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Acuerdo gobierno de coalición

Derogación parcial de la reforma laboral y regulación de alquileres, principales medidas del acuerdo PSOE-Podemos

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La derogación parcial de la reforma laboral o la regulación de alquileres, entre las principales medidas del acuerdo entre PSOE y Podemos

La derogación parcial de la reforma laboral, la subida de impuestos a las rentas más altas y la posibilidad de controlar el precio del alquiler son algunas de las principales medidas que recoge el acuerdo de programa entre PSOE y Unidas Podemos  para un gobierno de coalición al que ha tenido acceso RTVE. El documento basado en la "justicia social" y el "diálogo" ha sido presentado este lunes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la formación moradaPablo Iglesias.

Ente las medidas recogidas en este documento de 50 páginas y 11 capítulos, titulado Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, que prevé abarcar toda la legislatura y servir como base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se encuentran también la actualización de las pensiones conforme al IPC por ley de forma permanente, la creación de un Plan Nacional contra la Corrupción, la reforma del mercado eléctrico, la regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía, acciones para "blindar" el "solo sí es sí" en casos de acoso y abuso sexual, la equiparación de "permisos iguales e intransferibles" o el aumento de las becas y el presupuesto en educación.

[Consulta el texto del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en PDF]

Sánchez e Iglesias abogan por un gobierno basado en la "justicia social" y el "diálogo" e instan a un pronta investidura

Derogación parcial de la reforma laboral del PP

Recogida dentro del primer punto del acuerdo, destinado a "consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad", la derogación de la reforma laboral pactada entre PSOE y Unidas Podemos pretende recuperar "los derechos laborales arrebatados" por la ley aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

Entre sus principales intenciones, intentará recuperar el papel de los convenios colectivos y, "con carácter urgente", derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo, prevé limitar la subcontratación, "simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo", favorecer el uso del contrato fijo discontinuo en actividades cíclicas, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, revisar las causas de despido, luchar contra el fraude laboral y revisar los contratos formativos y desarrollar un Estatuto del Becario. 

Subida de impuestos a las rentas más altas

El documento también propone una reforma fiscal "justa y progresiva, que nos acerque a Europa", en la que se eliminen "privilegios fiscales"; se actualice la lista de paraísos fiscales y la prevención contra el fraude; se limiten de forma "más rigurosa" los pagos en efectivo y se aumente el control sobre los grandes patrimonios.

Entre las reformas, propone modificar el impuesto de sociedades para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos; reducir en un 5% las exenciones de dividendos o plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades y fijar mejoras en la fiscalidad para que aquellas PYMES que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), PSOE y Unidas Podemos pretenden que las grandes fortunas contribuyan a un sistema "más justo y progresivo". Así, proponen incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. 

Cotización por ingresos reales para autónomos

Para los autónomos, el acuerdo propone un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que -según el criterio de los firmantes- les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación; evitará que quienes menos ingresan paguen una cuota excesiva y redundará en una mayor recaudación para el sistema.

Asimismo, PSOE y Unidas Podemos han acordado evaluar el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para hacerlo más atractivo dentro de los límites de la directiva armonizada y constituir el Consejo del Trabajo Autónomo que asegure la participación de estos trabajadores en el diseño de las políticas públicas que les afecten. 

Subida del SMI y medidas de conciliación

De forma paralela, el acuerdo recoge la intención de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, de manera acordada con los agentes sociales, y crear una comisión asesora que estudie la evolución del SMI observando indicadores como el Indice de Precios de Consumo (IPC) y la coyuntura económica general.

El texto también incluye aspectos en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, promoviendo un pacto social y político por la racionalización de los horarios, el derecho a la desconexión y a la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia. Mientras, promete seguir trabajando para sacar adelante una Ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

En lo referente al marco laboral, contempla la creación de un Plan Nacional de Emprendimiento Social; culminar la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar, crear un programa de retorno de personas emigradas, desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y continuar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil

Revalorización de las pensiones e Ingreso Mínimo Vital

El documento recoge la intención de actualizar las pensiones, cuya subida quedó congelada por el Ejecutivo hasta que haya un nuevo Gobiernoconforme al IPC real mediante ley y de forma permanente, con el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de las mínimas y las no contributivas. Al mismo tiempo, propone eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social -previstos en la Ley 23/2013- asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo con la puesta en marcha de un nuevo Pacto de Toledo; la reducción de la brecha de género en esta materia y la revisión de las pensiones de viudedad.

Por otra parte, propone el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social que comience con el aumento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y continúe con un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. 

Cataluña: impulsar "la vía política a través del diálogo"

También hay espacio en el acuerdo para Cataluña. En el epígrafe dedicado a la cohesión y la actualización del Estado autonómico, ambas formaciones proponen promover "una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de autonomía" e impulsar en Cataluña "la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo" para buscar una salida al "conflicto".

Aparte de esto, se comprometen a traspasar a Cataluña las competencias pendientes ya reconocidas en materias como becas universitarias, formación sanitaria especializada, salvamento marítimo o legislación laboral. 

Blindaje de la sanidad pública y eliminación de copagos

Respecto a la sanidad, el acuerdo propone blindar su gestión pública directa; eliminar los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura; introducir progresivamente en los servicios sanitarios la atención bucodental; renovar materiales; mejorar las condiciones del personal y apostar por la digitalización con una inversión que alcance el 7% del PIB en 2023

Con un "NO" en mayúsculas a los vientres de alquiler, los firmantes del acuerdo abogan por desarrollar políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados; favorecer la disponibilidad de los últimos métodos anticonceptivos -incluyendo la anticoncepción de urgencia y la interrupción voluntaria del embarazo- y garantizar el acceso de todas las mujeres a tratamientos de reproducción asistida, independientemente de su orientación sexual o estado civil. 

Ley de eutanasia y reducción de esperas en dependencia

En el apartado de servicios sociales, recoge reducir al menos en un 75% las listas de espera de la dependencia a lo largo de la legislatura, adaptando los servicios a los nuevos avances tecnológicos. También contempla aprobar una estrategia frente a la soledad no deseada y un programa de acreditación de calidad de residencias de mayores.

"Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida", explica el apartado que recoge el derecho a muerte digna y regulación de la eutanasia, que se compromete a impulsar una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que la incluya en la cartera común de servicios de la sanidad. 

Frenar "la subida abusiva" de los alquileres

En materia de vivienda, el acuerdo propone ampliar progresivamente el presupuesto actual; poner en marcha un plan de cuatro años para la rehabilitación de las casas; asegurar el realojo inmediato de inquilinos sin recursos que no puedan hacer frente a la renta; fomentar el alquiler social para personas que no dispongan de alternativa habitacional y frenar "la subida abusiva" de los alquileres permitiendo que los ayuntamientos o las comunidades autónomas "que así lo consideren" puedan regular las subidas en las zonas "previamente declaradas tensionadas".

Asimismo, el pacto prevé estudiar obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda e impulsar reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio. 

Nueva Ley Básica de Educación

En el primer epígrafe de su segundo apartado, el acuerdo de gobierno de coalición prevé aprobar una Ley Básica de Educación que derogue "la LOMCE y sus consecuencias negativas" y "blinde la educación pública".

Entre las medidas concretas, propone eliminar la segregación escolar, alinear la Formación Profesional con el resto del sistema, garantizar la inclusión y que la asignatura de religión sea de carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni que la nota sea computable a efectos académicos.

Además, el acuerdo incluye el objetivo de garantizar la gratuidad "real y efectiva" de la educación obligatoria, -incluyendo los libros, el material escolar y el comedor durante todas las etapas, para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica-; universalizar el acceso a la educación Infantil de 0-3 años y situar la inversión educativa y en becas en un 5% del PIB en el año 2025. 

Memoria democrática y sustitución de la "Ley mordaza"

En materia de seguridad ciudadana, PSOE y Unidas Podemos pretenden aprobar "a la mayor brevedad" una nueva ley que sustituya a la “Ley mordaza" para "garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica" y regular, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes.

Respecto a la violencia de género, el documento contempla la suspensión del régimen de visitas para los padres maltratadores que cumplan condena o sobre aquellos que pesen medidas cautaleres por delitos graves de violencia machista.

El acuerdo promete también una Ley sobre Libertad de Conciencia, que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas, y recuperar la memoria democrática implmentando un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo, retirando símbolos franquista de los lugares públicos y prohibiendo la exaltación y el enaltecimiento del régimen. 

Reforma del mercado eléctrico y cambio climático

Otro punto del acuerdo está destinado a la lucha contra el cambio climático y, como primera medida, propone aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040.

El acuerdo, cuya realización depende del visto bueno a la investidura de Pedro Sánchez por parte del Congreso de los Diputados, también prevé reformar el mercado eléctrico con la intención de lograr una "bajada de la factura" de la luz. "Realizaremos los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución a las eléctricas", asegura el documento, que los define como “beneficios caídos del cielo”.

En este epígrafe se incluye, además, una modificación de la factura eléctrica "con el objetivo de reducir el término fijo y así abaratarla"; una "profunda" reforma del bono social eléctrico con la creación de un bono general que incluya el bono gasista -cuyo coste será asumido por las matrices de las eléctricas- y una ley de movilidad sostenible con ayudas económicas para el vehículo eléctrico y revisión de peajes de la red viaria de alta capacidad.

Por último, el acuerdo propone la elaboración de una Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven y otra que aborde el problema del sinhogarismo de forma integral.

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