La mayoría de las comunidades autónomas abren la puerta a retomar la caza del lobo
- Las autonomías certifican una población favorable frente al rechazo del Gobierno central y Cataluña
- El Ministerio cuestiona el rigor del texto mientras los ataques al ganado crecen un 10% cada año
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La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado este lunes el informe sexenal sobre el lobo ibérico correspondiente al periodo 2019-2024.
Este documento técnico, defendido por la mayoría de las comunidades autónomas, certifica que las poblaciones de lobo presentan un estado de conservación favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea de España.
La aprobación se ha saldado con un amplio respaldo autonómico, contando únicamente con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de Cataluña, mientras que el País Vasco y Castilla-La Mancha han optado por la abstención.
Un informe con retraso y bajo presión europea
La ratificación de este documento llega con casi un año de retraso respecto al plazo fijado por las instituciones europeas, que vencía el 31 de julio de 2025.
Esta demora ha provocado que Bruselas abra un procedimiento sancionador contra España, al ser el único Estado miembro de la Unión Europea que aún no había trasladado estos informes de seguimiento obligatorios por la Directiva Hábitats.
Desde la Junta de Castilla y León, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha criticado duramente el bloqueo del informe, calificándolo de injustificado dado que el texto ya contaba con el aval técnico de la Comisión Estatal desde julio de 2025.
División entre las autonomías y el Gobierno
El punto de mayor fricción reside en las consecuencias legales del informe. Al declarar un estado de conservación "favorable", el documento abre la puerta a que se pueda "controlar" la especie y retomar su caza, una demanda histórica de las regiones con mayor presencia del cánido.
Sin embargo, el Ministerio mantiene una postura opuesta, sosteniendo un informe alternativo que afirma que el lobo se encuentra en un estado "desfavorable" y, por tanto, su caza debe seguir prohibida.
Según el ministerio que dirige Sara Aagesen, el texto aprobado por las comunidades es una "valoración unilateral" que no se ajusta a los criterios metodológicos de la Comisión Europea.
Por su parte, organizaciones como WWF y Ecologistas en Acción han lamentado que en la votación hayan primado criterios partidistas sobre los científicos.
El impacto en la ganadería extensiva
El debate técnico tiene una traducción directa en el medio rural. Los datos oficiales reflejan que los daños ocasionados por el lobo en la ganadería extensiva aumentan por encima del 10% anual en diversas comunidades.
En el caso de Castilla y León, durante el año 2025 se registraron 4.474 ataques, que resultaron en la muerte de 6.294 cabezas de ganado y heridas a otras 585. Estas pérdidas supusieron el pago de más de cuatro millones de euros en indemnizaciones, una situación que, según el gobierno autonómico, compromete la viabilidad de las explotaciones y la convivencia en el mundo rural.
Tras este acuerdo, el Ministerio está obligado a remitir el informe oficial a la Comisión Europea para su validación definitiva y publicación.
