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En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler en España, según datos del Ministerio de Consumo, la mayoría se firmaron en 2021 después de la pandemia con unos precios mucho más bajos que ahora. Para la mayoría de inquilinos supondrá pagar un alquiler más caro o tener que mudarse a otro piso, probablemente más pequeño o peor situado.

Si no se trata de una zona declarada como tensionada, al finalizar el contrato los propietarios tienen libertad para establecer una nueva renta. El mismo piso podría costar ahora 300 euros más que hace cinco años. Esta es la media, pero hay ciudades en los que los precios han aumentado aún más.

Sumar propone que suba solo el IPC, que además exige a su socio de Gobierno que todos los contratos se prorroguen tres años. El PSOE ha respondido pidiendo que hagan sus propuestas en el Congreso. Vivienda ha recordado a Consumo que la declaración de zonas tensionadas ya permite limitar precios cuando acaba un contrato, pero son las Comunidades Autónomas las que deben solicitarlo.

Imagen: GETTY

El mercado privado sigue desbocado y en profunda transformación. ¿Quién puede pagar sus precios? Este jueves hemos conocido que el 19% de las casas, casi una de cada cinco, las compra alguien de fuera de España. Son más de 71.000 viviendas adquiridas por extranjeros entre enero y junio, sobre todo en comunidades de sol y playa, no precisamente baratas. Dos ejemplos: Baleares y Canarias. En los dos archipiélagos la compra de casas por parte de extranjeros roza el 40%, casi la mitad del total. Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Los precios del alquiler llevan subiendo tres años y medio consecutivos. Y a muchos candidatos les lleva meses encontrar algo a buen precio, si es que lo consiguen.

A sus 24 años, independizarse junto a su novia está siendo una tarea imposible para Nicolás. Más de un año de rastreo de un lugar para alquilar en el que ha llegado a tantear hasta 30 pisos en un mes.

También pateando las calles de Madrid está Natasha, que ha llevado su angustia de no encontrar piso a las redes.

Foto: GETTY

Los desproporcionados precios de alquiler en zonas cercanas a las universidades están llevando a situaciones impensables hace unos años. Garajes y sótanos de chalés se están habilitando como viviendas. El problema de la vivienda llega a tal punto que ya se alquilan estos espacios adaptados con cocina, habitación y baño.

FOTO: REMITIDA / HANDOUT por FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

El cada vez más problemático mercado del alquiler está transformando nuestra forma de vivir. En ciudades como Madrid o Barcelona, el precio de una habitación ya está superando los mil euros al mes. “La situación llega a tal extremo que hay, incluso, estudiantes que están eligiendo qué carrera van a hacer y dónde van a estudiar, según los precios de la vivienda”, denuncia Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas: “y lo fuerte es que no es una situación que afecte solamente a la gente joven, sino que lo estamos viendo en todo ciclo de vida”. Ya es habitual encontrar ofertas en las que todo un domicilio está dividido en dormitorios, sin espacios comunes. Una situación, según Arcarazo, que provoca que “los inquilinos tengan que vivir con aún más miedo: si me quejo, si reclamo que tengo humedades y que me las arreglen, pues igual el mes que viene me dicen que me suben el alquiler 300 euros o que simplemente no me renuevan". "Lo que hay que hacer aquí es muy evidente”, apuntan desde el Sindicato de Inquilinas: "Hay que marcar unas reglas del juego iguales para alquilar un piso que para alquilar una habitación. Propusimos una ley en el Congreso que ya se tramitó y que solo hace falta votarla y que básicamente eliminaría estos incentivos que hacen que los más buitres se centren en temporada y habitación".

Foto: Informe Semanal

El Ministerio de Consumo ha propuesto sancionar con 3,6 millones de euros a una gran inmobiliaria, Alquiler Seguro, por obligar a los inquilinos a asumir gastos que no les corresponden. Un inquilino afectado por estas medidas, José Vivas, cuenta a TVE que le "obligaron a un servicio de atención al inquilino, un seguro de vida de 300 euros renovables anualmente, un seguro de hogar".

Los cargos por servicio de atención o los seguros de hogar y vida son ilegales y no pueden ser obligatorios en un contrato de alquiler. Este tipo de prácticas son consideradas abusivas y ya fueron denunciadas en su día por Facua. Esta situación ha llevado a Consumo a abrir un expediente a Alquiler Seguro y contemplar una multa millonaria.

Según el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, "los abusos en el mercado de la vivienda se van a pagar muy caros y el Ministerio de Consumo, con sus recursos, que son limitados pero que existen, se va a encargar de poner orden".

El inquilino tampoco debe pagar la comisión de agencia, pero algunas inmobiliarias han optado por disfrazar ese pago. La abogada y experta en derecho civil, Diana Garrido, explica que estas empresas aumentan el "precio de tu alquiler con servicios que no son necesarios". Los inquilinos tampoco tienen la obligación de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), ni el seguro de impagos. Garrido añade que "son conceptos que se repercuten en la propiedad, no en el uso de la vivienda".

De todos estos gastos se debe hacer cargo el casero o la empresa que gestiona el piso. Consumo puede sancionar a las empresas por estas prácticas, pero no a propietarios particulares.

Fede Cardelús y Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, comentan el II Barómetro de la Vivienda en España, en el que se analizan los problemas de salud mental que genera no tener un hogar.

La nueva tasa de basuras ya está llegando a los buzones de los ciudadanos, pero la situación sigue generando dudas y polémicas. Por ejemplo, en las viviendas de alquiler quién tiene que pagar, ¿el propietario o el inquilino? La clave está en el contrato.

Este no es un impuesto menor, de media en España supone unos 120 euros anuales, aunque su importe varía mucho entre municipios. Algunos ya lo cobraban, otros lo acaban de crear y el recibo le está llegando estos días del ciudadano.

La intención del Tributo es "quien contamina paga", es decir, el inquilino que genera la basura. La Ley de Haciendas Locales recoge que dicha tasa debe afrontarla el propietario. Según la abogada del bufet Navas & Cusí, María Fuertes, "el inquilino no está obligado a pagarle el importe de la tasa salvo que esté recogido en el contrato". Además, tiene que estar señalizada "en una cláusula que indique que el propietario podrá repercutirle este cargo al inquilino, y que especifique la cuantía exacta que le tiene que repercutir".

El contrato es la clave, ya que, si está firmado antes de que haya entrado en vigor la tasa o el incremento, el inquilino puede negarse legalmente al pago, aunque se lo reclame el propietario. Debido a esto se prevé que aumenten las renovaciones de contratos de alquiler añadiendo una cláusula, con el nuevo impuesto, que podrá prorratearse, mes a mes.

Imagen: GETTY