El Congreso aprueba penalizar con hasta dos años de cárcel las 'terapias de conversión' para personas LGTBIQ+
- El Código Penal considerará estas prácticas un delito castigado con penas de seis meses a dos años de prisión
- La iniciativa ha superado el trámite en la Cámara Baja con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP)
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El Congreso ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la reforma del Código Penal que penaliza las llamadas 'terapias de conversión' dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, que seguirá su tramitación en el Senado.
La iniciativa del PSOE ha superado el trámite en la Cámara Baja con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), aunque Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromis han reclamado "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas.
La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".
Hasta ahora, infracciones administrativas
Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
La ley ha salido del Congreso sin incluir enmiendas que este jueves han sido rechazadas, aunque con el objetivo mayoritario de que a su paso por la Cámara Alta pueda mejorarse e incorporar nuevos avances.
El PP quiere "mejorar" la ley en el Senado
Después de abstenerse en la votación, el PP ha anunciado que prevé "mejorar" en el Senado la ley del PSOE para castigar las prácticas de conversión LGTBI+, ante la "indefinición jurídica" de los socialistas. "Estamos de acuerdo con el fondo de la reivindicación, pero no podemos aceptar la indefinición jurídica del Partido Socialista y mucho menos el retorcimiento que hacen del dolor de las víctimas, porque así creen que se aseguran mejores sitios en las carrozas del Orgullo", ha asegurado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien ha destacado que su partido "siempre va a estar en contra de las terapias de conversión, de cualquier medida coercitiva que robe libertad a los ciudadanos".
De los Santos ha explicado que la ley contra las terapias de conversión es necesaria por tratarse de un delito "inaceptable" contra la dignidad humana, a la vez que ha defendido que estas prácticas requieren "todo el peso de la ley" y la vía penal en lugar de meras sanciones administrativas. Sin embargo, ha denunciado el "sectarismo" y la "instrumentalización" del colectivo LGTBI+ por parte de la izquierda.
Asimismo, ha reivindicado la gestión histórica del su partido en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna. "Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres libres de toda condición, y sobre todo por lo que han hecho mi padre y mi madre, hombre y mujer, católicos y de derechas que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor", ha concluido.
"Una forma de tortura"
Durante el debate, el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez ha dicho que estas prácticas no son terapias, sino "una forma de tortura" y ha detallado que la norma castigará estos procedimientos con penas de seis meses a dos años de prisión, independientemente de que medie el consentimiento de la víctima, argumentando que una "tortura" lo sigue siendo aunque se acceda a ella bajo la presión del entorno.
Tesh Sidi, de Sumar, ha manifestado su rechazo al punitivismo, al mismo tiempo que ha defendido la vía penal argumentando que las meras sanciones económicas no bastan. No obstante, el grupo ha lamentado que, si bien la reforma hace justicia contra los agresores, se queda corta al no ofrecer una reparación "efectiva" a las víctimas, un objetivo por el cual ha asegurado que seguirán luchando.
Mientras, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha rechazado la iniciativa al calificarla como un "absoluto despropósito" y un ataque directo "a la libertad individual", acusando a la izquierda de pretender "imponer" su pensamiento "a golpe de Código Penal". "Esta proposición de ley va de encarcelar a quienes no piensan como ustedes, a quienes no quieren actuar como ustedes", ha recalcado.
Pilar Calvo, de Junts, ha subrayado que el término "terapia" es incorrecto porque presupone la existencia de una enfermedad. La portavoz de la formación ha recalcado que hay que acotar con precisión qué es y qué no es una práctica de conversión para evitar ambigüedades con el acompañamiento psicológico.
Por su parte Teresa Jordà, de ERC, ha manifestado una satisfacción a medias, señalando que, aunque es un avance, la norma no va lo suficientemente lejos al no incorporar ayudas económicas ni habitacionales para las víctimas. "Y sabemos también que la justicia no consiste solo en castigar a los que hacen mal. Consiste también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. Y no lo hemos conseguido, señorías. Hoy no lo hemos conseguido", ha afirmado.
Mientras, Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha advertido de que "prohibir estas prácticas no es solo sancionar, es reconocer el daño, garantizar que no vuelva a ocurrir y construir un marco social que no reproduzca la discriminación". También ha destacado que "no existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad".
También Maribel Vaquero, del PNV, ha expuesto que "las terapias de conversión parten de una premisa incompatible con la dignidad humana, sexual o la identidad de género de una persona constituyen una desviación que debe ser corregida". "El daño no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten", ha subrayado.
Por Podemos, Noemí Santana ha valorado positivamente que la nueva ley persiga y sancione a quienes ejercen la violencia de las "terapias de conversión", considerándola un paso adelante en materia de derechos, aunque ha advertido que la norma "se queda corta". A juicio de la formación, el texto legislativo adolece de una falta de medidas de acompañamiento y protección integral para las víctimas, al centrarse en el castigo. "Esperábamos algo más del Partido Socialista", ha admitido.
Finalmente, Águeda Micó, de Compromís, ha criticado al PSOE por no permitir incluir planes de ayuda habitacional y económica para las víctimas. "¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?", ha cuestionado, al mismo tiempo que ha preguntado qué votaría el activista y político socialista Pedro Zerolo.
