El Juzgado Mercantil nº2 de Barcelona ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal. Considera legítimo que no contrate a sus repartidores como asalariados, tal y como exige la Ley Rider. El juez no solo rechaza la reclamación, sino que defiende la figura del falso autónomo como la más adecuada para un sector con demanda cambiante. Analizamos esta sentencia con Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO.
Antxon Alonso y Fernando Merino, dos de los empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de mordidas a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo, han declarado este lunes como investigados en el Tribunal Supremo y han negado haber participado en estas comisiones. El empresario de Servinabar ha reconocido que contrató a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, durante nueve meses por un total de 5.500 euros para sacarle del paro. Durante este tiempo, ejerció como comisionista, consiguiendo obras privadas para Servinabar.
El magistrado Leopoldo Puente les investiga por el supuesto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El primero en comparecer ha sido Merino, exresponsable de Acciona, que ha comenzado a las 10:00 de la mañana. Al término de este ha sido el turno de Alonso, el presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.
Después de las declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, les ha prohibido salir de España y les ha obligado a que comparezcan cada quince días en sede judicial. De esta forma, el magistrado Leopoldo Puente ha accedido a la petición de medidas cautelares realizada por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares.
Según fuentes presentes en su declaración, Alonso solo ha respondido a preguntas de su abogado, a quien ha explicado que ofreció a Cerdán el contrato de compraventa de participaciones de Servinabar cuando este se planteó abandonar la política. Más tarde, ambos descartaron esta operación cuando el exnúmero 3 del PSOE decidió permanecer en política. Según la Guardia Civil, esta empresa se habría hecho con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
Hoy 3 de julio ha sido el tercer y último día de huelga convocada contra los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, reconoce en el 'informativo 24 Horas de RNE' que es "muy habitual que haya un baile de cifras" en cuanto al seguimiento de la huelga: "Hemos ofrecido unos correos para los compañeros que quisieran manifestar que estaban ejerciendo su derecho de huelga cada uno de los tres días de manera confidencial [...] Puede que haya compañeros que hayan ejercido el derecho de huelga y no hayan querido ofrecernos esta información". La presidenta añade que por parte del Ministerio se dijo que "en un primer comunicado había sido nula la incidencia de la huelga", pero estas cifras no cuadran con "el número de suspensiones, de juicios o de actos procesales que ha hecho valer el Colegio de Abogados de Madrid o el Consejo General de la Abogacía de España, que son muy superiores", detalla.
Para Dexeus "parece ser que las movilizaciones no han conseguido su objetivo", pero señala: "Algo notorio es que las dos únicas asociaciones que no se habían pronunciado al respecto de la reforma, o que se habían mantenido al margen, hayan hecho manifestaciones en contra también del texto de la reforma sin adherirse a la huelga". Cree que la actualidad no es el momento más adecuado para enmiendas: "Las grandes reformas en materia de Justicia debieran estar alejadas de un momento de tensión informativa y mediática sobre casos de corrupción que todos conocemos", concluye.
La Fiscalía de Extremadura no recurrirá ante el Tribunal Supremo el auto del TSJEx que devuelve la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y contra el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Gallardo ha comparecido este jueves en una rueda de prensa en la que ha dicho que al TSJEx le "ha faltado valor para enjuiciar al diputado".
"Esta decisión choca con el estatuto de autonomía. La condición de diputado va unida a la de aforado. O, mejor dicho, no se es aforado por otra cosa distinta a la de ser diputado", ha reprochado.
Imagen: ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Este martes ha comenzado una huelga de tres días convocada por asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, que consideran una amenaza para la independencia judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que el paro carece de base legal, las asociaciones lo defienden como un derecho constitucional. En el informativo 24 Horas de RNE hablamos con Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Desde la APM critican la actitud del Gobierno ante las protestas. Aseguran que el Ministerio de Justicia "ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos", pero Mariscal lamenta que "le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas".
Añade, además, que "la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo", y concluye que "lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos".
