Arranca el macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en Valladolid con 23 acusados en el banquillo
- La Fiscalía solicita más de 200 años de cárcel por la reutilización de casi 6.000 féretros y flores durante dos décadas
- Hay 900 denuncias por estafa contra el Grupo Funerario El Salvador por lo que el juicio se prolongará hasta junio
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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid alza el telón este lunes, 2 de marzo, para el inicio de la vista oral de la denominada 'Operación Ignis'. Se trata de una de las mayores causas judiciales de la provincia, en la que se juzga la presunta estafa cometida por el Grupo Funerario El Salvador entre los años 1995 y 2015. Según informa Europa Press, la jornada arranca con el planteamiento de las cuestiones previas y la posibilidad de alcanzar acuerdos de conformidad.
En el banquillo se sientan finalmente 23 personas, tras quedar fuera de la causa por fallecimiento el propietario del negocio y presunto cabecilla, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador Justo Martín, quien, tal y como recoge la información del Gabinete de Prensa del TSJ de Castilla y León, fue el principal testigo al anotar durante años la actividad delictiva en sus libretas.
Un plan para lucrarse con el duelo
La Fiscalía de Valladolid sostiene que el dueño del grupo ideó un "ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible" a costa de los usuarios. Según los escritos de acusación recogidos por la Agencia EFE, el modus operandi consistía en retirar los féretros de mayor valor justo antes de la cremación en el cementerio de Santovenia de Pisuerga.
Los cadáveres eran introducidos en el horno sobre tablones o cajas de bajo coste, mientras que las arcas originales "se limpiaban y se volvían a introducir en el circuito comercial para ser revendidos a otros clientes como nuevos". La agencia Europa Press detalla que el beneficio estimado por la reutilización de 6.055 féretros y 3.174 motivos florales asciende a más de cuatro millones de euros.
Engaño a las familias y colaboración interna
El Ministerio Público subraya la crueldad del engaño, señalando que "a tales familiares se les negaba la posibilidad de ver la entrada al interior del horno crematorio" para ocultar la maniobra. Además, se vendían como nuevas piezas ya usadas para entierros o inhumaciones, ocultando que los productos ya habían pasado por otros servicios funerarios.
Para ejecutar esta estrategia, el fiscal considera necesaria la "colaboración de los diferentes empleados", desde conductores hasta personal del crematorio. Las penas solicitadas por delitos de organización criminal, estafa agravada, blanqueo y contra el respeto a los difuntos son especialmente elevadas para el núcleo familiar de Morchón: su viuda y sus tres hijos se enfrentan a 20 años de prisión cada uno.
Un calendario judicial complejo
Dada la magnitud de la causa, con 1.300 familias afectadas, la Audiencia ha diseñado un calendario de 35 sesiones que se prolongará hasta el 9 de junio. Tras las cuestiones previas, el 9 de marzo comenzarán las declaraciones de los 239 testigos y 17 peritos citados, según confirma Efe.
Como nota particular del proceso, los 23 acusados no declararán hasta la recta final, a partir del 20 de mayo, para poder responder con conocimiento de todas las pruebas practicadas.
