La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado en San Pedro del Pinatar la ampliación en un 40% del presupuesto destinado a la recuperación del Mar Menor, que pasa así de los 484,4 millones previstos en el Marco de Actuaciones Prioritarias de 2022 a 675 millones.
Una vez cumplidos dos años de la aprobación de este marco, la ministra ha informado de que el presupuesto ejecutado o en vías de ejecución representa ya el 40% del total. Sin embargo, ha admitido que se han encontrado por el camino algunas iniciativas que requerían un incremento de las dotaciones, además de reconocer que el programa había quedado "desfasado", lo que justificaría la necesidad de ampliar el presupuesto. Además, este incluye ahora por primera vez ayudas al sector ganadero, que no estaban contempladas en el proyecto inicial, así como la intervención en la restauración hidrológico forestal de las cuencas media y alta del Mar Menor, muy afectadas por la erosión.
Iberdrola y Repsol están en guerra. Los dos gigantes energéticos compiten en el mercado y ahora también en los tribunales. Una batalla que ha salpicado a la vicepresidenta de Transición energética. La petrolera le ha acusado este jueves de no defender a la industria en España.
En Las Mañanas de RNE, hablamos con Tomás García Azcárate, investigador del CSIC y experto en Política Agraria Europea, sobre las principales reivindicaciones del campo, que sigue manifestándose esta semana en diferentes puntos de la UE. García Azcárate incide en la simplificación de los trámites y dar más tiempo ante los cambios como elementos clave para los agricultores: "Cualquiera que disfrute de dinero público tiene que justificar que se invierte bien. Es normal que haya controles administrativos. El problema surge cuando se ha querido implantar toda una batería de nuevas medidas a un ritmo excesivamente rápido". El investigador señala que la respuesta de los agricultores ante esto es 'no': "Cuando algunos dicen que no a la Agenda 2030, están diciendo 'no' a la manera en que la Comisión ha implementado el Pacto Verde Europeo y las obligaciones que está imponiendo a los agricultores”.
Tomás García insiste que “no hay agricultura verde en números rojos” y pone el foco en "cuidar" la rentabilidad de las explotaciones: “Es condición indispensable para que tengamos una agricultura verde y ahí ha habido descuidos”. Para llegar a una efectiva transición ecológica y agroecológica: “Esta claro que hay un descontento, justamente por la imposición de medidas en lugar de la negociación. Esta transición debe hacerse con la adhesión activa de los actores sociales, incluyendo a los agricultores. No hay que imponer, sino convencer”, señala este investigador.
En cuanto a las quejas por el exceso de burocracia por parte de los agricultores, Tomás García asegura que “es posible simplificar los trámites”, ya que tanto España como la Comisión Europea han puesto encima de la mesa distintas propuestas.
Sobre la “revolución tecnológica” del sector, este investigador pone en valor la importancia de “la agricultura familiar, la que mantiene el territorio vivo”: ”La agricultura familiar debe ser la destinataria prioritaria de la PAC. Hay que acompañarles con formación, investigación, extensión y con ayudas específicas para que puedan participar de esta revolución teológica y alcanzar una agricultura más sostenible”.
Hoy, muchos de los agricultores que están saliendo a las calles protestan contra el pacto verde y el impacto de las políticas medioambientales de la Unión Europea. En Las Mañanas RNE hablamos con Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas en Red2Red y autora del informe: "La percepción social sobre la transición ecológica y energética en España" que ante las movilizaciones de estos días merece una relectura.
El estudio refleja que crece la mirada negativa en las áreas rurales y en los mayores de 50 años sobre el proceso de transición ecológica y energética. Una de las variables en las que se basa el informe es el territorio. En el ámbito rural, hay un consenso general en cuanto a la "percepción de la existencia del cambio climático" pero más reticencia a la hora de aceptar la transición ecológica. Una percepción que, según Suso, tienen mucho que ver, por un lado, con la desinformación: “La población no acaba de entender y percibir lo que supone este proceso de transición ecológica y lo que implican las medidas. Qué riesgos tienen y cómo pueden afectar a la población”. Esta desinformación puede generar "actitudes de carácter negativo y de resistencia a la adopción de cambios”.
Suso afirma que la transición ecológica lleva consigo riesgos y focos de conflictividad o "conflicto social con costes económicos”, por ejemplo cómo afectarán los cambios al empleo de muchas personas. Llevar a cabo una transición ecológica justa, sin una brecha social, es el reto que tienen las administraciones, asegura esta investigadora.
El malestar en el campo se traduce hoy en cortes de carreteras en muchos puntos del país, para protestar por las políticas verdes, la política agraria común y por la falta de agua. Una sequía que mantienen a Cataluña y Andalucía en situación de emergencia. Sobre estas cuestiones hablamos en Las Mañanas de RNE con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han pactado un plan para paliar los primeros episodios de sequía. La desalinizadora de Sagunto (Valencia) estará preparada para que en junio pueda mandar barcos con agua a Cataluña. Además, han acordado la construcción de dos desalinizadoras. La ministra Ribera reconoce que la llegada de barcos a Barcelona con agua procedente de Sagunto es una "solución puntual": "No es sostenible en el tiempo. Un transporte en barco de estas características no es la solución ideal.” Una solución que se está estudiando para ver si sería aplicable también en Andalucía: "Creo que es una situación distinta. Hay que ver cuáles son las alternativas".
Según sostiene Ribera, este episodio de escasez de agua no será algo puntual. “Los episodios de sequía serán algo recurrente”, afirma Ribera y añade: “Hay que dimensionar los recursos y maximizar su eficiencia, evitando fugas en la red y, evidentemente, ajustar nuestro consumo a la oferta real que puede haber de agua”. Sobre la posibilidad de que se realice un trasvase del Ebro, Ribera afirma que "esto no lo ha planteado nadie" y que "en términos formales, nunca ha llegado esa petición a la Confederación del Ebro" y que no es una de las opciones que se han barajado.
Por otro lado, los agricultores han comenzado a salir a las calles de nuestro país, al no estar de acuerdo con algunas de las políticas verdes impuestas por Europa. El cambio climático y la sequía ya están mermando sus cosechas, ante esta situación la ministra pide “ser solidarios” y “enormemente empáticos” con los agricultores, ya que considera que son los primeros perjudicados ante esta situación.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido en Barcelona con el conseller de Acción Climática, David Mascort, para tratar e intentar paliar los efectos de la sequía que sufre Cataluña, donde más de 200 municipios están en emergencia desde el viernes, incluida el área metropolitana de la ciudad Condal. Ribera ha anunciado la construcción de dos desalinizadoras en Cataluña para que estén en pleno funcionamiento en 2028 y 2029, además del ya anunciado proyecto de mandar barcos con agua desde la desalinizadora de Sagunto a partir del mes de junio.
La sequía que atraviesa Cataluña ha visto bajar las reservas de sus embalses del 15%, y ha puesto en emergencia a más de 200 municipios con restricciones sobre el uso del agua. Ante esta situación, el Gobierno planea llevar agua en barco desde la planta desalinizadora de Puerto de Sagunto, en Valencia, hasta Barcelona. La ministra, Teresa Ribera, se reunirá hoy con el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña y, después, con el alcalde de Barcelona para tratar este plan.
En Las Mañanas de RNE, Enrique Cabrera Rochera, catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de València y ex vicepresidente de la International Water Association, analiza esta situación: “En el agua hay que trabajar a muy largo plazo. Las soluciones a corto plazo no funcionan y, por desgracia, todo el mundo habla del agua cuando no hay” dice el catedrático, que cree que ahora mismo la prioridad es "intentar paliar la sequía como sea": "Abastecer el consumo humano, que es el más importante, como sea posible", insiste.
Una vez resuelta esta crisis, debe abrirse un debate para conseguir un consenso político en el que "no se use el agua como un arma arrojadiza”. Uno de los problemas que hay que solucionar a largo plazo es empezar a trabajar “para conseguir mucha más eficiencia en las ciudades”, con un sistema de redes “con muchas fugas”, asegura el catedrático. Sobre el transporte de agua en barcos desde la desalinizadora de Sagunto, el catedrático cree que "es un parche" y que es necesario llevar agua a Cataluña "como sea".
Cabrera alerta que este problema es estructural y que “va a ir a peor”, porque la disponibilidad hídrica será cada vez menor. Además, Cabrera Rochera insiste en que "el cambio climático nos dice que hay que cambiar el chip y pensar que no hay agua para todo lo que queremos, hay que racionalizar, elegir y priorizar usos”.
La Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica trabajan para ampliar la capacidad de las desalinizadoras en Cataluña y en Barcelona. El Ayuntamiento ha acelerado la inversión de más de 14 millones de euros para incrementar la red de aguas freáticas de la ciudad por la sequía.
FOTO: EFE/Andreu Dalmau
Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, considera que las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre la actuación del juez de la Audiencia Nacional García Castellón han sido "desafortunadas". Estas palabras se enmarcarían dentro de la "libertad de expresión", pero Martín cree que el problema llega cuando estas críticas "vienen de otro poder del Estado", en este caso un miembro del ejecutivo. Asimismo, Martín admite que les ha sorprendido que el Consejo General del Poder Judicial haya amparado al magistrado, si bien critica que en otros casos no actúa igual: "Alabamos esa celeridad, pero queremos que exista un trato igualitario para todos los jueces que piden el amparo".
Sergio Oliva Parrilla, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, argumenta que la ministra Teresa Ribera "está creando desconfianza en la ciudadanía" con sus declaraciones sobre el magistrado García Castellón. "¿Cómo va a confiar la ciudadanía en sus jueces si los políticos los están deteriorando?". Oliva opina que la crítica a las resoluciones judiciales es necesaria, pero no a la figura del juez que la dicta. "Los procesamientos de un juez obedecen a actuaciones procesales de las partes, no surgen por arte de magia", sentencia Oliva Parrilla.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sostenido que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". En una entrevista en La Hora de La 1 se ha referido así después de que el juez haya insistido en acusar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont de un presunto delito de terrorismo en la causa sobre 'Tsunami Democràtic'.
FOTO: Teresa Ribera, durante la rueda de prensa tras la firma del acuerdo por el Mar Menor. EFE/Marcial Guillén
La marea de pélets afecta ya a 37 munipios gallegos. La Xunta y el Gobierno han vuelto a enfrentarse, ahora por los medios que Galicia ha solicitado para frenar el vertido. Dice la ministra Teresa Ribera que son tres veces más que para el Prestige. A la espera de que las mareas previstas para el sábado arrastren más plastico, la limpieza sigue a pie de playa.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado este jueves a la Xunta de Galicia de reclamar al Gobierno "casi el triple de medios" de los que ésta pidió en su día con la crisis del Prestige porque, de atenderse, el resto del país quedaría desprotegido ante emergencias graves en alta mar. "Nos piden prácticamente todos los medios marinos de salvamento marítimo, incluso un submarino", lo que supone "una gran irresponsabilidad", ha añadido la ministra durante un acto de Nueva Economía Fórum.
Ribera ha vuelto a reiterar su disposición "máxima" a la colaboración con la Xunta en la retirada de los pélets de las playas gallegas, pero ha insistido en que deberá ser mutua, en "las dos direcciones". "No me pida usted casi tres veces más de lo que pidió con el Prestige; seamos coherentes" contra el "desgraciado episodio" que ha supuesto el reciente accidente del vertido de pélets al mar que afecta ya desde las costas portuguesas hasta el País Vasco.
