Horas después de que el Gobierno haya aprobado un decreto que, cuando decaiga el estado de alarma, deja en manos del Supremo la decisión última sobre las restricciones, analizamos la viabilidad de la medida con Agustín Ruiz Robledo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cree que, aunque este decreto dará una mayor seguridad jurídica a las CCAA, es difícil que pueda refrendar ciertas restricciones de derechos fundamentales. “Creo que no hay un jurista que defienda un toque de queda en una situación ordinaria, sin estado de alarma, porque es como un arresto domiciliario”. Añade que el cierre perimetral si es una cuestión más discutida. En todo caso, él considera que estas decisiones forman parte de la función legislativa y que se deberían haber reformado las leyes sanitarias que permiten tomar decisiones extremas en casos de alarma sanitaria como la actual. “El instrumento jurídico no puede ser la justicia ordinaria” ha concluido Ruiz Robledo.
Un tribunal en Galicia ha declarado nulo el despido de un trabajador el día en que nació su hijo. Ahora la empresa deberá readmitirlo con las mismas condiciones laborales y pagarle una indemnización de más de 6.000 euros por daños morales.
La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, confía en que las próximas semanas sirvan para que desciendan las cifras de afectados y llegar a los 60 contagios cada 100 mil habitantes. Sagardui cree que la población vasca está siendo responsable pero que, como en toda España, el cansancio comienza a hacer mella. Lamenta que no se haya puesto en marcha ninguna reforma legal que les garantice herramientas una vez que expire el estado de alarma. “Pensamos que el levantamiento del estado de alarma es muy pronto. No hemos superado la pandemia. Estamos mejor, pero no bien. Necesitamos instrumentos legales que nos permitan adoptar las medidas más adecuadas y con inmediatez”, ha dicho en RNE. La consejera no aclara si Euskadi puede plantearse solicitar en el Congreso un estado de alarma para su territorio e insiste en “pese a que las medidas relativas a la movilidad y a la reunión son las que están siendo más efectivas, son sobre las que las CCAA no tenemos capacidad de decisión”. Sobre los pasajeros del barco atracado en el puerto de Bilbao que podrían estar contagiados con la variante India, Sagardui asegura que están esperando los resultados de las pruebas epidemiológicas y que, mientras, están dando toda la atención sanitaria que los afectados necesitan.
Una vez que expire el estado de alarma, las decisiones que quieran poner en marcha las CCAA tendrán que pasar por las manos de los jueces de los tribunales superiores de Justicia. Ya ocurrió el verano del año pasado. Entonces vimos cómo se apoyaba la limitación de reuniones en Extremadura o Navarra y se rechazaba en Euskadi. Algo parecido puede volver a pasar a partir de la semana que viene. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria dice que los magistrados no se sienten cómodos con el papel que tienen que desempeñar porque existe una gran inseguridad jurídica. “Se nos trasladan decisiones que debería tomar el legislador, que es quien representa la voluntad de los ciudadanos”, ha dicho en ’14 horas’. Sobre la posibilidad de mantener los llamados toques de queda, Fernández Vaquero dice que, aunque siempre hay que estudiar cada caso particular, es complicado que se pueda hacer. “Los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución y ahí hay cauces muy concretos. No está la posibilidad de que una Comunidad Autónoma haga esa limitación” ha asegurado.
Si nada cambia a lo largo de esta semana, el domingo decaerá el estado de alarma y entraremos en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. Las decisiones para restringir ciertos derechos quedarán en manos de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas. Hemos analizado el nuevo escenario con José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Según Jonay, “el foco no solo hay ponerlo sobre las herramientas, sino en su efectividad. Debemos pensar cómo modificar el comportamiento con motivo de este cambio legal”. Él cree que la legislación actual podría ser suficiente si la evolución epidemiológica avanza al ritmo al que lo está haciendo ahora y todos ponemos de nuestra parte. “El comportamiento individual seguirá siendo uno de los principales condicionantes en la evolución de la pandemia. Tendremos que observar dos semanas para ver si la tenencia descendente se sigue reduciendo”, ha dicho en RNE. La vacunación, añade, contribuirá al éxito de la situación pero, en este sentido, recuerda que habrá que seguir aplicando restricciones y teniendo cuidado hasta que no avance la campaña en todo el mundo. “Si aspiramos a recuperar la vieja normalidad, hasta que países como India no consigan controlar la pandemia, no conseguiremos volver a ella”, ha concluido.
Prisión permanente revisable para Igor el Ruso por matar a tiros a un ganadero y dos guardias civiles en la localidad turolense de Andorra. Es la pena máxima prevista en el código penal. Se aplica a los delitos más graves. El tribunal ha considerado que Igor el Ruso actuó de manera fría y reflexiva. En el fallo, el magistrado establece que no podrá acceder al tercer grado hasta que cumpla un mínimo de 22 años de prisión y la pena no se podrá suspender antes de los 30 años como mínimo.
Foto: El serbio Norbert Feher, apodado Igor el Ruso, asiste a la lectura de su condena. EFE/ANTONIO GARCÍA
El próximo 9 de mayo terminará el estado de alarma que, entre otras cosas, permite restringir la movilidad. Este miércoles se reúne el Ministerio de Sanidad con las autonomías y, aunque no está en el orden del día, algunas van a plantear qué medidas contra la COVID-19 se van a poder adoptar a partir de esa fecha.
Limitaciones en las reuniones, toques de queda y cierres perimetrales de distinto tipo según la comunidad... Todo esto desaparece si, como está previsto, decae el 9 de mayo. El nuevo escenario: que cada comunidad decida. Es lo que ocurrió el verano pasado, las "medidas quirúgicas". Con la misma limitación que entonces: sin estado de alarma todas las medidas que afecten a derechos fundamentales tienen que ser avaladas antes por un juez.
En sus primeras horas de vida, el proyecto de Superliga deja muchísimas dudas en el aire... también en cuanto a su encaje legal. Por ejemplo, una liga cerrada podría suponer una posición de abuso de dominio sobre lo que no deja de ser una actividad económica.
También sirve el espejo del baloncesto para cuestionar posibles sanciones sobre los futbolistas y ahí se mira a la NBA. En ese choque de modelos, si triunfa el americano, podría alterar el mercado de fichajes.
Fotomontaje de los escudos de los 12 clubes de la Superliga (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Durante la pandemia se han reducido un 26% el número de expedientes judiciales. Lo ha asegurado el decano del colegio de abogados de Cantabria, Andrés de Diego, en el programa Encuentros de RNE en Cantabria. Por el contrario, De Diego vaticina que cuando se supere la crisis sanitaria, habrá por contra una avalancha de procedimientos, laborales, societarios y de reclamaciones como consecuencia de los cierres de establecimientos, especialmente de hostelería.
La Audiencia de Barcelona condena a penas de hasta 31 años de cárcel a los acusados de la violación múltiple de una joven en Sabadell. Esa es la pena para uno de los procesados como autor material de una agresión sexual y como cooperador necesario de las otras dos violaciones que sufrió la chica en una nave abandonada hace dos años, cuando ella tenía 18. La condena para los otros dos procesados es de trece años y medio de cárcel porque facilitaron las violaciones y contribuyeron a crear el clima de terror durante las agresiones. El Tribunal da total fiabilidad al relato de la víctima que ha quedado ratificado por las pruebas y el relato de los testigos.
FOTO: Uno de los acusados por la violación múltiple a su llegada a la Audiencia de Barcelona. Marta Pérez / EFE.
El Tribunal Constitucional alemán ha declarado nula la ley de limitación de alquileres aprobada en 2020 en Berlín porque regular los precios es una competencia federal, no de los Länder o las ciudades. Más de un millón y medio de inquilinos van a sufrir ahora fuertes aumentos al fracasar una normativa que bajaba drásticamente los alquileres y se había convertido en referencia. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
