar que cumplen estos requisitos cada cuatro años porque, en caso contrario, lo que se va a hacer es revocar la autorización cuando el centro de FP no tiene las condiciones básicas", ha asegurado Tolón.
Sin embargo, la extinción o revocación de la autorización no podrá perjudicar al alumnado matriculado, por lo que serán las comunidades autónomas las que establezcan los mecanismos para reubicar a los estudiantes y garantizar la continuidad de sus estudios, según la ministra. "Este proyecto no va contra la FP privada, al contrario, va a reforzar la calidad de los centros privados", ha señalado.
En concreto, Tolón ha insistido que los centros van a tener que contar con "profesorado suficiente, con instalaciones adecuadas y con un sistema de gestión que tenga calidad".
Itinerario vertical y horizontal
En cuanto a la propuesta formativa, Tolón ha detallado que los centros dispondrán de dos modalidades. En primer lugar, ofrecerán un itinerario vertical completo dentro de una misma familia profesional, impartiendo los distintos grados ya existentes en ella. De esta forma, el estudiante podrá avanzar desde un grado básico, pasando por un grado medio, hasta un grado superior.
Por otro lado, los alumnos también optarán a una oferta horizontal, en la que se podrán impartir ciclos de distintas familias profesionales que mantengan una relación, algo que les permitirá una "formación mucho más amplia y polivalente", ha asegurado la ministra.
Otra de las novedades del real decreto es el refuerzo de los centros asociados con ciclos especializados, destinados a "reforzar la formación y la recualificación de las personas trabajadoras"; y de los centros de segunda oportunidad, tanto públicos como privados, dirigidos a "jóvenes entre 16 y 29 años con especiales dificultades". Además, pretende dar una mayor estabilidad a la Red Estatal de Centros de Excelencia y a los Centros de Referencia Nacional. Respecto a las universidades que ofrecen FP privada 'online', la ministra ha explicado que quieren excluir a aquellos buscan beneficiarse económicamente y que son estos centros los que no quieren que haya competencia desleal.
Antes de su aprobación, que se espera alcanzar antes de que acabe el año, el proyecto de real decreto pasará así al proceso de información pública. En este, se presentarán alegaciones y se tendrá en cuenta los informes de los ministerios implicados, así como las perspectivas del Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional y un dictamen del Consejo de Estado, para que el Consejo de Ministros lo apruebe.
En la Conferencia Sectorial, según la ministra, se va a acordar una distribución extraordinaria de 107 millones de euros, que aprobó el Consejo de Ministros para formar a trabajadores en centros públicos y facilitar que obtengan nuevas certificaciones profesionales.
