Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra 23 acusados de fraude en la supuesta reventa de ataúdes por parte de la funeraria El Salvador. El primero en declarar ha sido el policía al mando de la instrucción del caso, que ha asegurado que era imposible que el intercambio de los ataúdes se hubiera realizado en solitario. Ha explicado que todo arrancó en 2017, cuando un hijo del dueño de la funeraria El Salvador acudió a la policía para denunciar que un exempleado estaba extorsionando a su padre, propietario de la empresa. Esa presunta extorsión fue la pista que abrió el caso.
En la vista oral se prevé en principio la comparecencia de 239 testigos y 17 peritos por hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015, además de los imputados. Las acusaciones contra ellos se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, según ha informado el abogado de ambas denunciantes. Esta es la segunda denuncia contra el exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos. La primera fue la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.
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Este lunes 2 de marzo ha comenzado el macrojuicio por el cambiazo de los ataúdes en Valladolid. El grupo de funerarias El Salvador habría estafado presuntamente a más de 6.000 familias entre 1995 y 2015. Durante esos años habrían reutilizado más de 6.000 féretros, así como coronas y otros elementos funerarios.
23 empleados y propietarios de la Funeraria El Salvador durante los años en los que se habría cometido el delito, se enfrentan a 200 años de cárcel. Es la petición de la fiscalía ante una presunta estafa que superaría los 4 millones de euros. Tanto el cabecilla y propietario de la funeraria El Salvador, Ignacio Morchón, como el exempleado que destapó el presunto fraude, Justo Martín, fallecieron en 2022 y 2024 respectivamente.
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Un nuevo caso ha sacudido a la Policía Nacional: el del comisario Emilio de la Calle, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual a una subordinada en la embajada de España en Nueva Delhi. Las grabaciones del caso, realizadas entre octubre de 2024 y marzo de 2025, pero desveladas por el diario El País este viernes, estremecen por su crudeza: vejaciones y amenazas constantes, tanto de carácter psicológico como físicas.
Emilio de la Calle desconocía que la denunciante estaba grabando las agresiones verbales, ya que había comenzado a hacerlo desde el mes de octubre de 2024. Fue así cómo quedaron registradas estas conversaciones caracterizadas por su extrema brutalidad, con comentarios como “te doy una hostia que te vuelvo loquita, (...) que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones. Te va a salir sangre", “me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien (...) yo soy muy retorcido, mucho”, "te dejo como un trozo de carne, o sea, te reviento", " ¡Soy lerda, di soy lerda, venga di es que soy lerdita!", "cambia esa puta tontería que tienes dentro", "como yo haga un informe, te hundo" o "¿qué hago, te pego? ¿Te doy una hostia? A ver si con un ojo morado...".
Una segunda mujer ha interpuesto una denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. El abogado de la acusación, Alfredo Arrien Paredes, el mismo que eligió Elisa Mouliaá en su proceso, ha solicitado al juzgado que se proteja con "confidencialidad absoluta" la identidad de la denunciante.
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Nueva denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón, a la que ha tenido acceso RTVE. Los hechos habrían tenido lugar pocas semanas después de los denunciados por la actriz Elisa Mouliaá, que ha decidido seguir adelante con su acusación contra el exdiputado.
Foto: Íñigo Errejón atiende a los medios a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. EFE/Sergio Pérez
