Consumo investiga los anuncios de pisos de zonas tensionadas con alquileres superiores a los fijados por ley
- Se dirige a la oferta de grandes tenedores a precio mayor de lo permitido y a particulares que no indiquen la renta anterior
- La ley permite al Ministerio de Pablo Bustinduy actuar solo en materia de publicidad
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para perseguir y eliminar los anuncios de vivienda en alquiler en zonas declaradas de mercado tensionado con incrementos de precio superiores a lo permitido.
Se centra en los grandes tenedores que oferten pisos por una renta superior a la fijada por ley, pero también a aquellos particulares que no especifiquen en el anuncio cuál era la cuota del último contrato firmado para ese inmueble, como exige ahora la legislación española. Estas prácticas puede conllevar sanciones por "desleales" y "engañosas".
En concreto, si no se subsana el error, el régimen sancionador prevé multas que pueden ser de "cuatro a seis veces el beneficio ilícito obtenido", en función de la gravedad de los hechos, según ha señalado este viernes el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Bustinduy ha explicado que la legislación permite a su Ministerio actuar exclusivamente en materia de publicidad, pero ha defendido la influencia que tienen este tipo de "prácticas" del mercado inmobiliario en la tendencia creciente de los precios del alquiler.
"Nuestra investigación concierne a los principales grandes portales inmobiliarios, que es donde se concentra un volumen importante de estos anuncios que tienen una serie de obligaciones añadidas desde el último mes", ha declarado, pero las plataformas niegan su responsabilidad.
Información clara y accesible para el consumidor
De acuerdo con Consumo, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (aprobada el pasado mes de diciembre) obliga a que los anuncios de los portales inmobiliarios tengan información clara y accesible para que el consumidor conozca qué parámetros se han utilizado para fijar el precio del alquiler en las zonas tensionadas declaradas por la comunidad autónoma.
Así, por ejemplo, debe aparecer cuál fue la renta del contrato anterior, en el caso de los particulares, o el índice de renta aplicable si se trata de grandes tenedores.
Esta información es importante porque la ley de vivienda establece que, en las zonas tensionadas, el precio de un nuevo contrato de alquiler está vinculado al anterior si el casero es un particular (se fijaría la misma cuota, más el incremento anual pactado). Pero si el propietario es un gran tenedor, el precio no puede superar lo establecido por el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, que tiene en cuenta condiciones, características de la vivienda, etc.
"Nos pusimos en contacto con todos los grandes portales inmobiliarios, también con las asociaciones de inmobiliarias principales del país, para hacerles conscientes de estas modificaciones normativas", ha afirmado Bustinduy, después de que el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, enviara una carta a plataformas y patronales con información sobre la citada Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Idealista asegura que la responsabilidad es de los anunciantes
No obstante, desde Idealista han asegurado que ellos no son responsables del contenido de los anuncios que publican los usuarios, puesto que su plataforma actúa solo como "intermediaria".
"La responsabilidad sobre el contenido de los anuncios inmobiliarios corresponde siempre al propio anunciante, como titular de la información publicada, y no a la plataforma que actúa como intermediaria", han indicado este viernes desde la compañía, que tacha de "relato político" la iniciativa de Consumo.
Asimismo, Idealista ha difundido una sentencia anterior que reconoce que no se le puede considerar un "agente inmobiliario" sujeto a estas obligaciones, después de un pulso judicial con el Ayuntamiento de Barcelona.
Consumo ya sancionó a Airbnb
Por su parte, el Ministerio de Consumo ha divulgado otras de sus actuaciones en materia de vivienda y ha recordado que, el pasado mes de diciembre, impuso una multa de más de 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. Esta es, hasta el momento, la segunda sanción más alta en España tras la que interpuso a la aerolínea irlandesa Ryanair de 108 millones de euros.
En junio de 2025, la plataforma Booking eliminó más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo. Meses antes, en marzo de 2025, este departamento ya identificó más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid y pidió al Ayuntamiento eliminar sus anuncios.
