La cifra de firmas de hipotecas ha alcanzado cifras récord de los últimos 15 años. En octubre, según el Instituto Nacional de Estadística, se han firmado más de 52.000 operaciones. Y con el precio de compra disparado, también ha aumentado el número de reformas que se realizan en España.
De media, el coste para reformar un piso supera los 1.000 euros por metro cuadrado. Hasta hace unos años, ese precio rondaba los 400 euros por metro y ahora se ha multiplicado por 2,5. Además, las reformas se han ido haciendo más complejas con sistemas de domótica o climatización que también son más costosos y que hacen aumentar el presupuesto destinado.
La gentrificación ha dejado de ser un fenómeno de grandes urbes y se desplaza a la periferia. También empieza a transformar ciudades medianas. Es un proceso que obliga a los vecinos de toda la vida a marcharse de los barrios por otros con mayor poder adquisitivo.
Las capas más vulnerables de la sociedad se alejan de los centros, mientras que son sustituidos por personas con mayor estatus socioeconómico. Los investigadores creen que avanzamos hacia ciudades segregadas.
Las diez ciudades más pobladas de España están gentrificadas, pero también afecta a los barrios obreros.
PSOE y Sumar se han puesto de acuerdo en una medida aprobada por el Consejo de Ministros. Se trata de un seguro público con el respaldo del Estado para garantizar a los caseros el cobro del alquiler en caso de impago.
Este aval cubre el imago del alquiler, daños en la vivienda, recibos de suministros pendientes. Las condiciones para recibirlo son: tener un contrato con inquilinos menores de 35 años o personas y familias vulnerables y que la renta no supere el índice de referencia.
Por otra parte, también se ha aprobado la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años. Esta tiene como objetivo gestionar todo el ciclo de vida de los inmuebles: desde la adquisición, gestión de suelos y entrega de llaves.
El Consejo de Ministro ha anunciado este martes que avalará a los propietarios que tengan a inquilinos de hasta 35 años o familias vulnerables que no puedan pagar el alquiler. Todavía están por conocerse muchos detalles.
Según el profesor de Economía de la Universidad de Comillas, Leandro Escobar, "esto no significa que vayan a bajar los precios, pero sí va a cambiar el riesgo en el mercado". Escobar añade que "hay muchos pisos que no se movilizan por temor de sus propietarios al impago y a la ocupación", lo cual contribuiría a aumentar la oferta.
A esta medida le ha seguido el anuncio de la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años. Según Escobar, este tipo de medidas crean "dos mercados en paralelo, uno de lo que se llama renta antigua y otro de lo que llama renta de mercado".
El profesor afirma que es una situación "muy compleja" al tratarse de "situaciones especialmente vulnerables y también de personas jóvenes que no pueden acceder a otro tipo de solución habitacional".
En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler en España, según datos del Ministerio de Consumo, la mayoría se firmaron en 2021 después de la pandemia con unos precios mucho más bajos que ahora. Para la mayoría de inquilinos supondrá pagar un alquiler máscaro o tener que mudarse a otro piso, probablemente más pequeño o peor situado.
Si no se trata de una zona declarada como tensionada, al finalizar el contrato los propietarios tienen libertad para establecer una nueva renta. El mismo piso podría costar ahora 300 euros más que hace cinco años. Esta es la media, pero hay ciudades en los que los precios han aumentado aún más.
Sumar propone que suba solo el IPC, que además exige a su socio de Gobierno que todos los contratos se prorroguen tres años. El PSOE ha respondido pidiendo que hagan sus propuestas en el Congreso. Vivienda ha recordado a Consumo que la declaración de zonas tensionadas ya permite limitar precios cuando acaba un contrato, pero son las Comunidades Autónomas las que deben solicitarlo.
El mercado privado sigue desbocado y en profunda transformación. ¿Quién puede pagar sus precios? Este jueves hemos conocido que el 19% de las casas, casi una de cada cinco, las compra alguien de fuera de España. Son más de 71.000 viviendas adquiridas por extranjeros entre enero y junio, sobre todo en comunidades de sol y playa, no precisamente baratas. Dos ejemplos: Baleares y Canarias. En los dos archipiélagos la compra de casas por parte de extranjeros roza el 40%, casi la mitad del total. Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Los precios del alquiler llevan subiendo tres años y medio consecutivos. Y a muchos candidatos les lleva meses encontrar algo a buen precio, si es que lo consiguen.
A sus 24 años, independizarse junto a su novia está siendo una tarea imposible para Nicolás. Más de un año de rastreo de un lugar para alquilar en el que ha llegado a tantear hasta 30 pisos en un mes.
También pateando las calles de Madrid está Natasha, que ha llevado su angustia de no encontrar piso a las redes.
Los desproporcionados precios de alquiler en zonas cercanas a las universidades están llevando a situaciones impensables hace unos años. Garajes y sótanos de chalés se están habilitando como viviendas. El problema de la vivienda llega a tal punto que ya se alquilan estos espacios adaptados con cocina, habitación y baño.
FOTO: REMITIDA / HANDOUT por FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER
El cada vez más problemático mercado del alquiler está transformando nuestra forma de vivir. En ciudades como Madrid o Barcelona, el precio de una habitación ya está superando los mil euros al mes. “La situación llega a tal extremo que hay, incluso, estudiantes que están eligiendo qué carrera van a hacer y dónde van a estudiar, según los precios de la vivienda”, denuncia Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas: “y lo fuerte es que no es una situación que afecte solamente a la gente joven, sino que lo estamos viendo en todo ciclo de vida”. Ya es habitual encontrar ofertas en las que todo un domicilio está dividido en dormitorios, sin espacios comunes. Una situación, según Arcarazo, que provoca que “los inquilinos tengan que vivir con aún más miedo: si me quejo, si reclamo que tengo humedades y que me las arreglen, pues igual el mes que viene me dicen que me suben el alquiler 300 euros o que simplemente no me renuevan". "Lo que hay que hacer aquí es muy evidente”, apuntan desde el Sindicato de Inquilinas: "Hay que marcar unas reglas del juego iguales para alquilar un piso que para alquilar una habitación. Propusimos una ley en el Congreso que ya se tramitó y que solo hace falta votarla y que básicamente eliminaría estos incentivos que hacen que los más buitres se centren en temporada y habitación".
El Ministerio de Consumo ha propuesto sancionar con 3,6 millones de euros a una gran inmobiliaria, Alquiler Seguro, por obligar a los inquilinos a asumir gastos que no les corresponden. Un inquilino afectado por estas medidas, José Vivas, cuenta a TVE que le "obligaron a un servicio de atención al inquilino, un seguro de vida de 300 euros renovables anualmente, un seguro de hogar".
Los cargos por servicio de atención o los seguros de hogar y vida son ilegales y no pueden ser obligatorios en un contrato de alquiler. Este tipo de prácticas son consideradas abusivas y ya fueron denunciadas en su día por Facua. Esta situación ha llevado a Consumo a abrir un expediente a Alquiler Seguro y contemplar una multa millonaria.
Según el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, "los abusos en el mercado de la vivienda se van a pagar muy caros y el Ministerio de Consumo, con sus recursos, que son limitados pero que existen, se va a encargar de poner orden".
El inquilino tampoco debe pagar la comisión de agencia, pero algunas inmobiliarias han optado por disfrazar ese pago. La abogada y experta en derecho civil, Diana Garrido, explica que estas empresas aumentan el "precio de tu alquiler con servicios que no son necesarios". Los inquilinos tampoco tienen la obligación de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), ni el seguro de impagos. Garrido añade que "son conceptos que se repercuten en la propiedad, no en el uso de la vivienda".
De todos estos gastos se debe hacer cargo el casero o la empresa que gestiona el piso. Consumo puede sancionar a las empresas por estas prácticas, pero no a propietarios particulares.
Fede Cardelús y Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, comentan el II Barómetro de la Vivienda en España, en el que se analizan los problemas de salud mental que genera no tener un hogar.
La nueva tasa de basuras ya está llegando a los buzones de los ciudadanos, pero la situación sigue generando dudas y polémicas. Por ejemplo, en las viviendas de alquiler quién tiene que pagar, ¿el propietario o el inquilino? La clave está en el contrato.
Este no es un impuesto menor, de media en España supone unos 120 eurosanuales, aunque su importe varía mucho entre municipios. Algunos ya lo cobraban, otros lo acaban de crear y el recibo le está llegando estos días del ciudadano.
La intención del Tributo es "quien contamina paga", es decir, el inquilino que genera la basura. La Ley de Haciendas Locales recoge que dicha tasa debe afrontarla el propietario. Según la abogada del bufet Navas & Cusí, María Fuertes, "el inquilino no está obligado a pagarle el importe de la tasa salvo que esté recogido en el contrato". Además, tiene que estar señalizada "en una cláusula que indique que el propietario podrá repercutirle este cargo al inquilino, y que especifique la cuantía exacta que le tiene que repercutir".
El contrato es la clave, ya que, si está firmado antes de que haya entrado en vigor la tasa o el incremento, el inquilino puede negarse legalmente al pago, aunque se lo reclame el propietario. Debido a esto se prevé que aumenten las renovaciones de contratos de alquiler añadiendo una cláusula, con el nuevo impuesto, que podrá prorratearse, mes a mes.
En España, el turismo y la proliferación de pisos turísticos se señalan como una de las principales causas de la subida de los alquileres y la falta de oferta. Los precios continúan aumentando en todas las capitales, salvo en una excepción: Cuenca, donde el mercado se mantiene por debajo de su máximo histórico debido a su escaso crecimiento demográfico.
La ciudad registró su techo en junio de 2022, cuando alquilar un piso de 80 metros cuadrados costaba 680 euros al mes. En julio de este año, el precio se situó en 586 euros, un 14% menos. A pesar de estos valores más bajos, la oferta sigue siendo escasa.
En contraste, en julio de 2024 22 capitales españolas alcanzaron precios récord. Barcelona continúa como la ciudad más cara, con una media de 1.874 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados, seguida de Madrid, con 1.788 euros. Según Fotocasa, el máximo alcanzado en Cuenca en 2022 se debió al alza de los tipos de interés y al desplazamiento de la demanda de compra hacia el alquiler.
