El Gobierno deberá elegir entre las decenas de proyectos de centros de datos de IA que quieren instalarse en España
- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en una entrevista en RNE
- En España hay proyectos por más de 12 GW de capacidad y hay que seleccionar los que aporten más valor
El Gobierno recibió el mandato del Parlamento para legislar la autonomía estratégica de los centros de datos y ya tiene un borrador, pero entre las propuestas que contiene hay una que ha puesto en pie de guerra a la sectorial de empresas en España que defiende los intereses de Microsoft, Amazon o Meta.
Las instalaciones que almacenan todo lo que vemos en Internet y desde donde razonan las IA necesitan mucha electricidad. El Ejecutivo les va a pedir que un 80% de ese consumo tenga un respaldo de renovables de nueva creación. “No entendemos esta discriminación”, decía la patronal, que calcula que se puede esfumar prácticamente toda la inversión que podría llegar a España.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, responde al programa económico de Radio 5, Fin de mes, que se debe regular el impacto, aunque reconoce que alguno tendrá sobre el resto de consumidores y empresas.
Pregunta: ¿qué problema quiere resolver el Gobierno con este real decreto?
Respuesta: Bueno, lo que hemos identificado es que España es un país enormemente atractivo para los centros de datos y realmente para cualquier industria. Lo es por un motivo muy concreto, y es que la apuesta que hemos hecho por las energías renovables nos ha dado unos precios de energía muy competitivos, más competitivos que la media europea, y eso hace que lleguen aquí actividades industriales o actividades como los centros de datos, que buscan precisamente ese precio competitivo de la energía.
Lo que hemos visto estudiando otros mercados es que un crecimiento descontrolado, muy rápido y muy concentrado de centros de datos, sin ningún tipo de regulación, lo que hace es disparar el precio de la energía para los consumidores. Y entendemos que no podemos permitir que ninguna actividad, ningún desarrollo en España ponga en riesgo la enorme oportunidad que supone para todo el país esos precios competitivos de la energía que hemos conseguido.
Hay que proteger tanto a los hogares como a las industrias de una subida de precios de la energía que podrían ocurrir si este despliegue se hace sin ningún tipo de control. Esto ha llevado a que en algunos territorios ya se planteen moratorias de centros de datos. Hemos visto que en Nueva York y otros varios estados de Estados Unidos han tramitado o están tramitando moratorias a los centros de datos. Irlanda y Países Bajos han tenido moratorias parciales o totales. Lo que queremos aquí es evitar llegar a ese problema, prevenirlo adelantándonos con esta regulación.
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía
P.: ¿tienen algún cálculo de cuánto podría subir la factura de la luz si no se hace nada?
R.: Hay análisis que dicen que podrían subir hasta el 70% los precios de la electricidad si hay un despliegue rápido y sin regulación. Aquí, lo que nos recuerda la industria día a día es que cada punto de precio de la energía es importante cuando hablamos de la competitividad de la industria. Lógicamente, cuando hablamos de los hogares, pues cada euro de encarecimiento de las facturas es un problema, con lo cual queremos evitar ese problema anticipando.
P.: ¿qué tiene que hacer un centro de datos para demostrar que cumple con la legislación si sale como está redactada ahora?
R.: Lo que hemos hecho es realmente dar forma normativa a lo que los propios promotores de centros de datos nos decían que era su espíritu. Los promotores de centros de datos explican que estas infraestructuras sirven para reforzar la soberanía digital y la autonomía estratégica europea. Y lo que hemos hecho es pedir criterios de soberanía digital.
Hemos dicho que los centros de datos en Europa o en España tengan que estar operados por una entidad establecida en la Unión Europea; que los datos relativos a la operación del centro de datos tienen que mantenerse en territorio europeo y que adoptarán medidas para evitar que pueda haber accesos de terceros países de fuera que vayan en contra del derecho europeo, por ejemplo.
Y en la parte energética, que es la que nos toca a nosotros de forma más directa, y la parte ambiental, pues dos criterios muy sencillos de entender. El primero, que sean excelentes desde un punto de vista de eficiencia energética y eficiencia hídrica en el uso del agua. Hay una escala europea de la A a la G, igual que los electrodomésticos o que los certificados de eficiencia energética de los edificios, donde la 'A' es la mejor letra y la 'G' es la peor. Lo que hemos pedido en este real decreto es que sean excelentes y por tanto tengan la calificación 'A', tanto en uso de agua como en consumo de energía.
El requisito que ha generado más interés y el más importante para proteger la factura de los consumidores, es que cada unidad de consumo energético de estos centros de datos tenga que venir acompañado de una nueva unidad de generación renovable esa misma hora, hora a hora, en un 80%. Queremos que sea adicional a lo que ya había en el sistema y por tanto que el consumo del centro de datos no quite esa energía limpia y competitiva de otro tipo de consumidores, ya sean hogares o ya sean industrias, que también entendemos que tienen que tener derecho a acceder a esa energía limpia y a precios competitivos.
La cuestión horaria es clave. No es lo mismo consumir a mediodía: ahora mismo a mediodía tenemos muchísima energía solar y eso baja el coste para todos los consumidores. Pero la cosa cambia a las 7, 8 ó 9 de la noche, cuando además llegamos todos a casa y ponemos una lavadora, planchamos, hacemos lo que necesitamos. Ahí el precio se dispara porque no hay tanta generación renovable.
Un centro de datos no funciona solo cuando hace sol. Un centro de datos funciona cuando vemos una plataforma de streaming en casa o a cualquier hora del día, cuando utilicemos herramientas digitales. Por lo cual, si hay nuevo consumo, por ejemplo, a esas horas de la tarde que no viene acompañado de nuevas renovables, lo que hace es encarecer la factura para todos los consumidores en esa hora.
Es verdad que hemos recibido cantidad de alegaciones, más de 600 alegaciones distintas, y estamos ahora mismo analizando el conjunto de ellas, pero ya hay normativa en España y en Europa que establece criterios de correlación horaria.
Un ejemplo muy concreto es el hidrógeno renovable: para poder decir que yo produzco una cantidad de hidrógeno renovable tengo que demostrar que, hora a hora, la energía eléctrica que he utilizado para producir ese hidrógeno viene a su vez de una nueva unidad de energía que se genera en esa misma hora, con lo cual el concepto ya existía en el mercado. Lo que hacemos es traerlo para este tipo de consumo, que no tiene comparación ni por escala, ni por rapidez de puesta en marcha, ni por impacto, por lo que hemos visto en otros territorios que ya han tenido que aplicar moratorias porque no tuvieron tiempo de anticipar estos impactos.
P.: ¿Cómo explica usted que diga la patronal Spain DC que pueden estar en peligro hasta el 90% de las inversiones? ¿No están bien hechos esos números?
R.: El propio sector dice que se prevé para el año 2030, como mucho, 4 gigavatios de capacidad de centros de datos en España. Para tener una idea, eso es prácticamente como una Comunidad de Madrid entera, es como si añadiéramos una Comunidad de Madrid en España así de en pocos años en consumo, para tener una idea de lo que eso supone. Quedémonos con ese número de 4.
Hay permisos ya concedidos a la red eléctrica por valor de más de 12, es decir, más de tres veces lo que el propio sector estima para 2030. Con lo cual, la primera incongruencia la vemos en los propios datos del sector, que prevén que será un crecimiento mucho más moderado, y sin embargo hay ya proyectos por valor de 12 gigavatios y otros 13 ó 14 en cola. Por ello lo que nos toca en ese contexto es elegir y elegir los mejores.
Hay que incorporar mejoras técnicas en esa regulación para que se puedan cumplir bien los objetivos, para que los proyectos puedan cumplir con los objetivos, protejamos a los consumidores [del alza] de su factura eléctrica, eso es precisamente lo que buscaba el proceso de audiencia pública.
P.: ¿Afectaría a la gigafactoría de datos que hay proyectada y que controlará el Estado a través de la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica)?
R.: Esto afecta a todos los centros de datos de más de un megavatio. Para entendernos, un edificio de oficinas, un banco, que tenga su propio servidor en su propia sede, a esos no les afecta. Pero a todo lo que Europa considera grandes centros de datos, a partir de medianos y sobre todo grandes, ése es el umbral que hemos que hemos puesto.
Afectará, por tanto, a aquellos que sean promovidos por actores privados, por actores públicos, tiene que afectar al conjunto de agentes efectivamente, con lo cual el umbral que se ha establecido es un umbral ligado al tamaño, porque no tenía sentido pedir lo mismo a pequeñas instalaciones que están ubicadas dentro de edificios, a grandes instalaciones que sí que se pueden construir y desarrollar con esos criterios más exigentes.
P.: ¿Cuándo se publicará la normativa en el BOE?
R.: Estamos ahora mismo digiriendo esas más de 600 alegaciones, más de 10.000 páginas de información y aportaciones. Somos varios ministerios, además, los que estamos proponiendo conjuntamente esta norma. Nos hemos fijado un objetivo que aparece en esa hoja de ruta de inteligencia artificial que presentó hace poco el presidente del Gobierno del mes de octubre y esos son los calendarios con los que trabajamos, pero lo importante, sobre todo, es analizar bien todas las aportaciones y continuar la tramitación con todas las garantías.