Casi dos décadas después, cerca de medio millón de familias españolas continúan exigiendo justicia por el colapso de Fórum Filatélico y Afinsa. Estas empresas operaban bajo un esquema piramidal que utilizaba sellos con valores inflados para atraer ahorros bajo la promesa de rentabilidades seguras.
Tras la intervención judicial en 2006, se descubrió un agujero patrimonial millonario que dejó a los inversores con bienes sin valor de mercado. Aunque hubo condenas penales, los afectados han recuperado una parte mínima de su dinero y ahora centran su lucha en la responsabilidad patrimonial del Estado.
A pesar de la negativa del gobierno a indemnizarlos, las víctimas mantienen su reclamación por lo que consideran la mayor estafa financiera en la historia de España.