El policía instructor declara en el juicio que el traslado de los ataúdes "no lo podía hacer una sola persona"
- La investigación partió de una denuncia de extorsión "de libro": un trabajador almacenaba pruebas de los cambiazos
- El jefe de homicidios de Valladolid es el primero en declarar de 239 testigos en el caso Funeraria
Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra 23 acusados de fraude en la supuesta reventa de ataúdes por parte de la funeraria El Salvador. En la vista oral se prevé en principio la comparecencia de 239 testigos y 17 peritos por hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015, además de los imputados. El proceso está programado hasta el 9 de junio. El primero en declarar ha sido el policía al mando de la instrucción del caso, que ha declarado que era imposible que se hubiese realizado en solitario.
El presidente de la Audiencia rechazó el pasado lunes todas las cuestiones previas de las defensas, que reclamaron la nulidad del juicio porque consideraron prospectiva la investigación judicial. También rechazó la solicitud del fiscal, que había pedido la declaración de 6.000 testigos, porque consideró que era algo inviable ya que supondría un auténtico colapso judicial. Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Antes de la comparecencia del primer testigo, el magistrado presidente de la Sala ha preguntado uno a uno a los procesados si se declaraban inocentes o culpables, a lo que todos ellos han respondido que inocentes.
La sesión se ha iniciado con la declaración del policía instructor de las diligencias del denominado Caso Ignis. Ha explicado que todo arrancó en 2017, cuando un hijo del dueño de la funeraria El Salvador acudió a la policía para denunciar que un exempleado estaba extorsionando a su padre, propietario de la empresa. Tanto el padre como ese extrabajador han fallecido y el hijo está ahora encausado.
Casi 6.000 cambios de féretro y 900 de flores
El supuesto extorsionador había enviado al empresario escritos con pruebas de los cambiazos que venían realizando y reclamaba "su parte". "Ignacio Morchón Vaquero y su abogado nos contaron lo sucedido y nos entregaron dos cartas manuscritas por el trabajador dirigidas al padre del primero en las que amenazaba con contar todo lo que sabía de los últimos veinte años", ha explicado el instructor, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que a partir de esa información se detuvo al presunto extorsionador y se registró su vivienda.
Esa presunta extorsión fue la pista que abrió el caso. Tras ver esas cartas con fotos de cadáveres y partes de defunción, los agentes comunicaron que podía haber delitos vinculados con la sustracción de ataúdes al Juzgado, que emitió un oficio para las averiguaciones. En el registro del domicilio del exempleado, los policías encontraron veintiséis libretas con filiaciones de fallecidos, organización de sepelios y letras que significaban si las cajas fúnebres habían sido cambiadas o no. También tres pendrive, numerosas fotografías de ataúdes y cadáveres y carretes sin revelar. El investigado había atesorado entre 1995 y 2015 una ingente cantidad de pruebas sobre la actividad delictiva desarrollada durante dicho periodo.
Según el testigo, al enseñarles las fotos a los familiares, declaraban que el féretro no se correspondía con lo que habían contratado. Cuando los agentes les preguntaron si les dejaban ver la cremación, les contaron que o bien no se lo planteaban o en el tanatorio les decían que no se podía.
Al examinar las libretas, los agentes constataron 5.984 ocasiones en las que se habría producido el cambio de féretro y también la reventa de flores de los difuntos en 900 casos. En su versión, el exempleado afirmaba que en la empresa le dijeron que había que sacar los cadáveres de las cajas para incinerarlos porque los barnices generaban mucho olor en el horno crematorio.
"Es imposible que lo haga una sola persona"
Las averiguaciones condujeron a los agentes a concluir que en el proceso de cambio de los féretros tenían que haber intervenido más personas. "Es imposible que una persona pudiera trasladar el cadáver desde el tanatorio hasta el cementerio y, una vez allí, colocarlo en un soporte e introducirlo en el horno crematorio. Son tareas en las que se coloca a pulso la caja, y esa tarea es imposible que la haga una sola persona", ha afirmado, categórico, el funcionario policial, en referencia al auxilio de otros compañeros con que tuvo que contar el exempleado ya fallecido Justo Martín.
La investigación, ha añadido el instructor, detectó también un "desfase" entre los ataúdes adquiridos y los que se habrían necesitado para realizar los servicios, lo que, en su opinión, revela la existencia de "operaciones ficticias" para tratar de justificar la adquisición de ese material en las que habría participado la empresa de la familia Senovilla, también encausada y encargada del suministro de cajas.
Los agentes también recibieron, cuando el caso saltó a los medios, la llamada de una chica que quería hablar con ellos. Ella había sido empleada del tanatorio y tenía conocimiento de los hechos. "Nos dijo que estuvo un año y allí todo el mundo lo sabia, que ella subió un día al cementerio y que le habían explicado cómo lo hacían, llamaban a los ataúdes 'de reciclaje', sacaban los cadáveres y guardaban los féretros al lado para bajarlos al tanatorio y volver a venderlos", ha explicado el instructor. Afirma que esa mujer no denunció porque consideraba difícil probar los hechos.
Una de las escuchas: "¡Esto es una pillada!"
Sobre María Rosario Vaquero, viuda del empresario fallecido, y también imputada en la causa, el agente afirma que entra en la investigación por los movimientos bancarios que descubren. La policía entiende que ese dinero debe ir a sociedades que "casualmente" están participadas por los miembros de la familia. La policía entiende que ella tiene poder para mover el dinero.
Todos esos indicios llevaron a la policía a la detención de los presuntos implicados, inicialmente 15 en una primera fase, y para ello se contó con el "pinchazo" de los teléfonos de los principales sospechosos, actuación que el funcionario ha justificado en la necesidad de "tener localizados a todos" y evitar entre ellos posibles filtraciones.
De hecho, el testigo ha sostenido que el tenor de esas conversaciones fue "revelador" para la investigación. Entre esas interlocuciones, el funcionario ha puesto el énfasis en una conversación mantenida por un miembro de los Morchón, tras explotar la operación en enero de 2019, en la que ya mostraba la trascendencia de la misma. "¡Esto es una pillada!", es la frase que el testigo ha puesto en boca de dicha persona que comparte banquillo con los otros veintidós encausados.
Una vez finalizada la declaración del policía instructor, han comparecido como testigos otros siete agentes que intervinieron en los distintos registros. Uno de ellos ha contado que encontraron cerca de un millón de euros en efectivos en la casa de Ignacio Morchón, dueño de la funeraria ya fallecido, y su mujer. Está previsto que las comparecencias continúen mañana martes.
